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Un programa casi pactado no basta

Las discusiones sobre los presupuestos son la base para lograr un acuerdo

Anabel Díez
SR. GARCÍA

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias serían capaces de acordar un programa de Gobierno en tres o cuatro días. Es lo que aseguran fuentes socialistas que se agarran a todo el trabajo realizado en la pasada legislatura. La campaña electoral fue para distanciarse y tratar de atraer por separado a los votantes de la izquierda, con el resultado conocido. Esa capacidad de pergeñar propuestas sólidas y elaboradas se sustenta en las muchas horas de negociación de sus respectivas fuerzas políticas hasta llegar a un acuerdo que fue mucho más allá que el pacto para los Presupuestos de 2019.

El programa no será el problema para que pueda haber un acuerdo, primero para la investidura, y, después para la legislatura. El choque se produce por la negativa de Sánchez a sentar en la mesa del Consejo de Ministros a un dirigente del partido de Pablo Iglesias, o incluso al propio secretario general de la formación. Hoy por hoy no hay la menor posibilidad; tampoco de que Podemos desista esa demanda, principio de toda negociación.

Aunque han pasado más de dos meses desde las elecciones, es a partir de este lunes cuando Pedro Sánchez se dedicará en exclusiva al objetivo de lograr su investidura. También Iglesias. La diferencia está en que el socialista quiere terminar la operación en julio y el plazo que se ha dado el líder de Podemos termina en septiembre.

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Este 8 de julio, el secretario general del PSOE reunirá a la comisión permanente de su partido para informar y escuchar opiniones de la dirección sobre la estrategia negociadora que va a seguir para sumar apoyos en segunda vuelta, el 25 de julio. Se da por descartado que tenga éxito la primera votación del día 23 y la previsión es que la tensión negociadora llegará hasta la víspera del 25. No cabe esperar, según las dos formaciones, que esta semana se supere la fase de la discusión sobre si habrá un Gobierno de cooperación, oferta de Sánchez, o de coalición, demanda de Iglesias. Lo nuevo será que el presidente en funciones formulará a Podemos, en su reunión del martes al mediodía en el Congreso, las líneas maestras del proyecto que pueden compartir. Entre ellas, están los acuerdos que firmaron en octubre, incluso ampliables y con un mayor compromiso de ejecución, a través de una comisión de verificación. Iglesias quedó quejoso de la traducción que tuvieron algunos de los decretos que el Gobierno aprobó en la última fase de legislatura ya que se quedaron cortos respecto a lo acordado.

La comisión de verificación será una garantía de que se cumple lo acordado. Pero desde fuera, sin ministros de Podemos en el gabinete. “El Gobierno no puede tener dos presidentes en la práctica. No puede ser que Pablo Iglesias adquiera un estatus similar al de Salvini, a quien se percibe como el primer ministro italiano y no como su ministro del Interior”, dice una fuente gubernamental.

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El escollo se apuntala en el tipo de relación que mantienen las dos fuerzas políticas. Y no en los contenidos, de momento. No solo hay sintonía en la elaboración de las cuentas del Estado, sino en un catálogo de leyes sobre derechos y libertades como la eutanasia, la ley mordaza y el compromiso de volver a debatir leyes de vivienda y la limitación de las rentas de alquiler, en la línea que defiende Podemos. En esas áreas en las que esta formación ha trabajado con más ahínco —también política energética y cambio climático—, el presidente en funciones considera que pueden estar los representantes de Unidas Podemos en altos niveles de la Administración, pero no como ministros.

El alto grado de cohesión del gabinete socialista, la solidaridad entre ellos, y el buen entendimiento personal, son características que destacan algunos de los ministros en funciones. “Llevarse bien” no es la razón fundamental para que Sánchez quiera repetir con muchos de sus ministros actuales pero sí es un ingrediente más para aspirar a que prime en su gabinete un alto grado de complicidad, sin nadie “de fuera”. Las negociaciones empezarán sin complicidad y en un formato que no es el habitual en este tipo de conversaciones. No hay equipos formados ni nombrados; no hay nuevos documentos. Esa fase aún no ha llegado aunque no se parte de cero: “Los 10 primeros meses de Gobierno desde la moción de censura son el punto de partida”, señalan interlocutores gubernamentales. Cada ministro, además, tiene preparado un programa de iniciativas que no pudo llevar a cabo por falta de tiempo.

La mención a lo que ocurrió en esos meses de Gobierno no solo incluye a Unidas Podemos sino también las votaciones favorables de grupos nacionalistas e incluso de Ciudadanos en algunos de los llamados decretos sociales de la primavera.

Pedro Sánchez no oculta que necesariamente se abrirá a otros apoyos más allá de Podemos porque solo con los de Pablo Iglesias no llega a la mayoría absoluta (la suma se queda a 11 escaños). Las materias y las reformas que pretende llevar a cabo colocan a Podemos por encima de todos los demás, pero no les convierte en el único interlocutor.

La reunión del martes viene precedida de la sorpresa que dio Sánchez al desvelar el jueves en Telecinco su razón para no coligarse con Podemos: las diferencias sobre Cataluña. Su portavoz parlamentaria, Irene Montero, no dudó en considerar que el presidente en funciones había encontrado la excusa que buscaba. Aún así, Sánchez prefiere un acuerdo programático con Unidas Podemos, pactos con el PNV, Compromís, PRC, UPN y CC, y llamadas a Ciudadanos y al PP para que no bloqueen la formación de gobierno. A ERC, y PDeCAT no les pedirá nada concreto pero habrá conversaciones. No así con Bildu.

"Cada uno tendrá que responder ante el electorado del porqué con su voto en contra si finalmente se convocan las elecciones”, atacan preventivamente desde La Moncloa. La intención de Sánchez es celebrar el 2 de agosto su primer Consejo de Ministros

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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