500 imputados desbordan a la magistrada de los ERE
La juez Núñez, denunciada por la Fiscalía por dejadez de funciones, instruye a la vez 150 causas de corrupción
La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción interpuesta esta semana contra la juez del caso ERE, María Núñez, por desatención y retrasos “injustificados”, tiene como trasfondo una montaña descomunal de papeles: decenas de piezas y cientos de imputados que ralentizan y minimizan cualquier avance en la macrocausa. Cada sumario, con decenas de recursos, declaraciones de testigos y peritos, y autos, provoca que las investigaciones avancen a paso de tortuga en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, órgano que acumula la mayoría de causas por corrupción de los anteriores Gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía tras 36 años en el poder.
Núñez sustituyó en 2015 a Mercedes Alaya con una concepción del delito radicalmente contraria a la de su antecesora. Mientras que Alaya, con una prosa incisiva repleta de adjetivos y juicios de valor, veía delitos en cada ayuda concedida por la Consejería de Empleo, Núñez rebajó los indicios hasta considerar a algunos beneficiarios de subvenciones “víctimas” de la Administración y archivar muchas líneas de investigación abiertas. Sin embargo, ambas compartían un volumen de trabajo desmesurado tasado por Alaya en dos millones de folios, que apilados superarían los 200 metros de altura. Para evitar tanto papel, dos funcionarios comenzaron en 2014 a escanear los documentos que hoy por hoy nadie se ha leído, confirman fuentes del juzgado.
El tamaño de los ERE fraudulentos viene condicionado por el hecho de que abarca una década de ayudas para empresas en crisis desde la Junta: en 2015 la macrocausa se dividió en 187 piezas, de las que hace seis meses quedaban vivas 146, tras 36 archivos y elevarse cinco a la Audiencia para celebrar juicio. En esas 146 investigaciones en marcha hay la friolera de 507 investigados. ¿Puede abarcar un solo juez una macrocausa descomunal sin incurrir en dilaciones indebidas?
“No puede. Con ese montón de imputados, de testigos, de peritos. Alaya tampoco podía. Además, hay un problema de dispersión. Te tienes que centrar para razonar los escritos y es imposible llegar a todo”, expone un fiscal que solicita el anonimato. A los ERE Núñez le suma la causa de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), con una pieza exclusiva que investiga el gasto en burdeles de ex altos cargos de la Junta, la del empresario Ángel Ojeda, los consorcios, las transferencias de financiación de la agencia Idea y la causa de los avales, recientemente archivada.
La titular del juzgado dispone de un juez de refuerzo para los casos ordinarios que entran cada día, pero en cuatro años no ha pedido otro compañero al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para las macrocausas.
La presión sobre Núñez es máxima. La juez acaba de pedir su segunda baja por motivos personales y de momento está alejada de las investigaciones. Esa presión ya afectó a su antecesora en el punto álgido de la instrucción, cuando en 2013 Alaya se dio de baja seis meses por padecer neuralgia del trigémino, un extraño trastorno que provoca intensos dolores.
Si el Poder Judicial admite la denuncia de Anticorrupción la próxima semana, la juez debe presentar sus alegaciones para rebatir los argumentos del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, desgranados con dureza en 110 páginas: “La situación es de parálisis (…) hay una inequívoca actuación dilatoria, incompatible con el cabal cumplimiento de sus deberes (…) una inactividad real y efectiva de impulso procesal”. Luzón hace un repaso con lupa por cada causa y acusa a la juez de ignorar los mandatos de sus superiores en la Audiencia, de alimentar el riesgo de prescripciones de los delitos, de ignorar por sistema sus escritos al archivar las investigaciones, y de “abrumadoras muestras de conductas irregulares”.
La denuncia podría culminar en archivo, multa o expulsión de la carrera judicial, pero ya ha supuesto una mancha que afecta al prestigio y la moral de una instructora que ha sufrido recusaciones, titulares con medias verdades y un ataque descarnado del PP, que hace un mes la denunció por tres delitos: desobediencia, prevaricación judicial y retardo malicioso de la Administración de justicia. “No prestamos un servicio religioso, pero parecido. Es un trabajo con mucho sacrificio y genera estrés, pero no da lugar por sistema a bajas, aunque sí eleva la posibilidad”, estima el juez decano de la capital andaluza, Francisco Guerrero. Núñez ha recibido estos días el apoyo de los jueces de instrucción sevillanos y la asociación de jueces Francisco de Vitoria, que ha denunciado "una campaña de acoso y derribo" contra la magistrada.
En 2017 —último año con cifras conocidas— la comisión disciplinaria del CGPJ visó 34 denuncias tras recibir 1008 actuaciones previas del Servicio del Promotor. De estas 34, la comisión disciplinaria investigó 24, de las que archivó nueve y 15 concluyeron con una sanción para los magistrados, seis de ellas por retraso y tres por desatención en las investigaciones, según la memoria de ese año del CGPJ.
Si el Consejo decide no sancionar a la juez, su labor diaria seguirá escrutada al milímetro con una tendencia reciente de sus superiores que no se traduce en respaldo. “Los dos últimos años el gato al agua en la Audiencia se lo ha llevado la fiscalía por cuestiones de fondo”, revelan fuentes de la Sección Séptima, que resuelve en torno a un centenar de recursos de apelación al año. Núñez ha declinado pronunciarse para este reportaje.
Y si por el contrario es apartada o multada, es probable que abandone el juzgado tal y como ha trasladado a su entorno en alguna ocasión. Se iniciará entonces un concurso entre jueces para ocupar su plaza de titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que ganará el de mayor antigüedad en la carrera. Pero en paralelo se abre la incertidumbre sobre el perfil del nuevo titular. Sobre cómo serán instruidas las causas de corrupción de la etapa socialista en la Junta, si bajo el prisma severo de Alaya o más laxo de Núñez. Y dada la insistencia con la que el PP ha cargado contra los socialistas por culpa de estas investigaciones, su discurso de la próxima legislatura depende en gran parte de ello.
Desde el PSOE, un alto dirigente valora: “Ha habido una gran campaña mediática, y con la denuncia de fiscalía está claro que van a por ella. El problema del PP es que sabe que muchas causas no tienen consistencia, pero me preocupa su utilización partidista. Este Gobierno de la ilusión y del cambio terminará de hablar algún día de los socialistas. Cuando su gestión se vea”.
Mercedes Alaya: solo 2 condenados de 36 procesados
Mercedes Alaya se convirtió en juez estrella con habitual presencia mediática desde que en 2011 comenzó a investigar a los dirigentes socialistas al frente de la Junta de Andalucía durante la década anterior. En la macrocausa de los ERE encarceló de manera preventiva a un consejero, altos cargos, empresarios y abogados, además de señalar a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, enjuiciados el año pasado por la pieza política y pendientes de sentencia.
Sin embargo, hasta ahora el resultado final de sus investigaciones al frente del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha sido muy desigual: de las 36 personas procesadas por diferentes causas de corrupción, solo dos exdirectivos de la empresa municipal Mercasevilla resultaron condenadas. Por el camino quedaron causas desinfladas por completo como el caso Betis contra su expresidente Manuel Ruiz de Lopera, o la venta de suelos en la lonja municipal, con varios concejales absueltos.
En 2015 la magistrada ascendió a la Audiencia de Sevilla y desde entonces preside juicios y redacta autos y sentencias. Pero gracias a declaraciones incendiarias no se ha alejado del foco mediático.
Hace un año Alaya dijo en un acto público que entregar la instrucción de las causas judiciales de corrupción a la fiscalía sería como “tener al lobo metido dentro del gallinero”. El Consejo General del Poder Judicial le abrió un expediente para estudiar si debía sancionarla, pero lo archivó.
En ese mismo acto, Alaya afirmó que para elegir el fiscal general del Estado no se tiene en cuenta los méritos profesionales sino la afinidad política, para así poder elegir a personas "dispuestas a cumplir las directrices de los partidos políticos de turno". Y un año antes a raíz del caso Lezo, había declarado: "No se puede utilizar a los fiscales como lacayos".
En esa primavera de 2018, en una entrevista con Abc, Alaya aseguró que el PSOE y el PP la apartaron de las macrocausas porque tenían "miedo" a que investigara los cursos de formación después de que hallara "cosas asombrosas" y hechos "sumamente graves". En esa ocasión, la juez criticó con vehemencia a dos compañeros magistrados, lo que provocó la queja de los 21 jueces de instrucción sevillanos, que mostraron su "absoluto rechazo" a sus declaraciones.
Hace un mes, Vox propuso a Alaya para presidir un organismo independiente de protección de los denunciantes de corrupción, según su proposición de ley elevada al Congreso. Preguntada por la oferta del partido de ultra derecha, Alaya rechazó comentarla.
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