Dos jueces del ‘caso ERE’ tendrán un día de margen para estudiar un millón de folios

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobará el próximo martes 12 de diciembre tres comisiones de servicio para sustituir a los magistrados que la próxima semana enjuician el caso ERE. Sin embargo, estas comisiones de servicio que permitirán a las dos magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez asimilar los 1.063.928 folios que componen la macrocausa, entrarán en vigor solo un día antes del inicio de la vista oral el próximo 13 de diciembre. Es decir, en teoría ambas jueces, que forman el tribunal junto al ponente Juan Antonio Calle —exento de otros casos desde el pasado julio— solo disponen de 24 horas para esta titánica tarea.

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Ambas magistradas celebran juicios y resuelven recursos cada semana. Una de ellas tiene señalado un juicio para el próximo lunes, solo dos días antes del comienzo del juicio de la pieza política de los ERE, que se iniciará con las cuestiones previas entre el 12 y el 15 de diciembre y se retomará el 9 de enero.

Después de siete años de investigación, la pieza política de los ERE —macrocausa que en total acumula 270 subvenciones públicas investigadas— enjuiciará desde la semana que viene a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis exconsejeros y otros 14 altos cargos de la Junta de Andalucía por malversación, prevaricación y asociación ilícita. Esta pieza, clave para el desarrollo del resto de instrucciones, acumula el contenido de la causa matriz (174/2011) y la del procedimiento específico (133/2016). La primera incluye 341 tomos con 5.364 archivos —incluidos anexos— y 993.778 folios, y la segunda 38 tomos, 996 archivos —incluidos anexos— y 70.150 folios.

El hecho de que las dos magistradas dispongan de un solo día para dedicar por completo a la causa sin otras obligaciones que atender es resultado de una serie de desafortunadas discrepancias judiciales. Tras una petición inicial elevada en septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al CGPJ para requerir al Gobierno tres comisiones de servicio en la Audiencia de Sevilla, el presidente del alto tribunal andaluz, Lorenzo del Río, redujo el 9 de octubre la solicitud de tres a dos comisiones por la llegada tres días antes a la Sección Primera de la juez Mercedes Fernández Ordóñez procedente de la Junta, donde había ejercido como secretaria de Justicia.

Sin embargo, la Sala de Gobierno del TSJA revocó el 24 de octubre la decisión de su presidente y mantuvo las tres comisiones de servicio, por lo que tras remitir este nuevo acuerdo al Consejo, este lo envía al Ministerio de Justicia para que autorice el gasto de las tres plazas y no de las dos informadas previamente. Tres semanas después, el departamento de Rafael Catalá autorizó el 14 de noviembre las comisiones de servicio, pero dos y no tres como había corregido el Consejo, por un importe de 16.322 euros brutos al mes.

De este modo, a finales de noviembre el Consejo recordó al Gobierno que las plazas para nuevos jueces eran tres y no dos, por lo que el ministerio modificó la partida y contestó finalmente el pasado lunes 4 de diciembre, según fuentes del Consejo. Esto ha provocado que la comisión permanente del Consejo no apruebe las nuevas plazas hasta el 12 de diciembre, solo un día antes del inicio del juicio.

Las tres comisiones de servicio para estos magistrados tendrán un periodo que dependerá de la extensión del juicio, que de momento es imprevisible. Prueba de ello es que la vista oral carece aún de cronograma, a pesar de que solo falta una semana para que comience la vista oral. El cronograma es el mapa de fechas en el que un tribunal fija cuándo declaran los acusados, los testigos, peritos y se ven en sala las periciales y los informes finales.

La posibilidad de que el juicio se retrase está en el aire, aunque esta dilación sería causada por la prolongación de las cuestiones previas, previstas para los días 13, 14 y 15 de diciembre, y no por la falta de tiempo de las magistradas para prepararse y entender la compleja macrocausa, según fuentes de la propia Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. El primer juicio examina la política de ayudas públicas ejecutada por los Gobiernos socialistas en Andalucía durante una década (2001-2010) gracias al fondo de los ERE, dotado con 855 millones. La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para el expresidente Griñán y 10 años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves. Los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz afrontan la devolución a la Hacienda pública de 741 millones en caso de condena.

En paralelo, este martes Víctor Moreno Catena, abogado de la exconsejera andaluza Carmen Martínez Aguayo, ha avanzado que planteará como cuestión previa la alteración del orden de las pruebas para que los 22 acusados declaren al final de la vista oral tras los testigos y peritos, y no al principio, como sucede habitualmente. Esta cuestión fue planteada recientemente en el juicio de La Manada celebrado en la Audiencia de Navarra y los magistrados accedieron a que los acusados presenciaran el resto de interrogatorios antes de contestar a las acusaciones y a las defensas.

Moreno Catena subraya en su escrito ante la Audiencia de Sevilla que su objetivo es "permitir un debate suficiente sobre la referida cuestión, sin que se produzca una alteración problemática de los sucesivos actos procesales que deben realizarse en este juicio oral".