Cocinero de patatas calientes

Antonio Fernández (Jerez, 1956) ha lidiado uno de los toros más complicados de la política andaluza de los últimos 10 años: el desempleo. La enfermedad crónica que padece la comunidad ha sido también una inmensa olla repleta de patatas calientes y Fernández su cocinero. La cuestión es si se pasó con el picante o en algún momento de su dilatada carrera franqueó la legalidad. La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, lo tiene claro y ha acusado de seis delitos a este histórico dirigente del PSOE andaluz.

Personaje controvertido, Fernández despierta odios y alabanzas por igual, pero siempre intensos. En la Junta, durante años fue popular la coletilla “método Fernández” o “chapuzas Fernández” para definir las rápidas soluciones a los serios conflictos laborales que ha sufrido Andalucía en la última década. Mientras la investigación le considera el ideólogo que creó el sistema de subvenciones para los ERE junto al diputado José Antonio Viera con 647 millones, él defiende que el procedimiento solo pretendía dotar de agilidad a la resolución de conflictos laborales. “Era una persona muy apreciada en el PSOE y casi llegó a la cúspide del Gobierno andaluz. Hasta que se convirtió en un apestado tras su imputación”, explican fuentes cercanas al exconsejero que piden el anonimato.

De origen humilde, Fernández es un hombre hecho a sí mismo. Con solo 14 años comenzó como aprendiz en las bodegas González Byass y mientras trabajaba estudió a distancia la carrera de Derecho. Tras licenciarse, con solo 24 años fue un precoz presidente del comité de empresa de la bodega poco tiempo después de que los comités fueran regularizados en democracia. Luego ejerció como abogado laboralista en despachos, en UGT y CC OO, además de trabajar como profesor asociado en la Universidad de Cádiz. A continuación, comenzó su prolongada carrera política: 11 años como concejal del Ayuntamiento de Jerez, siete años como diputado provincial de Cádiz, nueve años como viceconsejero de Trabajo y Empleo (1995-2004) y seis al frente de la Consejería de Empleo. Hoy preside el consejo regulador de los vinos de Jerez. “Es el único consejero que se ha sentado a negociar y además salía con un acuerdo. Ni Viera ni Guillermo Gutiérrez [su antecesor] se sentaron. Ni mucho menos Recio [Manuel Recio, consejero en funciones]”, alaba un veterano negociador en las resoluciones laborales.

Bregado en mil batallas, Fernández se ha sometido estos cuatro días al mayor examen realizado a su gestión como veterano gestor político (40 horas de interrogatorio), acusado de cohecho, malversación y prevaricación entre otros delitos. Durante la instrucción, Fernández ha sido blanco de duras críticas por parte del PP y el ex director general de Trabajo Javier Guerrero ha señalado que estaba al tanto de todas sus gestiones. El problema es que entre sus labores, Guerrero incluyó una laxa interpretación de los procedimientos legales y concedió ayudas de manera arbitraria a empresarios, familiares y amigos.

En la lectura de su imputación, la juez denotó gran dureza contra Fernández: “Autorizó un ERE para beneficiarse usted mismo (…) Demostró una absoluta falta de diligencia en la entrega de dinero (…) Fue corresponsable del uso descuidado y abusivo del dinero público (…) Favoreció claramente a su ciudad, Jerez, frente a otras”.

Durante el interrogatorio, han quedado claras dos cosas: que la juez cree que Fernández estuvo al tanto de las tropelías de Guerrero, y el conocimiento exhaustivo del exconsejero de muchas ayudas y gestiones, relatadas con precisión gracias a un potente disco duro sobre los hombros. “El problema es que se está contaminando la inteligencia general del asunto con los abusos de un señor [Guerrero] que acumuló mucho poder y al que se dejó de vigilar durante mucho tiempo”, afirma su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo. Y ahí está gran parte del meollo del asunto. Cómo pudieron consentir o ignorar Fernández y Viera durante tanto tiempo tantas ayudas con una patente falta de controles, dadas por Guerrero entre 1999 y 2008 en ocasiones a “círculos cercanos al PSOE”, según censuró la juez Alaya. Fernández fue el jefe de Guerrero entre 2004 y 2008, y el que le destituyó después de que su particular situación se tornara vox populi y sus ausencias en Empleo se combinaran con una gestión caprichosa.

El exconsejero ha sido un referente en el PSOE gaditano durante las dos últimas décadas. En los prolegómenos de la salida de Manuel Chaves de la Junta, ejerció como uno de los dos apóstoles (junto al almeriense Martín Soler) a las órdenes de Luis Pizarro para abogar en favor de Griñán como sucesor en la presidencia de la Junta. De su etapa al frente de Empleo, sus colaboradores elogian su templanza para tomar decisiones en los momentos críticos. “Se mueve muy bien en los conflictos. Sabe templar, y aunque sea por agotamiento, encuentra el consenso. Era respetado en la negociación porque sabe de Derecho y sobre todo está al día”, apunta una fuente. “Es muy inteligente y rápido a la hora de las situaciones duras. En vez de ponerse nervioso, solía mostrarse frío, pensaba, calculaba y sabía lo que había que hacer. Y se acostumbró a los marrones durante años. Eso sí, mientras a veces era bastante chistoso otras se podía enfadar por cosas nimias”, recuerda un colaborador.

Entre sus logros, Fernández ha destacado la transformación del tejido social andaluz con el menor coste laboral, y el refuerzo de la negociación colectiva, que dotó de instrumentos de mediación para evitar huelgas y que los conflictos se recrudecieran. La juez estima que el acuerdo de 2001 es ilegal porque buscaba “obviar los férreos controles de la Intervención General” y la fiscalización de la Unión Europea, al sustituir las subvenciones excepcionales, que exigen un control más estricto, por las transferencias de financiación. Fernández, con el apoyo de la Junta, defiende la legalidad de las ayudas. Sin embargo, el Ejecutivo le ha dado la espalda visto el tono de las preguntas en el interrogatorio del abogado de la Junta como acusación.

Mientras, sus críticos han cargado contra su afición a bordear los límites de la ética en los últimos años. Un año después de que la consejería que presidía aprobara un ERE en 2009 para el consejo regulador de los vinos de Jerez, Fernández aceptó la presidencia del organismo. “No me imaginaba que iba a presidirlo”, alegó en su día. Su talón de Aquiles definitivo puede ser su prejubilación en el ERE de la bodega González Byass, que aprobó él mismo. Y la juez ha centrado gran parte de su acusación en que Fernández se acogiera al expediente, una decisión que le pesa y de la que tiene motivos para estar arrepentido.