El pecado más grosero del PP en el ‘caso Bárcenas’

Cuando el juez Pablo Ruz investigaba en 2013 la existencia de una caja b con la que se financiaba ilegalmente el PP, la dirección del partido ordenó destruir la memoria de dos ordenadores que usaba Luis Bárcenas, su gerente y tesorero durante 20 años. Seis años después, el PP se sienta en el banquillo por un delito de encubrimiento.

El PP justifica este borrado indiscreto en el protocolo habitual de cualquier empresa cuando se despide a un trabajador y sus ordenadores pasan a otra persona. Pero ha sido incapaz de evitar que el aroma del delito se extienda sobre aquella maniobra sospechosa y que varios jueces hayan apreciado indicios suficientes para abrir juicio por el delito de encubrimiento contra el PP, su tesorera y su jefe de los servicios jurídicos. A finales de mayo de 2013, los empleados del PP se afanaron en destruir aquellas pruebas que guardaban los ordenadores de Bárcenas mediante la “sobreescritura de su disco duro, hasta en 35 ocasiones, su posterior ralladura y por último, los tiró a la basura”, según el relato judicial. Por aquellas fechas, el PP ya conocía que la investigación judicial estaba atando cabos para demostrar la financiación ilegal de este partido entre 1990 y 2009.

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EL PAÍS había publicado el 31 de enero de 2013 los papeles de Bárcenas, donde se recogían mediante anotaciones manuscritas las donaciones ilegales por ocho millones de euros de empresarios, la mayoría contratistas de la Administración. En esos mismos papeles se registraron decenas de pagos a la cúpula del PP repartidos en sobresueldos trimestrales nunca declarados a Hacienda.

Bárcenas, imputado en el caso Gürtel desde 2009, recibió un trato privilegiado de su partido cuando, tras estallar el escándalo, dimitió como senador y fue destituido como tesorero. Desde entonces —finales de 2010—, Bárcenas dispuso de una sala en la sede central del partido donde guardaba 27 cajas de documentación, los dos ordenadores y un trineo; recibió uno de los sueldos más altos de la organización (20.000 euros brutos al mes), y mantuvo chófer y secretaria. A raíz de la publicación por EL PAÍS de la contabilidad paralela del PP, el extesorero se convirtió en un apestado para la dirección de su partido, que dejó de pagarle la nómina argumentando que se había producido un despido en diferido, le retiró el chófer y la secretaria y le prohibió el acceso a la sala donde guardaba sus cosas.

Bárcenas recurrió a los tribunales contra su despido y reclamó sus pertenencias. El PP le devolvió 27 cajas de documentación y un trineo, pero se quedó con los dos ordenadores, sobre los que aplicó una concienzuda operación de borrado. Cuando el juez reclamó esas pruebas, en julio de 2013, descubrió que los ordenadores carecían de memoria. Llegó dos meses tarde. Nadie sabe nada sobre lo que guardaba esa memoria, pero su dueño ha explicado en los juzgados el contenido de los archivos que amenazaban el honor de un partido herido por la corrupción. En el ordenador de marca Toshiba guardaba información relativa a la financiación opaca del PP, aunque hizo antes una copia de esa documentación y la aportó a la Audiencia Nacional, según Barcenas.

En el segundo, un MacBook de Apple, almacenaba “información sobre sus viajes, pantallazos de correos electrónicos, correos con su secretaria, documentos sobre Libertad Digital [empresa de comunicación a la que el PP inyectó casi 500.000 euros procedentes de su caja b], agenda con reuniones mantenidas con su jefe, Álvaro Lapuerta, y donantes del partido, escaneados de diversos pagos de la contabilidad b del partido firmados, detalles de presupuestos de campañas electorales y otras operaciones personales de venta de obra de arte además de información sobre sus cuentas en Suiza”.

Aunque la investigación judicial del caso Bárcenas ha reunido a lo largo de los últimos seis años abundantes pruebas de la financiación ilegal, el contenido de ese disco duro, si Bárcenas ha contado la verdad, hubiera supuesto una puntilla definitiva a la historia más negra del PP. El juez Pablo Ruz encontró que aquellos hechos podrían ser delictivos pero que la Audiencia Nacional no era la competente para juzgarlos y los remitió a plaza de Castilla. Aquí, tras una tormentosa instrucción de seis años, con el PP intentando obstaculizar la investigación y con la Fiscalía insistiendo en el archivo de la causa, la juez Rosa Freire ha llegado hasta el final.

Un tribunal unipersonal juzga ya estos hechos, que tienen toda la apariencia de una grosera destrucción de pruebas. Todo lo que la juez instructora investigó durante años apunta a que el PP hizo un borrado minucioso de los ordenadores de Bárcenas para obstaculizar una investigación judicial. Para entonces, la Audiencia Nacional disponía ya de numerosos indicios de la financiación ilegal del PP. Aunque los ordenadores de Bárcenas, según el extesorero, guardaban más pruebas, más sólidas y más definitivas.