El juez investiga 12 obras públicas de OHL e imputa a seis políticos que las adjudicaron

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Lezo, ha reclamado a siete organismos de la Administración información detallada sobre la licitación de 12 obras públicas que fueron adjudicadas entre 2002 y 2009 a la constructora Obrascón Huarte Lain (OHL) y a su filial Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO). Además, el magistrado ha imputado por cohecho a seis políticos por su presunta implicación en las supuestas irregularidades de dichos contratos, a tres de los cuales los ha citado para interrogarlos el próximo 12 de junio.

Las nuevas diligencias se producen después de que hayan pasado a declarar por la Audiencia Nacional varios directivos y exdirectivos de OHL tras descubrirse en el transcurso de la investigación que uno de ellos había grabado a menos 21 conversaciones con otros empleados de la compañía en los que se trataba del pago de sobornos para conseguir adjudicaciones. En un reciente escrito, la Fiscalía Anticorrupción destacaba que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había destapado “una práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos” por parte responsables del Grupo OHL, cuyo máximo accionista es Juan Miguel Villar Mir, ya imputado en la causa por otros hechos. La empresa aún no ha sido imputada como persona jurídica, destacan este lunes fuentes de la misma.

El auto de García-Castellón, adelantado por el diario Vozpópuli y al que ha tenido acceso EL PAÍS, recoge íntegra la petición que había hecho el pasado 23 de mayo Anticorrupción para dar un nuevo impulso a una investigación encuadrada en la pieza separada número 8 del sumario del caso Lezo y que se había mantenido secreta hasta el pasado mes de marzo. A lo largo de 11 páginas, el juez enumera hasta 16 diligencias a practicar, entre ellas reclamar a diversas administraciones públicas, estatales y autonómicas, toda la documentación sobre determinadas adjudicaciones a OHL.

Así, a la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Fomento, le reclama los expedientes de tres obras adjudicadas una en 2003 y las otras dos en 2007. Se refiere, en concreto a la construcción de un tramo de la Autovía de La Plata que une Gijón y Sevilla a su paso por el término de Aldea del Cano. También a las obras de la nueva ronda de circunvalación oeste de la autovía A-7 a su paso por Málaga y a la variante exterior de Granada de la Autovía A-44.

A la Autoridad Portuaria de Melilla le reclama el expediente del proyecto de mejora del calado del muelle Ribera II del puerto de la ciudad norteafricana, que fueron financiados con dinero de la UE a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). A la Autoridad Portuaria de Almería-Motril, la documentación del proyecto de desarrollo del muelle de Poniente del puerto de Almería; a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, la de las obras de ampliación del mueble Marqués de Comillas, en la capital gaditana; y a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, los expedientes de las obras de ampliación del Puerto de la Estaca, en la isla de El Hierro, y los del abrigo del puerto de Granadilla.

Además, el juez reclama a la entidad de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, dependiente de la Junta de Andalucía, la documentación sobre tres obras: la referida a la construcción de un nuevo puente sobre el río Genil y paso de ferrocarril en Loja; la de la renovación de 32 kilómetros del firme de la carretera A-92; y la de las obras de la variante de Baza de la A-334 para conectar con la A-92N. Finalmente, solicita a la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda de las islas Canarias la información sobre las obras de Santa María de Guía y El Pagador.

Junto a esta petición de información, el juez ha imputado a seis políticos que ocupaban cargos públicos relacionados con algunos de los organismos de la Administración que adjudicaron estas obras. A tres de ellos ya los ha citado para declarar como investigados los próximos 12 y 13 de junio. Se trata de Abelardo Genaro Moya (exgerente de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de la Junta de Andalucía), José Luis Almazán Palomino (que fuera dirigente del PP de Melilla y exnúmero dos del Puerto de Melilla) y Albino Pardo Rodríguez (exdirector del Puerto de Cádiz).

Aún no tienen fecha de comparecencia, aunque el magistrado ya les ha comunicado su imputación, Luis Manuel Bruno Romero (exsubdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento en la etapa del PP), Luis Pedro Suárez Trenor (expresidente del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y exdirigente de Coalición Canaria) y Antonio Ángel Castro Cordobez (exconsejero de Infraestructuras de Canarias y diputado regional de Coalición Canaria en la pasada legislatura). También ha sido imputado y deberá comparecer para declarar el 12 de junio Mariano Javier Peláez Toré, directivo de OHL.

La pista que permitió iniciar esta investigación la facilitó una empleada de OHL a quien la Guardia Civil tomó declaración como testigo dentro del caso Lezo y, en concreto, sobre el supuesto pago por parte de la constructora de una comisión ilegal de 1,4 millones de euros al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la adjudicación de las obras del tren a Navalcarnero. La trabajadora apuntó en dos ocasiones que Paulino Hernández -directivo de la compañía que ha sido llamado a declarar en, al menos, dos ocasiones y que en su última comparecencia ante el juez la pasada semana se acogió a su derecho a guardar silencio- podría tener en su poder grabaciones sobre otras prácticas irregulares en OHL más allá de este supuesto pago al expresidente madrileño.

La Guardia Civil solicitó entonces al juez una orden de registro en el domicilio del exdirectivo que se realizó el 27 de febrero de 2018. Del mismo, los agentes se llevaron dos discos duros, cinco teléfonos móviles y otros dispositivos de memoria, entre ellos el DVD donde aparecieron los 21 audios. Hernández reconoció posteriormente ante el juez que él era el autor de las grabaciones y que las había realizado sin el conocimiento de sus interlocutores. En uno de estos audios se escucha una conversación entre él y Felicísimo Ramos, quien fuera director de Control de Gestión de OHL, en la que ambos cuentan dinero en efectivo que supuestamente iba a servir para pagar una comisión a un alto cargo de Andalucía a cambio de la adjudicación de una obra de carreteras. A Ramos se le había intervenido ya un pendrive que contenía un archivo con una contabilidad en la que se recogían pagos de cantidades coincidentes con algunos de los supuestos sobornos recogidos en las grabaciones.

Ambos directivos fueron citados el pasado 8 de marzo para declarar, ya como imputados, por el contenido de uno de estos audios. A comienzos de mayo lo hacían otros cuatro directivos de la compañía. Todos ellos negaron cualquier irregularidad y justificaron esos pagos como adelantos a proveedores. Desde que en marzo se conoció la investigación, OHL ha recalcado que “mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción”. Este lunes, portavoces de la constructora insistían en el mismo mensaje.