La sorprendente paradoja del caso de los ERE

Dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se sentarán en el banquillo de los acusados dentro de dos meses. La desgracia y la sospecha han caído sobre ellos porque son los presuntos máximos responsables —los jueces lo determinarán— de la tacha imborrable de corrupción que ha empañado el historial del PSOE. Durante seis años, desde que la justicia empezó a indagar, el escándalo de los ERE (expedientes de regulación de empleo) en Andalucía ha dado un combustible impagable al Partido Popular, sumido a su vez en gravísimos casos de corrupción. De hecho, el PP está personado en esta causa como acusación popular.

La vida da muchas sorpresas y la política está repleta de ellas. Porque ahora, seis años después, nos hemos enterado de que el Gobierno central —primero en manos del PP y luego del PSOE— a través del Ministerio de Empleo ha dado las mismas ayudas sin concurso público, es decir, con una carencia de control no idéntica, pero similar a la que se ha reprochado a la Junta de Andalucía. Sorprendente y paradójico.

La noticia ha pasado casi desapercibida en esta actualidad secuestrada por el independentismo catalán. Es, sin embargo, un dato de primer orden. Incluso el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, autorizó la adjudicación de 34 millones de euros estatales para uno de los ERE investigados cuando era delegado del Gobierno en Andalucía.

Volveremos a atender con la máxima atención los detalles del escándalo de los ERE cuando se inicie la vista oral en diciembre. Mientras tanto, la justicia ha dejado libres de imputación a un puñado de gente y ha circunscrito el presunto fraude a 152 millones de euros en una década (de 2001 a 2011). Fue goloso explotar el caso del chófer Juan Francisco Trujillo, agraciado con una ayuda arbitraria con la que compraba regalos y cocaína para su jefe, el entonces director de Empleo de la Junta Javier Guerrero. Y fue una tentación irresistible exagerar la dimensión del escándalo y valorar el fraude en 855 millones, que es en realidad el montante total de las ayudas que recibieron, en la mayoría de las ocasiones, auténticas empresas en dificultades y trabajadores reales despedidos.

Cuando la justicia interviene —salvo que una juez como Mercedes Alaya esté al timón— se suelen estrechar las posibilidades de sobreactuación. Los daños de este caso son irreparables, pero se establecerán los términos del escándalo en una dimensión más cercana a la realidad y las Administraciones ya han empezado a tomar nota. La Junta de Andalucía modificó los procedimientos para otorgar sus ayudas sociales. La administración central, también. La gran ventaja de las democracias es que, gracias al entramado de los contrapoderes, estas están abiertas a mejorar. Quizá la democracia española sea capaz, gracias a casos como este, de extremar aún más el control de las finanzas públicas. De paso, podría reducirse el ruido de la bronca política ¿Es mucho pedir?