El Supremo dejó pactado en julio que el ‘procés’ fue una sedición

El tribunal del procés debatió durante sus deliberaciones todas las alternativas de delito que tenía sobre la mesa: desobediencia, rebelión y sedición. Pero, tras cuatro meses de juicio, apenas necesitó unos días para decantarse por el que finalmente se ha aplicado a nueve líderes independentistas, según coinciden varias fuentes judiciales. Todos terminaron el juicio con la certeza de que hubo violencia, pero descartaron pronto que fuera la que exige el delito de rebelión.

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Las deliberaciones para la sentencia del procés se iniciaron inmediatamente después de que acabara el juicio, el pasado 12 de junio. Incluso durante la vista oral habían deliberado algunos aspectos, señalan fuentes jurídicas. Los siete magistrados (Manuel Marchena, Antonio Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer) abordaron la deliberación centrados en tres opciones fundamentales: que los hechos se circunscribían solo a un delito de desobediencia; que el procés, como defendía la Fiscalía, fue una rebelión; o que, siguiendo la tesis de la Abogacía del Estado, los líderes independentistas cometieron un delito de sedición.

La primera opción, la desobediencia, se descartó desde el principio. No porque no la hubiera, ya que la mayoría de los acusados la asumieron, y hasta la reivindicaron, durante la vista oral como una suerte de lealtad con los ciudadanos que les reclamaban el derecho a decidir. La desobediencia se descartó, sobre todo, porque todos los miembros del tribunal coincidían en que los hechos excedían los límites de este delito.

Las fuentes consultadas señalan que los magistrados terminaron el juicio con una impresión común: durante los dos meses más intensos del procés, septiembre y octubre de 2017, se produjeron numerosos episodios de violencia. Y una vez consensuada la existencia de ella, solo quedaban dos alternativas: rebelión o sedición.

Las dos opciones se debatieron en la primera fase de las deliberaciones. El debate se centró en analizar el argumento que a la postre ha sido decisivo: si esa violencia que todos daban por probada era la que requería el alzamiento público y violento que define la rebelión. Todos los miembros estaban de acuerdo, siempre según las fuentes, en que ese tipo penal exigía una violencia estructural, lo que la sentencia ha definido como “instrumental” o “funcional”. Y aunque algunos, los menos, defendieron que la violencia desplegada en el procés sí podía encajar en este supuesto, la mayoría se inclinaba desde el inicio por el argumento contrario. Según las fuentes, esa era ya la impresión general del tribunal desde mediada la vista oral.

La tentativa y la conspiración para la rebelión también se analizaron, aunque nunca se debatieron como opciones reales, según fuentes jurídicas. La primera, porque el tribunal considera que la rebelión es un delito de consumación anticipada. Es decir, se comete al ponerlo en marcha, por lo que el intento de rebelión no existe. La segunda, la conspiración, se desechó también casi de inicio, porque este delito es para castigar actos preparatorios, pero los líderes del procés habían ejecutado muchos. “Tras cuatro años de reuniones, de aprobar leyes y gastos, de organizar un referéndum... ¿cómo vas a decir que solo estaban conspirando? Es un disparate?”, señala una fuente conocedora de las deliberaciones. Además, ninguna acusación había propuesto la conspiración y aunque podría entenderse subsumido en el de rebelión, una condena por un delito que no se ha considerado durante el juicio podría acabar creando problemas.

Descartadas todas las fórmulas posibles ligadas a la rebelión, el camino dirigía a la alternativa propuesta por la Abogacía. Esta era la opción preferida por algunos magistrados desde el inicio. El resto se sumó en las primeras semanas de deliberaciones. “Todo llevaba a un alzamiento tumultuario. Un Govern que aprueba leyes para saltarse el orden constitucional, un Parlamento que permite crear esa legalidad paralela, unas urnas que no se sabe de dónde salen, unas asociaciones que movilizan a la gente para impedir que la justicia actúe, ciudadanos que ocupan colegios para que no se cumpla una orden judicial”. En julio, según las fuentes, la unanimidad en torno a la sedición estaba ya pactada.