Cómo cobrar la pensión del abuelo muerto hasta que cumpla 105 años

Para la entidad bancaria y la Seguridad Social, el longevo beneficiario seguía vivo. En los documentos que presentaba su nieta María Avelina el hombre tenía 105 años, pero en realidad había fallecido en enero de 1996. Ella, una vecina de la localidad de A Estrada (Pontevedra), pudo cobrar hasta 2016, durante veinte años, la pensión del abuelo hasta que fue pillada en el trámite de un papeleo y acusada de un delito de estafa continuada.

La acusada ha sido juzgada en la Audiencia de Pontevedra y después de reconocer que estafó a la Seguridad Social más de 132.000 euros, a lo que hay que sumar los intereses acumulados de la deuda, ha sido condenada a dos años de prisión tras cerrar un acuerdo con la Fiscalía. Pero ni cumplirá la pena, porque no tiene antecedentes, ni pagará ni un euro a las arcas públicas porque ha sido declarada insolvente por el tribunal. Su abogado la ha eximido de toda culpa porque durante años nadie le pidió documentación ni fe de vida de su abuelo.

El caso ha trascendido al mismo tiempo que el Tribunal de Cuentas ha constatado que Galicia es la segunda autonomía (seguida de la Comunidad Valenciana) donde más estafas se han detectado en el cobro de pensiones no contributivas en España. El organismo fiscalizador le ha puesto cifra a esta sangría: 11,2 millones de euros que se han pagado a personas muertas entre 1997 a 2016 a cuenta del Imserso en el conjunto del Estado.

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Los magistrados de Pontevedra tendrán que resolver en sentencia quién paga los platos rotos, si el culpable ha sido el banco o la Seguridad Social, porque no ha habido acuerdo entre ellos. Por lo pronto no consta que la entidad bancaria realizase la comunicación anual de pervivencia del beneficiario de la pensión a la que está obligado por el Reglamento General de Gestión Financiera de la Seguridade Social.

El banco ya ha abonado más de 33.000 euros como responsable civil subsidiario, pero quedan pendientes por abonar unos 100.000 euros. Un importe que se ha negado a pagar porque cree que las cantidades que cobró la mujer indebidamente antes de 2006 es una deuda ya prescrita.

Pero el fiscal jefe de la provincia Juan Carlos Aladro no ha aceptado tal prescripción al tratarse de un delito continuado.”Evidentemente ha habido una negligencia porque esto ocurrió durante veinte años sin que nadie comprobara nada”, ha reprochado en el juicio. El Ministerio Público cree que es el banco el que debe pagar porque es el responsable de verificar que los beneficiarios de las prestaciones públicas siguen vivos. Una tesis que también ha defendido el abogado del Estado para exculpar a la Seguridad Social.

Este es uno de los casos de la picaresca gallega más paradigmático y siguen aflorando nuevos timos en los juzgados. Esta semana otra mujer fue pillada en Ourense después de haber cobrado durante ocho años la pensión de un tío al que cuidó hasta su fallecimiento. La Fiscalía también implica a su marido en la presunta estafa que asciende a 130.000 euros.

En 2018 un matrimonio de A Coruña fue condenado a tres años y medio de prisión y a devolver el subsidio del padre de ella que la pareja estuvo cobrando durante 24 años. El beneficiario falleció en 1991, pero la Xunta de Galicia le creyó vivo hasta 2015 cuando se descubrió el muerto.