Las 12 adjudicaciones a OHL investigadas por el juez suman 418 millones de euros

La investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Lezo, sobre el supuesto pago "generalizado" de comisiones a funcionarios por parte de responsables de la constructora OHL para hacerse con contratos públicos alcanza cifras multimillonarias. En su último auto, del pasado 28 de mayo y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado solicita información detallada de los expedientes de licitación de 12 obras públicas adjudicadas a la constructora y a su filial Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO) que supusieron un desembolso a las arcas públicas de 418 millones de euros, según la información recogida en el BOE. Una de estas adjudicaciones fue financiada con dinero de la UE a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El juez, que ya ha tomado declaración a, al menos, siete directivos y exdirectivos de la empresa cuyo máximo accionista es Juan Miguel Villar Mir, ya imputado en la causa, interrogará en las próximas semanas a un octavo empleado y a seis políticos vinculados con las licitaciones bajo sospecha. Un portavoz de la constructora ha desligado este lunes a la la empresa de las irregularidades y responsabiliza de la presunta comisión de las mismas a empleados que actuaron sin conocimiento de la dirección.

En su nuevo auto, García-Castellón recoge íntegra la petición que hizo el pasado 23 de mayo la Fiscalía Anticorrupción para dar un nuevo impulso a esta investigación encuadrada en la pieza separada número 8 del sumario del caso Lezo, y que se había mantenido secreta hasta marzo. A lo largo de 11 páginas, el juez enumera 16 diligencias a practicar, entre ellas reclamar dichos expedientes. Así, a la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento, le reclama los expedientes de tres obras adjudicadas una en 2003 y las otras dos en 2007. Se refiere, en concreto a la construcción de un tramo de la Autovía de La Plata que une Gijón y Sevilla y que costó 42,7 millones de euros. También reclama datos de los contratos de las obras de la nueva ronda de circunvalación oeste de la autovía A-7 a su paso por Málaga (72,2 millones) y de la variante exterior de Granada de la Autovía A-44 (38,3 millones). En total, 153,3 millones. Por estas adjudicaciones deberá declarar como imputado en fecha aún por fijar Luis Manuel Bruno Romero, ex subdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento en la etapa del PP. 

A la Autoridad Portuaria de Melilla, el juez le reclama el expediente del proyecto de mejora del calado del muelle Ribera II del puerto de la ciudad norteafricana, una obra que costó 5,9 millones de euros y que fueron financiadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Por esta adjudicación ha sido citado a declarar como imputado el 13 de junio José Luis Almazán Palomino, que fuera dirigente del PP de Melilla y antiguo número dos del Puerto de Melilla. El magistrado también ha llamado a declarar ese día como imputado a Albino Pardo Rodríguez, exdirector del Puerto de Cádiz. En su caso por las obras de ampliación del muelle Marqués de Comillas, en la capital gaditana, en el que se invirtieron 21,7 millones de euros.

A la Autoridad Portuaria de Almería-Motril, el magistrado reclama el expediente del proyecto de desarrollo del muelle de Poniente del puerto de Almería, un contrato de 18,9 millones de euros. Y a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, los expedientes de las obras de ampliación del Puerto de la Estaca, en la isla de El Hierro (29,3 millones), y los de la obra de abrigo del puerto de Granadilla (114,5 millones). Por estos dos últimos contratos ha sido imputado Luis Pedro Suárez Trenor, expresidente del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y exdirigente de Coalición Canaria.

Además, el juez reclama a la entidad de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, dependiente de la Junta de Andalucía, la documentación sobre tres obras: la referida a la construcción de un nuevo puente sobre el río Genil y paso de ferrocarril en Loja (4,4 millones); la de la renovación de 32 kilómetros del firme de la carretera A-92 (8,2 millones); y la de las obras de la variante de Baza de la A-334 para conectar con la A-92N (7,7 millones). Por estos contratos deberá declarar como imputado el próximo 12 de junio Abelardo Genaro Moya, exgerente de la empresa pública adjudicataria en la etapa del PSOE.

Finalmente, solicita a la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del gobierno canario información sobre la obra de mejora de la carretera GC-2 en el tramo Santa María de Guía-El Pagador (53,5 millones). Por este contrato, ha sido imputado Antonio Ángel Castro Córdobez, dirigente de Coalición Canaria que ocupaba la cartera de Infraestructuras (2003-2007) cuando se produjo la adjudicación. Castro Córdobez, que fue senador por la UCD entre 1982 y 1986, era el presidente de la Cámara autonómica en la pasada legislatura y no se presentó a las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo.