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El juez Santiago Vidal obtiene plaza en Barcelona tras cumplir la sanción por redactar una ‘Constitución’ catalana

El Supremo le reconoció el derecho a volver a la carrera tras cuatro años apartado

El exmagistrado y exsenador Santiago Vidal.
El exmagistrado y exsenador Santiago Vidal. EFE

El magistrado Santiago Vidal, exsenador de ERC y uno de los cerebros jurídicos del procés, volverá a la judicatura en el Juzgado de lo Social 27 de Barcelona. Vidal ha obtenido esta plaza en un concurso de traslado después de que el Tribunal Supremo reconociera en marzo pasado su derecho a reingresar en la carrera judicial tras cumplir una sanción de tres años por participar en la redacción de un borrador de Constitución para Cataluña. La sanción le acarreó la pérdida de la plaza que ocupaba en la Audiencia Provincial del Barcelona.

El exsenador, de 65 años, fue castigado en febrero de 2015 como responsable de una infracción disciplinaria muy grave, prevista en el artículo 417.14 de la ley ("ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales”). El Consejo General del Poder Judicial le expulsó de la carrera durante tres años, el plazo máximo de suspensión previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero cuando se cumplió este periodo, el órgano de gobierno de los jueces decidió prorrogarlo aplicando el artículo 367.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esa decisión condenaba a Vidal a colgar la toga de forma indefinida, pero el Tribunal Constitucional declaró nulo en diciembre de 2018 parte de ese artículo de la que establecía que para el reingreso de los jueces sancionados el Consejo debe pronunciarse previamente sobre su aptitud. Esta decisión abrió de nuevo la puerta al exsenador para volver a la judicatura y el Supremo le reconoció en marzo ese derecho.

Tras la sentencia del alto tribunal, la comisión permanente del Poder Judicial declaró el reingreso al servicio activo del magistrado, con efectos del 9 de marzo de 2018, fecha en la que cumplió la sanción de tres años de suspensión. La resolución del alto tribunal obliga al CGPJ a compensar económicamente al juez por el año que prorrogó su suspensión.

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