El exinterventor general alega que “alertó” de irregularidades administrativas en los ERE
El juicio se suspende hasta el 9 de enero, cuando se verán las cuestiones previas
El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha destacado los “numerosos informes [fueron 15]” que realizó para “alertar” de las irregularidades administrativas detectadas en la concesión de ayudas por parte de la Junta de Andalucía, durante la tercera sesión del juicio de los ERE. El abogado de Gómez ha leído el escrito de defensa que subraya que “no omitió actuación debida alguna”. Gómez está acusado junto a la excúpula del Gobierno autonómico por el fondo para empresas en crisis dotado con 855 millones entre 2001 y 2010.
“Plasmó en los correspondientes informes las irregularidades detectadas en el sistema de adjudicación de ayudas y los remitió a quienes tenían competencia y poder decisorio para adoptar las medidas oportunas y poner fin a dichas irregularidades”, ha destacado el letrado José Rebollo. La fiscalía reprocha a Gómez que "no hiciera actuación alguna en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas de velar por la integridad de los fondos públicos" para lograr su reintegro. El exinterventor considera que el conocimiento sobre irregularidades no significa que estuviera al tanto del destino final de las subvenciones de la partida 31L para los ERE. La Fiscalía Anticorrupción pide para él seis años de cárcel por malversación y prevaricación.
Gómez acusó en 2015 a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán de basar sus declaraciones como imputados ante el Tribunal Supremo por el caso ERE “en un cúmulo de invenciones”. Gómez rechazó sus versiones exculpatorias sobre el fraude, que tildó de “indignas”. Su enfrentamiento con los expresidentes se reprodujo durante la instrucción en el juzgado, en la comisión de investigación del Parlamento y a través de artículos de opinión publicados en la prensa. Sin embargo, parece que dicho enfrentamiento es agua pasada, dado que el abogado de Griñán, José María Mohedano, ha aclarado que en su defensa nunca ha culpabilizado al exinterventor, y menos achacarle responsabilidad penal por sus actos.
Entre 2003 y 2009 la Intervención General de la Junta denunció en 15 informes el procedimiento administrativo empleado por la Junta para pagar los ERE y el agujero que causaba en las cuentas del Ejecutivo, ya que el dinero gastado cada año superaba el presupuestado. Sin embargo, más tarde Gómez defendió la legalidad del fondo, a pesar de sus advertencias.
Mientras, el abogado de Javier Aguado, exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo, hizo hincapié en que la acusación principal del juicio, el supuesto concierto de los acusados para facilitar información sesgada al Parlamento andaluz año tras año sobre la partida 31L, "roza lo absurdo". "[Los diputados] no fueron inducidos a error y conocían perfectamente lo que hacían", ha añadido.
Tras la lectura de los escritos de las acusaciones y 10 abogados defensores esta semana, el magistrado ponente, Juan Antonio Calle Peña, ha anunciado que el juicio se retomará el próximo 9 de enero con las cuestiones previas, ya que no es posible prolongar el juicio a la semana que viene, porque algunos de los letrados tenían señalamientos previos para otros juicios en otras comunidades autónomas.
Alaya reaparece: “Tengo una incertidumbre fea sobre la sentencia”
La juez Mercedes Alaya, primera instructora del caso de los ERE fraudulentos, reapareció ayer desde Valencia para sembrar dudas sobre futuras sentencias de la causa, una consideración insólita al proceder de una juez —exinstructora y hoy magistrada de la Audiencia de Sevilla— sobre magistrados de instancias superiores.
Alaya dijo anoche en una conferencia que, a pesar de que tiene “la mejor” de las sensaciones ante el juicio que se desarrolla estos días, le genera “una incertidumbre fea” la sentencia que pueda dictar la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia andaluz (TSJA). Fuentes del TSJA recuerdan que la reforma de la Ley de Enjuicimiento Criminal creó la segunda instancia penal para causas que comenzaran a instruirse desde diciembre de 2015, y la pieza del procedimiento específico se abrió el 17 de noviembre de 2015, dos semanas antes de esa fecha. Es decir, Alaya erró anoche en sus críticas y el TSJA no se pronunciará sobre la causa, ya que la sentencia que dictamine la Audiencia de Sevilla se recurrirá directamente ante el Tribunal Supremo, según fuentes del alto tribunal andaluz.
Alaya defendió su "exhaustiva" instrucción llevada a cabo desde 2011 contra la supuesta corrupción en el Gobierno andaluz y el hecho de que haya "muchísima prueba documental" con elementos "irrefutables" que la avalan, pero ha advertido sobre la politización de la justicia en general y en este caso en particular. “Como instructora del caso, mis sensaciones son buenas, lógicamente. Luego, la sentencia que se dicte pasará a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, teniendo en cuenta que un tercio de sus miembros ha sido elegido por el Parlamento autonómico y el presidente del Tribunal, al que tengo todos mis respetos, también es un cargo discrecional", afirmó la juez.
"Esa apariencia, aunque sean los mejores profesionales del mundo, es lo que nos quita el sueño a muchos, nos genera una sensación de incertidumbre fea que no querríamos tener", ha dicho Alaya en la Ciudad de la Justicia de Valencia en el turno de preguntas tras la conferencia bajo el título Independencia judicial, organizada por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.
Esta juez de la Audiencia Provincial de Sevilla ha criticado también que se hiciera pública, en 2015, la carta que había remitido al Consejo General del Poder Judicial para rechazar ser sustituida en la instrucción del caso por su sucesora María Núñez y donde argumentaba la "estrecha relación" de esta con el entonces consejero de Justicia andaluz, Emilio de Llera.
"Al no tener independencia judicial, pese a haber sido una carta secreta y con un destinatario -el entonces presidente del CGPJ-, se dio con intereses políticos a todos los medios de comunicación. Yo tenía esa sospecha -de la relación entre ambos-, claro", pues era algo "absolutamente" conocido en su opinión en Sevilla, según Alaya.
Por otra parte, ha criticado que los principales cargos judiciales sean nombrados a dedo y ha declarado: "¿Por qué dentro del órgano de gobierno de los jueces hay políticos? Para controlarnos, y porque de ahí depende el nombramiento de cargos", "un montón de cargos importantes". Por ello Alaya apuesta por un Consejo General del Poder Judicial independiente y por que se establezca un baremo objetivo, para que quienes ocupen estos cargos no dependan del poder político.
El abogado del expresidente José Antonio Griñán ha criticado las palabras de Alaya: “Ella es muy beligerante, me parece demasiado osado. No es la primera vez que lo dice. Ella da muchas conferencias sobre la independencia judicial y la tiene cogida con el TSJA. Es una imprudencia que un juez hable de la independencia judicial de otros jueces porque se expone a que se lo digan a ella”.
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