El exinterventor acusa a tres consejeros de inacción ante los ERE
Manuel Gómez ratifica en el juicio su anterior declaración ante el Supremo que implica a Griñán
El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha ratificado este lunes en el juicio por el caso ERE su declaración ante el Tribunal Supremo en la que señaló a los tres exconsejeros que recibieron sus alertas sobre el sistema de pago de los ERE: José Antonio Griñán, Antonio Fernández y Francisco Vallejo. Gómez emitió una quincena de informes durante siete años (de 2003 a 2009) en los que advertía de las deficiencias que incluía el sistema para abonar las ayudas sociolaborales a las empresas, un fondo que la Junta dotó con 855 millones entre 2001 y 2010.
Si la semana pasada el ex alto cargo del Gobierno andaluz templó sus duras críticas de antaño hacia el procedimiento de pago hasta dejarlo en meras "deficiencias", esta mañana ha finalizado sus respuestas a la Fiscalía Anticorrupción con dicha ratificación de su testimonio ante el alto tribunal, por el que aumentaba su carga acusatoria contra la Junta y ponía en entredicho la reacción de los exconsejeros ante sus alertas.
Gómez emitió una quincena de informes en los que alertaba a la Junta de los problemas que implicaba el pago de los ERE mediante las transferencias de financiación. Esos informes fueron remitidos a Griñán como consejero de Hacienda, a Vallejo como titular de Innovación y a Fernández como responsable de Empleo. Griñán ha negado en repetidas ocasiones haber leído dicho informe.
Esta mañana el fiscal le ha comentado a Gómez: "Usted en concreto hablaba de tres miembros del Gobierno que recibieron el informe (...) Y lo que pudieron hacer y no hicieron", ha dicho en referencia a su inacción ante las alertas. El ex interventor general ha dicho que se ratificaba y que no era necesaria la lectura de su declaración ante el alto tribunal.
En su declaración ante el Supremo hace tres años, Gómez advirtió al instructor Alberto Jorge Barreiro de que sus advertencias cayeron en saco roto y resaltó la diferencia incluida en su informe de 2003, que contenía otra recomendación sobre un “el agujero” de 43 millones causado por la compra de ordenadores a las familias y mientras ese agujero “se cortó de cuajo”, no se actuó sobre el que se estaba produciendo en el fondo de los ERE, a pesar de que iba en el mismo documento. Ese día ante el Supremo Gómez resaltó que las deficiencias en el pago de los ERE fueron "suficientemente graves" para que el Gobierno hubiera tomado medidas. "Pero durante 10 años el Gobierno hizo oídos sordos y miró para otro lado”, afirmó.
El exinterventor ha resaltado hoy que sus informes lograron cambiar el sistema de pago de los ERE, aunque este logro llegó tarde, en 2012. Gómez ha incidido en que las ayudas sociolaborales no son subvenciones "vistas con los ojos de hoy" y considera que tienen un régimen jurídico "incierto". "No sé si son nulas [las ayudas] o no, no lo tengo claro", ha afirmado.
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