La Fiscalía denuncia ante el Poder Judicial a la juez del ‘caso ERE’

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la juez María Núñez, instructora del caso de los ERE fraudulentos, para que emprenda acciones disciplinarias contra ella por la “desatención y retrasos injustificados” en las investigaciones derivadas de esta macrocausa y en otras, como el caso Idea y el caso avales, investigación archivada el pasado mayo. En estos sumarios del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla son investigados anteriores responsables socialistas de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE hasta las pasadas elecciones autonómicas del 2 de diciembre.

Tras la denuncia del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, las consecuencias para la juez, que está de baja laboral por motivos personales desde hace dos semanas, podrían ser varias si prospera la tesis planteada por los seis fiscales delegados de Anticorrupción en Sevilla: una multa de 501 a 6.000 euros en caso de que el pleno del Consejo estime la falta como grave, o por el contrario la suspensión, el traslado forzoso o la expulsión de la carrera judicial si los magistrados ven como muy grave la falta en la que haya incurrido Núñez.

Anticorrupción considera que la instructora, que acaparó en 2015 las principales causas de corrupción de la etapa socialista en la Junta andaluza tras la salida de su antecesora Mercedes Alaya, ha retrasado de manera intencionada las investigaciones para que no lleguen a buen puerto. En estos años Núñez ha archivado numerosas piezas de la macrocausa de los ERE, que excepto la pieza política pendiente de sentencia, engloba otras 200 investigaciones separadas en las que los fiscales ven delito y la juez solo irregularidades administrativas.

Además, hace un año Núñez archivó la pieza central de la investigación por los cursos de formación a petición de la Fiscalía. Salvo en esta investigación, la discrepancia es casi total entre Núñez y los fiscales, alineados con el PP, que está personado como acusación en los procesos. Casi por sistema las decisiones de la magistrada han sido recurridas ante la Audiencia de Sevilla, que a veces ha apoyado a la magistrada y otras la ha corregido.

La Fiscalía General del Estado ha difundido el comunicado que resume su denuncia, en la que considera a la magistrada responsable de una falta “grave o muy grave” por “la desatención y retrasos injustificado en la tramitación y resolución [de estas causas], con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia”.

La Fiscalía Anticorrupción considera que, por este motivo, “está resultando imposible proceder en los términos exigidos por la ley” para lograr el esclarecimiento de los hechos y determinar la responsabilidad de los partícipes, en su mayoría ex altos cargos de la Junta. “Favoreciéndose, con todo ello, que el ejercicio de la acción penal no alcance sus objetivos”, ha denunciado el ministerio público en su escrito presentado ante el Poder Judicial.

En paralelo a esta denuncia de Anticorrupción, el Partido Popular ha ido aún más lejos y esta primavera elevó un escrito a la Audiencia de Sevilla en el que acusa a Núñez de violar la tutela judicial efectiva. “Desobedeció consciente y deliberadamente lo ordenado por segunda vez por esa Ilma. Audiencia Provincial mediante auto de 25 de enero de 2018”, exponía el duro escrito de los populares sobre la magistrada.

En su escrito, el PP acusaba sin medias tintas a la magistrada de mantener una “conducta ilegal” y le achacaba tres delitos: desobediencia, prevaricación judicial y retardo malicioso de la Administración de justicia. Los populares reclamaron a la Audiencia que obligue a la instructora a entregar “los expedientes y documentos necesarios para la práctica de diligencias y elaboración de informes” encomendados en 2015 por la juez Mercedes Alaya.