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El exconsejero de Empleo achaca la gestión del fondo de los ERE a su subordinado

Antonio Fernández atribuye el control de las ayudas de la Junta al exdirector Javier Guerrero

Javier Martín-Arroyo
El exconsejero andaluz Antonio Fernández, en el juicio de los ERE.
El exconsejero andaluz Antonio Fernández, en el juicio de los ERE.RAUL CARO (EFE)

"Trabajaba con absoluta libertad y discrecionalidad". El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández ha achacado el control del fondo de los ERE a su subordinado y principal inculpado del caso, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, esta mañana durante el juicio en la Audiencia de Sevilla. "Tenía suficiente libertad y responsabilidad para saber cómo tenía que hacer su trabajo", ha matizado Fernández, que supervisó la gestión del fondo de 855 millones entre 2001 y 2010, pero sin entrar al detalle. Guerrero "nunca" le pidió su aprobación para ayudas concretas, según su testimonio, el último que se oye en sala antes de que declaren los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán a partir de la semana que viene.

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Este histórico cargo del PSOE andaluz ha mantenido su alegato de defensa sin cargar las tintas contra su anterior subordinado, pero ha negado que tuviera intervención directa en el fondo, salvo en contadas ocasiones debido a crisis industriales graves. Solo despachaban "las líneas generales" de la intervención de la Junta para paliar las crisis, pero Guerrero fijaba las cuantías de las ayudas "sobre la marcha". El fiscal le preguntó si antaño denominaba el fondo "el programa de Javier Guerrero". Y Fernández replicó: "En términos coloquiales, puede ser".

La Fiscalía Anticorrupción pide para el exconsejero ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. El ex alto cargo estuvo cuatro meses en prisión preventiva antes de pagar una fianza impuesta por la primera instructora de la macrocausa, Mercedes Alaya.

Fernández ha echado balones fuera sobre la ausencia de norma para regular los criterios para beneficiarse de las ayudas públicas del Ejecutivo autonómico, y cómo se podían acoger los trabajadores a las mismas: "No puede haber una norma porque no todo era igual, cada situación era distinta. No se puede normar lo desigual". El exconsejero ha apuntado que las subvenciones se negociaron desde la Junta a través de los comités de empresas y asociaciones de trabajadores creadas para tal efecto.

El fiscal ha preguntado a Fernández sobre una reunión con el expresidente andaluz Manuel Chaves —también procesado— para una ayuda de la firma malagueña A Novo Comlink y el exconsejero ha comentado que "era posible" la presencia de Chaves, porque en las grandes conflictos también podía intervenir el presidente. "Reflexionábamos y dábamos una respuesta lo más global posible", ha matizado.

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Durante el interrogatorio, Fernández negó asimismo que conociera la inclusión de intrusos —personas ajenas a las empresas beneficiadas— o que Guerrero le planteara la inclusión de estas "personas totalmente desvinculadas" a las ayudas. "No tengo conciencia", alegó. "En las pólizas no he entrado nunca, no era parte de mi gestión", ha añadido.

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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