La Fiscalía insiste en pedir la absolución del PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas
La acusación particular pide una multa de hasta 10,8 millones de euros al partido y penas de hasta cuatro años de prisión para tres exempleados
El caso sobre el borrado de la memoria de los ordenadores de Bárcenas, que acechaba al Partido Popular desde hace seis años, ha quedado este viernes visto para sentencia. La Fiscalía, como ya hizo al inicio del juicio, ha pedido la absolución del PP al considerar que si borró los discos duros de los dos portátiles que usaba el extesorero lo hizo porque eran de su propiedad y sin causar daños a terceros. La representante del ministerio público no considera que el partido actuara con el afán de destruir pruebas ni con intención de obstaculizar la acción de la justicia que investigaba la existencia de una caja b en el PP.
En su escrito de conclusiones, la fiscal Carmen Luciáñez no ve ninguna prueba de los delitos de daño informático o de encubrimiento y sí muchas dudas sobre la destrucción de los dos portátiles que usaba Luis Bárcenas en la sede de los populares en la calle Génova y que, según el testimonio del extesorero, contenían pruebas sobre la financiación irregular. Durante las cinco sesiones que ha durado la vista oral, que ha sentado en el banquillo al PP y a tres de sus empleados, por el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid han comparecido testigos y peritos que han enfrentado sus versiones.
El propio Bárcenas, que está cumpliendo una pena de 33 años en la cárcel de Soto del Real (Madrid) por el caso Gürtel, testificó en persona. Aseguró ante el juez que los dos portátiles que tenía en la sala Andalucía de la sede del partido eran de su propiedad y contenían información comprometida sobre la caja b del PP.
Los populares sostienen todo los contrario. Representados en la sala por una abogada, el PP asegura que desconocía el contenido de los ordenadores y que, como eran propiedad del partido, los sometieron a los procesos “habituales” de borrado una vez que Bárcenas fue expulsado del partido tras descubrirse la existencia de sus cuentas en Suiza. Cuando el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz pidió en agosto de 2013, en el marco de la investigación de la caja b del PP, los dos portátiles a los responsables del partido, uno de ellos carecía de disco duro y el otro había sido formateado hasta en 35 ocasiones.
La fiscal, al igual que las defensas, ha destacado que el testimonio de Bárcenas carece de “credibilidad” y ha defendido que las “dudas” siempre tienen que interpretarse a favor del reo, por lo que ha pedido la absolución del PP, de su extesorera Carmen Navarro, del responsable jurídico Alberto Durán y del informático Juan Manuel Moreno.
Como parte de la acusación popular, que por primera vez ha sentado en el banquillo a un partido como persona jurídica, Izquierda Unida ha pedido 10,8 millones de euros al PP por destruir los discos duros y cuatro años y medio de prisión para sus empleados por un delito de encubrimiento. El Observatori DESC solicita una multa de dos millones para el partido y penas de entre tres y cuatro años para los trabajadores y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa pide una multa de 108.000 euros y penas de uno a dos años de prisión.
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