El Gobierno pide al Constitucional que advierta a Torra

El Gobierno ha vuelto a acudir este viernes al Tribunal Constitucional —lo había hecho ya la semana anterior— para pedirle que advierta a las autoridades catalanas de las consecuencias penales de seguir desobedeciendo sus sentencias; esta vez la advertencia no se dirige sólo al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa de la Cámara, sino también, expresamente, al Gobierno de la Generalitat y a su presidente, Quim Torra.

El Consejo de Ministros plantea en este caso dos incidentes de ejecución de sentencia contra determinados apartados de la resolución 546/XII, aprobada por el Parlament el 26 de septiembre, que aluden a una supuesta cualidad de sujeto soberano del pueblo catalán y defienden la desobediencia institucional para responder a la inminente sentencia del juicio del procés. Esos puntos, sostiene el Gobierno, incumplen “directa y frontalmente” sentencias previas del Constitucional, que, desde 2015, ha insistido en que Cataluña no es sujeto soberano y ha subrayado el “principio de sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico”.

La decisión del Consejo de Ministros, comunicada este viernes en rueda de prensa por la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, remarca la alusión que hace la última resolución del Parlament a “la legitimidad de la desobediencia institucional”, lo que supone “un llamamiento a las distintas instituciones catalanas, incluido el Govern, a que no obedezcan las sentencias que se puedan dictar en las próximas fechas”.

La Guardia Civil

Esa posible implicación del Govern en un acto hipotético de “desobediencia institucional” es el que lleva al Gobierno a pedir al Constitucional que en esta ocasión no se dirija sólo a la Mesa del Parlament, que tramitó la resolución, sino también al poder ejecutivo catalán: el president Torra y el resto del Govern, sostiene el Consejo de Ministros, deben ser advertidos de “su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.

El Gobierno no ha impugnado, sin embargo, el apartado de la resolución del Parlament que pedía la retirada de la Guardia Civil de Cataluña. Según Calvo, ese es un “deseo político aberrante” pero “no recurrible” jurídicamente.