PP y Cs piden que Sánchez comparezca en el Congreso para explicar la gestión de la crisis del ‘Open Arms’
Calvo sugiere que el ‘Open Arms’ será multado: “No tiene permiso para rescatar”
PP y Ciudadanos han registrado en el Congreso un escrito solicitando la convocatoria de un pleno extraordinario para que el presidente en funciones Pedro Sánchez explique sus "cambios de opinión" en torno a la crisis del Open Arms, que atracó ayer en el puerto de Lampedusa (Italia) con más de 80 migrantes a bordo por orden de la Fiscalía de ese país. Los dos grupos se han dirigido a la presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, para pedir la convocatoria de la Diputación Permanente, que es el máximo órgano del Congreso en período no ordinario de sesiones, para que acuerde la celebración de un pleno extraordinario. La previsión es que la Diputación Permanente se reúna la próxima semana, última de agosto, y que allí se tome la decisión de convocar o no esa sesión plenaria extraordinaria.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha defendido este miércoles que Pedro Sánchez ha actuado con "coherencia y responsabilidad" en la crisis del Open Arms y ha avisado de que el barco podría enfrentarse a sanciones por rescatar sin permiso. Al ser preguntada por una posible multa a la ONG, ha sido tajante: "El Open Arms no tiene permiso para rescatar, lo sabe el capitán del barco". Proactiva Open Arms se expone a una multa de 901.000 euros por incumplir la prohibición de Fomento de “realizar operaciones de búsqueda y salvamento”.
En una entrevista en la cadena SER, Calvo ha sido preguntada sobre la decisión del capitán del barco, Óscar Camps, de seguir haciendo rescates cuando la fiscalía levante la incautación, a lo que ha contestado que el propio capitán ha dicho que el Open Arms "no estaba ni siquiera en condiciones de navegar hasta un puerto español, hasta un puerto de Baleares". El buque, según ha afirmado Calvo, "tiene licencia para ayuda humanitaria, para transporte de víveres". "Esa es la licencia que tiene desde el punto de vista de la concesión administrativa y la legalidad española, y ese es su cometido", ha apostillado. "Las instituciones, los poderes y los ciudadanos, todos estamos sometidos a las leyes, y todo el mundo sabe lo que puede hacer y lo que no y nadie esta a salvo de esto, incluido un barco como éste", ha sentenciado Calvo, poco antes de añadir que "la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento".
Tanto PP como Ciudadanos han reclamado al Gobierno explicaciones sobre su "inacción" en la actuación contra las mafias de trafican con personas en el Mediterráneo y qué contactos han tenido con otros gobiernos de la UE en las últimas semanas sobre esta cuestión.
Bruselas destaca el papel de España
Una vez los inmigrantes han podido desembarcar, la Comisión Europea ha anunciado que se hará cargo de las labores de coordinación para su reparto entre los cinco países que han aceptado recibirlos: Francia, Alemania, Luxemburgo, Portugal, y España. "Estamos listos para empezar a coordinar el proceso de relocalización y para brindar un apoyo operacional a Italia sobre el terreno", afirmó una portavoz comunitaria. Rumania no acogerá finalmente a ningún inmigrante al quedar cubiertas todas las plazas, pero su oferta se reserva para que participe en futuros repartos.
El próximo podría llegar en solo unos días. El Ocean Viking, barco de rescate fletado por las ONG SOS Mediterranée y Médicos sin Fronteras, sigue en el Mediterráneo con 356 inmigrantes a bordo rescatados hace 12 días. La Comisión espera que se encuentre cuanto antes una solución similar a la del Open Arms, pero todavía no hay indicios de acuerdo para su desembarco y posterior reparto. "Esperamos que ese mismo espíritu de solidaridad se demuestre en el caso del Ocean Viking", han señalado fuentes de Bruselas.
El Ejecutivo comunitario ha rechazado comentar la posibilidad de que el Open Arms sea multado, dado que no se pronuncia sobre decisiones de tribunales de Estados miembros, pero sí ha alabado el papel del Gobierno español en la crisis. "Queremos reconocer la cooperación y la solidaridad demostrada especialmente por España, que ofreció un lugar de desembarco en primer lugar".
El buque humanitario estuvo retenido desde principios de enero hasta mediados de abril en el puerto de Barcelona por razones de seguridad, ya que no reunía los requisitos para realizar largas travesías con pasaje ni tenía permiso de los puertos próximos del Mediterráneo central (Malta e Italia) para desembarcar a los rescatados. Fomento autorizó finalmente al Open Arms a zarpar con la exclusiva misión de llevar ayuda humanitaria a las islas griegas de Samos y Lesbos. A finales de junio, cuando estaba en unas jornadas en Nápoles (Italia), el buque humanitario decidió saltarse la prohibición y dirigirse hacia las costas libias. El 1 de agosto rescató a 55 personas (entre ellas, dos bebés y una embarazada), al día siguiente a 69 (dos niños y dos embarazadas) y el día 10 a 39. En total, 163.
Si regresa a España, el buque podría enfrentarse a una multa de hasta 901.000 euros por cometer una “infracción muy grave contra la seguridad marítima”, según la Ley de Puertos y Marina Mercante. También el capitán del buque podría perder su título profesional por cinco años. El Open Arms podrá alegar, sin embargo, que la ley del mar le obliga a rescatar a los náufragos. La cuestión a dirimir es si los encontró o fue a buscarlos.
