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La sentencia cierra la causa que sentó al ‘procés’ en el banquillo

El Supremo prevé comunicar este lunes el fallo contra los 12 acusados

Magistrados del Tribunal Supremo durante el juicio a los líderes independentistas por el desafío separatista. En vídeo, a la espera de una sentencia histórica. Vídeo: Atlas

El Tribunal Supremo tiene todo listo para hacer pública hoy la sentencia del 'procés', que, según fuentes jurídicas, descarta que los líderes independentistas catalanes cometieran un delito de rebelión durante el desafío independentista del otoño de 2017. Los magistrados tienen previsto reunirse a primera hora para firmar la sentencia y solo una discrepancia de última hora podría posponer la notificación. El tribunal, según fuentes consultadas, citará en la sede del Supremo a los procuradores, enviará la sentencia por vía telemática a las defensas y las acusaciones y un agente judicial acudirá a las tres cárceles catalanas en las que están los nueve presos preventivos para entregarles en persona el fallo judicial.

La sentencia histórica del Supremo llega a menos de un mes de las elecciones y todos tienen que colocarse ante ella para intentar que la corriente no los arrastre. El Ejecutivo de Sánchez cree que el fallo respaldará su posición sobre Cataluña.

La sentencia que este lunes prevé notificar y hacer pública el Tribunal Supremo cierra uno de los procesos judiciales de mayor calado político de los últimos años. Nueve líderes independentistas llevan casi dos años encarcelados y seis están huidos de la justicia española, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Ellos, los siete fugados, no se sentaron en febrero pasado en el banquillo del Supremo, pero el tribunal espera poder juzgarles en los próximos meses una vez que, a partir de que se conozca la sentencia, se reactiven las órdenes internacionales y europeas de detención contra ellos.

El Supremo lleva días preparándose para hacer hoy pública la sentencia, aunque este domingo por la noche todavía no había una comunicación oficial. Los siete magistrados que han juzgado el procés han dedicado los últimos días a dar un repaso final a la resolución, que ha sido redactada por el presidente del tribunal, Manuel Marchena, con aportaciones del resto de miembros. Los jueces, según fuentes jurídicas, tienen previsto reunirse a primera hora de este lunes en la sede del tribunal.

En principio, el encuentro ha sido convocado para dar el visto bueno definitivo e incorporar algún matiz o sugerencia de última hora antes de que los siete magistrados firmen la resolución. Con todo, el propio Marchena recordó el pasado sábado en una conversación con periodistas durante la recepción de la Fiesta Nacional que “una sentencia no está hasta que la firma el último magistrado”. Hasta ese momento, cualquiera de los miembros del tribunal podría anunciar la presentación de un voto particular, aunque, según las fuentes consultadas, el fallo que hoy prevé comunicar el Supremo cuenta con el apoyo unánime de los siete magistrados.

La unanimidad ha sido un objetivo primordial desde que empezaron las deliberaciones en junio pasado. Según fuentes jurídicas, esta se ha conseguido finalmente en torno al delito de sedición y tras descartar, como adelantó EL PAÍS, que los líderes independentistas hubieran incurrido en el delito de rebelión recogido en el artículo 472 del Código Penal, la acusación que sostuvo durante el juicio la Fiscalía y que habría acarreado penas de hasta 25 años.

La sentencia, según las fuentes consultadas, detallará los pasos dados por el Govern de Carles Puigdemont y por el Parlament presidido por Carme Forcadell para intentar declarar la independencia, un camino que desembocó en la consulta secesionista del 1 de octubre de 2017, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, y la declaración unilateral de independencia del 27 de ese mes. Aunque el tribunal considera que en ese proceso hubo episodios de violencia (en especial en las concentraciones ante la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de aquel año y dentro y fuera de los colegios electorales el 1-O), los magistrados han llegado a la conclusión de que los acusados no instigaron premeditadamente esos actos violentos como parte de su plan independentista.

El tribunal sí cree, sin embargo, que se promovieron movilizaciones tumultuarias para obstaculizar la aplicación de las leyes y la actuación de la justicia, según las fuentes consultadas. Por eso atribuyen un delito de sedición a los nueve procesados que están en prisión preventiva: el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

Sedición y malversación

Junqueras y los otro cinco exconsejeros encarcelados de forma preventiva también serán condenados por malversación porque el tribunal considera que usaron fondos de sus departamentos para la celebración del 1-O, siempre según las citadas fuentes. La malversación y la sedición se aplicarán en concurso medial, que significa que uno de los delitos (sedición) no se pudo producir sin el otro (malversación).

El descarte de la rebelión implicará una importante rebaja de penas respecto a lo que pedía la Fiscalía (entre 16 y 25 años para los procesados encarcelados), aunque fuentes consultadas señalan que las penas impuestas pueden superar, en algunos casos, las que propuso la Abogacía del Estado, la única acusación que pidió condenar por sedición. La Abogacía, que también apostó por la fórmula del concurso medial, solicitó 12 años de cárcel para Junqueras.

Las sentencias del Supremo son firmes, pero las defensas de los procesados ya han anunciado que agotarán las dos únicas vías posibles para revisar la decisión: un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales y la impugnación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo.

Un tercio de los policías de la Operación Copérnico de 2017

Ó. LÓPEZ-FONSECA

El Ministerio del Interior ha desplegado en Cataluña cerca de 2.000 policías y guardias civiles. Esta cifra supone una tercera parte de los 6.093 agentes de ambos cuerpos (2.929 policías y 3.164 guardias civiles) que envió en 2017 en la Operación Copérnico para impedir el referéndum ilegal del 1-O. Ahora, las circunstancias y misiones son diferentes. Los agentes enviados por Interior no tienen que acudir a los colegios a retirar urnas, y la colaboración con los Mossos —que aportarán más de 1.000 agentes antidisturbios al dispositivo— se considera segura. Los tres cuerpos estarán integrados en el Centro de Coordinación (Cecor) que la policía catalana puso en marcha el sábado para monitorizar los posibles incidentes que se produzcan tras el fallo.

Policías y guardias civiles se mantendrán al margen de los altercados que se registren en las calles, salvo que los Mossos se vean desbordados y reclamen su ayuda. Su misión será proteger los edificios de Estado, así como las infraestructuras críticas de comunicaciones y suministro de energía.

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