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La fiscalía critica el “cambio de reglas” en los ERE tras menguar la causa

El ministerio público censura que cada alto cargo investigado afronte un solo juicio

Los fiscales del caso ERE, Juan Enrique Egocheaga (izq.) y Manuel Guerra.
Los fiscales del caso ERE, Juan Enrique Egocheaga (izq.) y Manuel Guerra.

La fiscalía ha lamentado el "cambio de las reglas" por parte de la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE cuando ya se ha fijado el juicio por la pieza política, que empezará el 13 de diciembre contra 22 ex altos cargos acusados, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Dicho cambio ha llegado, según el ministerio público, tras la decisión de la Audiencia de Sevilla de que los altos cargos acusados afronten solo un juicio en vez de decenas de procesos, uno por cada ayuda que concedió la Consejería de Empleo. Tras un primer caso en mayo, este mes los magistrados han ratificado su decisión con los casos que afectan al exconsejero Antonio Fernández.

La fiscalía estima que esa decisión podría ser extensible a los ex altos cargos de la Consejería acusados pero no al resto, entre ellos Chaves y Griñán, los exconsejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez o Carmen Martínez Aguayo o un ex interventor general de la Junta de Andalucía.

La limitación de los juicios al exconsejero Fernández también podría suponer que todas las ayudas concedidas de forma presuntamente delictiva se analicen en el juicio de la pieza política, que de esta forma se prolongaría varios meses más, según dichas fuentes.

El juicio está previsto que empiece con las cuestiones previas los días 13, 14 y 15 de diciembre, y el 9 enero del 2018 comenzarán las declaraciones de los acusados, aunque no se han fijado los días para esos testimonios ni para el resto de la vista oral.

Otro de los efectos de la decisión adoptada respecto al exconsejero Fernández es el posible archivo de decenas de piezas en las que hay acusados altos cargos que concedieron las ayudas públicas y también perceptores del dinero que lo gastaron en el fin previsto, algunos de los cuales han sido calificados como "víctimas" por la juez que instruye el caso, María Núñez.

La magistrada cree que en los ERE se ha llamado a declarar, como acusados, a todas las personas físicas o jurídicas "por el mero hecho de solicitar, entre los años 2000 y 2010, una ayuda sociolaboral o directa a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía".

Sin embargo, la Fiscalía avanza que se opondrán a esta posibilidad y recurrirá cada una de las piezas que archive la juez porque consideran que no debe quedar impune la concesión de ninguna ayuda irregular.

El origen de las divergencias se produjo después de que la juez dividió el caso en distintas piezas en julio del 2015, a lo que siempre se opuso la magistrada que lo inició, Mercedes Alaya. Tras esa división, el juez de refuerzo Álvaro Martín dictó el auto de procesamiento de la pieza política, en el que, además de la prevaricación por posible concesión irregular de las ayudas, incluyó el delito de malversación.

La Fiscalía también recuerda que a pesar del cambio de las reglas, "el partido no está acabado" porque ha sido la Sección Séptima la responsable de la decisión respecto al exconsejero Fernández, pero será la sección tercera la que tenga la última palabra durante las cuestiones previas del juicio.

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