“Esperemos que no tenga nada, se puede montar la de Dios”

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Lezo de corrupción, acaba de abrir nuevas líneas de investigación para recabar pruebas sobre el supuesto pago de una comisión ilegal de 1,4 millones de euros al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la adjudicación de las obras del tren a Navalcarnero a la constructora OHL. El magistrado ha reclamado a esta compañía el volcado del equipo informático y del correo electrónico de una secretaria de esta empresa después de que una reciente intervención telefónica a un exdirectivo revelase "la profunda preocupación" de este por el material que la mujer pudiera guardar. El antiguo alto cargo de la compañía mostraba en sus conversaciones su interés en que se forzase a la testigo a declarar en determinado sentido y se destruyera dicha información: “Esperemos que no tenga nada, se puede montar la de Dios”. Además, el magistrado ha solicitado toda la información sobre las llamadas realizadas o recibidas entre el último año por ocho líneas de teléfono. Cuatro de ellas pertenecen al máximo accionista de OHL, el empresario Juan Miguel Villar Mir.

La decisión del juez se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le remitiera dos escritos en los que le solicitaba la práctica de estas nuevas diligencias para recabar indicios sobre el abono de dicha mordida por la que están imputados el propio Villar Mir; su yerno, Javier López Madrid; el empresario Adrián de la Joya; y tres exdirectivos de la compañía, además de Ignacio González. La transferencia de los 1,4 millones de euros se realizó en 2007 desde dos filiales de la constructora en México y tuvo como destino una cuenta suiza del banco Anglo Irish Bank, controlada por la fundación panameña Lauryn Group. Según los investigadores, el dinero tenía como destino pagar un soborno a Ignacio González. Solo un mes después del pago, OHL se hizo con el concurso. Hasta ahora, González ha asegurado que nunca recibió el dinero. Sin embargo, el titular de la fundación panameña que recibió los fondos, Adrián de la Joya, admitió que López Madrid le envió el dinero para que se lo transfiriera a su vez al presidente madrileño, pero que se quedó con los fondos para saldar una deuda que aseguraba que las empresas de Villar Mir tenían con él por un proyecto en África.

En uno de sus escritos, la Guardia Civil solicita al juez que reclame a la constructora que entregue el ordenador utilizado por Olga G. T., la secretaria de la compañía que trabajaba junto a uno de los exdirectivos bajo sospecha. También que pida copia de los archivos elaborados por esta empleada que pudieran estar guardados en los servidores de la compañía, así como de su buzón de correo electrónico desde el año 2007, fecha en la que se pagó el supuesto soborno. En el auto en el que acepta la práctica de dichas diligencias, el juez destaca que cuando esta mujer declaró como testigo ante la Guardia Civil aportó “determinados archivos informáticos que contienen documentos que tiene en su poder con motivo de sus servicios” a este exdirectivo. Entre ellos figuraba un documento denominado ‘contrato consultori.doc’ en el que se incluían “determinados datos que se corresponden con los conceptos que constan en las facturas investigadas supuestamente emitidas por [la fundación panameña] Lauryn Group que sirvieron de soporte para las transferencias” vinculadas al pago de la supuesta comisión por el tren a Navalcarnero.

El magistrado añade que una reciente intervención telefónica al ex director general de OHL Rafael Martín de Nicolás reveló “la profunda preocupación” de este porque la trabajadora “pudiera conservar ciertos archivos”. El ex alto cargo de la compañía pedía en esa llamada a su interlocutora que “comprobase que se hubiesen borrado” y le insinuaba que se le diesen “ciertas instrucciones a Olga sobre su posible declaración”. García-Castellón reproduce el fragmento de una conversación de este exdirectivo que, en su opinión, demuestra “la importancia que pudieran tener los archivos” en poder de dicha secretaria: “Pues… pues esperemos que no tenga nada, porque si es así, tener la sesta (sic) que no queda nada por ahí, porque es que, es que podemos montar, vamos, la de Dios”. El juez mandó el pasado 22 de marzo a la UCO a recoger dicho ordenador a la sede de la OHL.

En esta misma línea, García-Castellón ha autorizado una segunda diligencia solicitada por la Guardia Civil. Los investigadores habían pedido al magistrado tener acceso al tráfico de llamadas registrado entre el 1 de abril de 2017 –algo más de dos semanas antes de que se produjeran las primeras detenciones del caso Lezo- y el pasado 16 de febrero de ocho líneas de teléfono. Cuatro de ellas -tres móviles y una fija- tienen como usuario a Villar Mir, quien ya declaró como imputado por estos hechos y que volverá a hacerlo en las próximas semanas. El empresario ha negado hasta ahora cualquier irregularidad en su actuación. De otro de los números investigador es titular su yerno, López Madrid, mientras que las tres restantes figuran a nombre de los exdirectivos de OHL Felicísimo Ramos y Rafael Martín de Nicolás, este último el que alertaba sobre el contenido presuntamente incriminatorio del ordenador de la secretaria. La UCO también reclamaba las llamadas que pudieran haber hecho dos líneas de móvil británicas durante la estancia de sus usuarios en España. El juez ha admitido su práctica ante “la existencia de fundadas sospechas de que supuestamente tales datos pudieran dar información sobre relaciones o vinculaciones con los autores del delitos investigado y pruebas que permitieran avanzar en la investigación”.