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Un gigante que no para de crecer

La macrocausa de los ERE acumula ya 115 piezas separadas y cientos de investigados

El exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández, esta mañana en el juicio.
El exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández, esta mañana en el juicio.

En la segunda planta del edificio que alberga los juzgados sevillanos hay una sala que es como un juzgado, pero no es un juzgado. Es la sala de los ERE. Unas dependencias con funcionarios y miles de folios, y cuyo volumen aumenta cada semana. Del dinosaurio que representa la macrocausa de los ERE fraudulentos nace cada semana una nueva pieza tras la puntual entrega de un atestado de la Guardia Civil. Resultado: el caso suma ya 114 piezas al margen de la rama política, que desde diciembre enjuicia a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos de la Junta por el diseño del fondo dotado con 855 millones.

Y cada pieza tiene sus investigados, su propia instrucción policial, sus declaraciones en sede judicial y recursos pertinentes. Un trabajo titánico que avanza —más rápido que antaño, pero aún a paso lento— desde que en 2015 tomara las riendas del Juzgado 6 de Instrucción María Núñez, tras sustituir a Mercedes Alaya, primera magistrada que abrió la causa en 2011.

Mientras que Alaya abría una tras otra nuevas vías de investigación y la fiscalía le acusaba de practicar indagaciones de manera dispersa, Núñez representa el extremo opuesto: su primer objetivo es ordenar la macrocausa y cerrar cuanto antes aquellas piezas cuyos delitos estén prescritos y en las que considere que no hubo mala fe por parte de los empresarios beneficiados por la Junta andaluza. Del total de 115 piezas, Núñez ya ha archivado 19 de manera provisional —pendientes de recurso ante la Audiencia— y otras cinco ya han sido remitidas a la Audiencia para su enjuiciamiento. Es decir, quedan 91 piezas en plena investigación pero solo en 35 de ellas se han practicado diligencias de investigación, según critica la fiscalía. Sin embargo, si solo en 35 se ha investigado al detalle y la Audiencia ordena que hay que hacerlo en las 270 piezas que se abrirán, una por cada ayuda concedida entre 2001 y 2010 por el Ejecutivo autonómico, el trabajo pendiente es enorme.

Alaya encadena fiascos

Mercedes Alaya se convirtió en una juez estrella gracias a la macrocausa de los ERE y sus autos, plagados de juicios de valor, sospechas e insinuaciones, que estaban dotados de gancho para generar titulares de prensa pero en ocasiones carecían de soporte probatorio que sustentara la vista oral.

Alaya estuvo en el foco mediático hasta su ascenso en 2015 a la Audiencia de Sevilla, donde redacta sentencias. Pero ahora es cuando sus instrucciones están llegando a juicio y la semana pasada la Audiencia tumbó su investigación del caso Betis, por la que intervino el club y acusó al expresidente Manuel Ruiz de Lopera de generar un perjuicio de 25 millones y tener “un plan preconcebido” para descapitalizar el club. Finalmente, un tribunal ha absuelto a Lopera de apropiación indebida y administración desleal, y Alaya ha sufrido otro chasco más.

Antes llegó el archivo de la instrucción por la venta de suelos de Mercasevilla por el Juzgado de lo Penal 13 de la capital andaluza, que absolvió a los 10 procesados, y el archivo de la denominada pieza política de los cursos de formación en la que habían sido detenidos delegados de la Junta andaluza por supuestamente haberse concertado para beneficiar a ciertas empresas. La juez Núñez decidió archivar las pesquisas con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

El único éxito y descafeinado que ha logrado Alaya en sus causas mediáticas llegó por el intento de extorsión al pedir 450.000 euros desde la excúpula de los directivos de Mercasevilla a unos empresarios, aunque el caso acabó en juicio con la condena de dos exdirectivos y la absolución del exdelegado de la Junta acusado por Alaya. La magistrada ha rechazado opinar para este reportaje.

“La diferencia es evidente. Mientras que Alaya creaba y construía, Núñez es absolutamente burocrática al vaciar las causas con los fundamentos de la Audiencia. Eso sí, Núñez ha tenido que replegarse y cambiar su estrategia, no podía archivar sin practicar diligencias”, censuran fuentes del caso. “Ahora está entre la espada y la pared porque la Sección Séptima [de la Audiencia] le tumba mucho y debe seguir su criterio a pies juntillas”, añaden estas fuentes.

Luis García Navarro, letrado del PP, personado como acusación, critica: "Se ha desandado el camino recorrido en la investigación de las causas de corrupción. Parece que existe un plan preconcebido para desactivarlas, excluyendo a investigados y archivando después y ello a pesar del criterio ya fijado por la Sección 1ª de la Audiencia y en contra de la opinión de la fiscalía y la propia Junta de Andalucía". En el extremo opuesto, un abogado defensor que pide el anonimato, opina: "Frente a la apertura sinfín de inacabables nuevas líneas de investigación, Núñez mantiene un loable intento de concreción y encauzamiento de un monstruo indeseable que no cabe en ningún sitio".

Los 19 carpetazos provisionales que ha dado la juez a diferentes piezas han sido recurridos ante la Audiencia de Sevilla por la Fiscalía Anticorrupción y la Junta como acusaciones personadas. Entre ellas por ejemplo la ayuda de 300.000 euros que la Junta concedió en 2009 al centro geriátrico del Obispado de Cádiz, pieza en la que figuró como investigado el obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballos.

Y si bien los magistrados no han entrado al fondo del asunto para dilucidar si hubo o no delito por el mero hecho de conceder una ayuda del fondo de los ERE, sí que han reconvenido a Núñez y la han obligado a seguir investigando cuando ella quería cerrar ciertas piezas.

En la macrocausa hay tres claves esenciales para entender su rumbo: la primera es que los políticos que concedieron las ayudas desde la Consejería de Empleo andaluza solo serán enjuiciados en la pieza política y no en las 270 piezas, según dictaminó la Audiencia el verano pasado. Es decir, el ramillete de cinco políticos —con el exconsejero Antonio Fernández a la cabeza— está siendo exculpado en cascada de las causas separadas. La segunda es que si los políticos concedentes de la ayuda son apartados de la instrucción judicial, ¿pueden resultar condenados como beneficiados los empresarios en ausencia de los supuestos malversadores? De momento, la Audiencia ha ordenado que las instrucciones deben continuar contra ciertos empresarios, pero está por ver si alguno resultará condenado en juicio.

Y la tercera clave es que la juez considera “víctimas” a los empresarios que pidieron de buena fe una ayuda a la Junta. “Si la administración actúa de forma irregular, de ello no se puede responsabilizar al ciudadano, y menos penalmente por delitos de prevaricación y malversación, salvo que nos conste fehacientemente que dicho ciudadano solicita, gestiona ante la administración a sabiendas de su ausencia de derecho”, argumenta Núñez.

Pero la tesis de la juez ha sufrido serias reprimendas por parte de sus superiores, como cuando hace tres semanas la Audiencia tumbó un archivo parcial de la pieza del Hotel Cervantes: “El auto impugnado, bastante escueto (…) el razonamiento tercero y último se dedica al sr. Rodríguez Ortega pero realmente no contiene argumentación o motivación alguna para sustentar la decisión de sobreseer la causa respecto de él”. Conclusión: cada pieza merece una investigación que analice de manera detallada las circunstancias de cada imputado.

Al ritmo actual, las 270 piezas de la macrocausa tardarán años en enjuiciarse, a pesar de que por el camino se archiven la mayoría. Y sobre todo, tal número de juicios colapsaría la Audiencia de Sevilla, ya de por si atascada por demasiados procesos penales, si antes no se reagrupan las piezas. Dentro de un año, cuando exista sentencia en la pieza política y la Audiencia haya resuelto dudas de calado, la frontera del delito penal o la irregularidad administrativa estará más clara en los ERE, pero su horizonte para otear un final seguirá siendo eterno.

Fernández niega que tomara medidas para evitar el control

El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández rechazó ayer en el juicio de la pieza política de los ERE que tomara medidas para evitar el control previo de las ayudas concedidas por la Junta. “Ningún gobernante hace un trabajo para evitar algo (...) podríamos haberlo hecho mejor o peor, o haber tenido avisos o reparo de quien corresponda, pero no es ni pensable”, dijo sobre dicha posibilidad.

“El pago de las ayudas tiene un recorrido y deja su huella (...) el camino [la forma de pago] era el que los técnicos habían pensado”, añadió. Y descartó que los políticos entraran en el diseño del mecanismo de pago: “De mi nivel para arriba no lo hacía nadie”, dijo Fernández, que entre 2000 y 2004 fue viceconsejero de Empleo. El ex alto cargo padece una disfonía y su declaración resultó a veces dificultosa. “Las fuerzas me fallan”, dijo.

La fiscalía pide para Fernández ocho años de cárcel por prevaricación y malversación. Sobre el convenio que dio origen al fondo de los ERE, afirmó que pese a caducar en 2003, lo consideró prorrogado al estar recogido cada año en la Ley de Presupuestos.

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