De consejero a parado con todos los bienes embargados

El exconsejero Antonio Fernández soporta la mayor fianza civil del caso ERE: 807 millones

El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández (derecha), junto a su abogado en los juzgados sevillanos.
El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández (derecha), junto a su abogado en los juzgados sevillanos.JULIÁN ROJAS

El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández soporta la mayor fianza civil del caso de los ERE: 807 millones, una cifra muy cercana al récord (1.000 millones) que impuso el juez Miguel Ángel Torres al cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca. El histórico exdirigente socialista andaluz encabeza el listado de la juez Mercedes Alaya sobre políticos y empresarios con fianzas multimillonarias, que suma ya la friolera de 2.800 millones para cubrir las obligaciones pecuniarias que se les imponga.

¿Cómo es la vida ahora sin apenas liquidez de este exdirigente socialista que acumuló tanto poder en la Junta andaluza? “Es un sinvivir, es pagar la pena por anticipado y conlleva un deterioro físico y psíquico muy grave. La cárcel tiene sus limitaciones, pero vivir en la calle amarrado por todos lados es una condena muy dura… la gente le mira mal ¿Qué cliente quiere un abogado imputado?”, explican fuentes cercanas al exconsejero, de 57 años y licenciado en Derecho. Fernández carece de coche y carné, y vive en Jerez de la Frontera (Cádiz). Durante su estancia en prisión, el Consejo Regulador del Vino de Jerez le despidió como presidente del organismo.

Junto a Fernández, sus subordinados Agustín Barberá (exviceconsejero), Juan Márquez y Javier Guerrero (directores generales) también tienen todos sus bienes embargados tras la imposición de fianzas por 490, 173 y 686 millones respectivamente. Cifras muy lejanas de los 29 millones que Alaya ha impuesto a la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) Magdalena Álvarez, pero asimismo inasumible aunque implique el embargo de sus cinco casas en propiedad.

La juez Mercedes Alaya encarceló a Fernández entre abril y agosto de 2012, y este abandonó la prisión tras abonar una fianza real de 450.000 euros que pagaron sus amigos y conocidos tras una colecta de meses. Recobrada la libertad, la magistrada le impuso una fianza civil de 807 millones por todas las ayudas públicas concedidas en una década por su departamento durante su etapa como consejero (2004-2010) y viceconsejero (de 1995-2004). Y la medida cautelar implicó el embargo de tres viviendas, un garaje, todas sus cuentas bancarias y su indemnización por despido de 31.000 euros y la prestación por desempleo que percibe, bienes que no cubren ni el 0,1% de la fianza civil impuesta. La defensa de Fernández recurrió ante la Audiencia de Sevilla el embargo de una de las casas porque pertenece a su exmujer, de la que se divorció hace una década.

El ex alto cargo, concejal de Jerez y diputado provincial durante 11 años, está imputado de cohecho, prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil. Ahora está ahora en el paro después de haber sido consejero de Empleo durante seis años (2004-2010) y su entorno censura cómo la fianza civil está impuesta por unas subvenciones que Alaya considera ilegales, pero que la Junta sigue abonando para que los prejubilados perciban sus prestaciones fijadas en los ERE. “Durante esa década, los parlamentarios y los alcaldes de todos los partidos acudían a su despacho para pedir dinero para sus comarcas”, explican dichas fuentes de su entorno.

La juez ya ordenó investigar su patrimonio y el de sus familiares, pero después de concluir la Guardia Civil sus pesquisas, no identificó que Fernández mantuviera patrimonio con procedencia ilícita. Fernández recibió la indemnización por despido tras trabajar en los años 80 en la bodega González Byass, pero renunció a los 386.181 euros que habían sido fijados en el ERE de la bodega mientras él dirigía el departamento de Empleo. La juez le embargó la indemnización de su despido, que Fernández recurrió, y luego Alaya desestimó su recurso al no tratarse de un salario.

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La fianza impuesta por Alaya de 807 millones, que la Fiscalía Anticorrupción había elevado en su petición hasta los 890 millones, fue más tarde confirmada por la Audiencia de Sevilla, que estimó que había “indicios racionales” de supuestos delitos para imponer tan alta suma al alto cargo imputado.

La acusación inicial de cohecho de Alaya contra Fernández por haberse acogido al ERE de la bodega donde trabajó fue corregida por la Audiencia de Sevilla al dictar su libertad condicional bajo fianza en contra de la opinión de la magistrada. Cuando hace un año y medio se apuntó al desempleo, Fernández declaró: “Trato de ser un ciudadano normal y hacer una vida normal después de 34 años de cotizaciones”.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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