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El fiscal dice que los acusados de Alsasua atacaron a los guardias civiles por ser fieles a España y al Rey

Las defensas alegan en el Supremo que las penas impuestas por la Audiencia Nacional son "desproporcionadas"

Carteles con los rostros de los tres jóvenes encarcelados por agredir a los guardias civiles en Alsasua (Navarra). En vídeo, explicación de los hechos ocurridos durante la madrugada del 15 de octubre de 2015. FOTO: JAVIER HERNÁNDEZ | VÍDEO: EPV

La Fiscalía ha defendido este miércoles en el Tribunal Supremo que los acusados de las agresiones de Alsasua (Navarra) en octubre de 2016 atacaron a los guardias civiles por ser fieles a España y al Rey. “La Guardia Civil es una institución del Estado, que asume los valores constitucionales, fiel a España, al Rey y al pueblo español. Unos valores que pueden ser objeto de ataque. Y los hechos probados en la sentencia dejan claro que el ataque se produjo en tanto en cuanto las víctimas eran guardias civiles”, ha afirmado el fiscal Álvaro Redondo, que ha pedido al alto tribunal que confirme las condenas de entre dos y 13 años de cárcel que impuso a los ocho acusados la Audiencia Nacional por delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

La Sala de lo Penal del Supremo, llena de público y prensa, ha acogido este miércoles una vista pública para examinar los recursos presentados por los ocho acusados contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional. Los magistrados no tendrán ya que plantearse si los hechos encajan en el delito de terrorismo porque la Fiscalía (que sí acusó por este delito en el juicio) dio por buenas las conclusiones de la Audiencia, confirmadas por la Sala de Apelación, y renunció a pedir al alto tribunal que eleve la condena. Las otras acusaciones, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), tampoco han pedido que se les condene por terrorismo por lo que el alto tribunal no podrá incrementar la pena a los condenados, solo mantenerla o bajarla.

Las defensas de los ocho acusados (Iñaki Abad, Jokin Unamuno, Ohian Arnanz, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola, Adur Ramírez y Ainara Urkijo) han denunciado la “desproporcionalidad” de las penas en comparación con las lesiones que se causaron a los agredidos (un sargento y un teniente) y sus novias. En el ataque, ocurrido de madrugada a las puertas del bar Koxka, el teniente sufrió la fractura de un tobillo y el sargento recibió puñetazos y patadas mientras algunos de los jóvenes jaleaban a los atacantes e increpaban y amenazaban a los agentes. “Hijos de puta, picoletos, cabrones, txakurras [perros], esto os pasa por venir aquí, os vamos a matar por ser guardias civiles...”, les gritaron, según la sentencia de la Audiencia.

Las defensas han impugnado el doble papel de la Guarda Civil como investigador y víctima en la causa. “Hay un inusitado interés de la Guardia Civil en asumir la investigación, que primero recayó en la Policía Foral”, ha asegurado el abogado de Ohian Arnanz. “Eso no garantiza la imparcialidad porque se entremezclan los roles”, ha añadido el letrado, que considera que la investigación fue “sesgada y llena de irregularidades”.

Entre estas supuestas irregularidades, las defensas sostienen que no se ha probado la participación de algunos de los condenados en el ataque y han cuestionado las ruedas de reconocimiento, que, aseguran, fueron “claves” para condenarles. Según los abogados, se organizaron ruedas para cada acusado pero en las que estos eran físicamente muy distintos del resto de participantes en la prueba. “Todos eran extranjeros. Mulatos, árabes o latinoamericanos. Es un escándalo”, ha denunciado el abogado de Iñaki Abad. En el caso de Adur Ramírez, condenado a 12 años de cárcel, su abogada, Jaione Carrera, ha advertido que la sentencia muestra “dudas” sobre su participación en los hechos. Carrera es una de los 47 abogados que el pasado lunes aceptaron en la Audiencia Nacional una condena de conformidad por su pertenencia a la organización Herrira, de apoyo a los presos de ETA y sus familias. Otra de las letradas que han participado este miércoles en la vista del Supremo, Amaia Izko, también aceptó la misma condena. 

La Fiscalía rechaza las dudas sobre la implicación de los condenados y asegura que la de los ocho está probada. "Todos los acusados son ellos. Estuvieron presentes aquel día y el tribunal lo dijo de forma inequívoca", ha afirmado el fiscal Redondo.

El tribunal que estudia los recursos, integrado por Andrés Martínez Arrieta (presidente), Antonio del Moral, Andrés Palomo, Susana Polo y Vicente Magro, que será el ponente de la resolución, prevé dictar la sentencia en el próximo mes.

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