Otra pregunta, por favor

Si esta crónica tiene que ser un reflejo de la jornada, malo. No se recuerda un día tan insulso, tan plúmbeo, tan deslavazado en el salón de plenos. El peor con diferencia de las 14 semanas de juicio, de las 43 sesiones vividas hasta ahora. Ya en la recta final de la fase testifical, que con suerte acabará el día 20 para pasar a la pericial y enseguida a la documental, la jornada se convierte en un totum revolutum, en un plato combinado, en la sesión de oportunidades de unos grandes almacenes. En este festival de tallas sueltas, las defensas traen un surtido variado de testigos que no aportan nada nuevo. Todo ha sido contado ya hasta la saciedad. Un funcionario interino de la Generalitat relata la irrupción de la policía en un colegio electoral. Un arquitecto técnico confirma a continuación el papel pasivo de los Mossos. La exdiputada de la CUP Mireia Boya se afana en loar más aún si cabe la imagen pacífica de Jordi Cuixart y también de Jordi Sànchez, pero al final termina hablando más de ella misma, de las cosas tan graciosas que dijo cuando la tarde del 20 de octubre se subió a un Patrol de la Guardia Civil. De paso, trata de colar una y otra vez su soflama política y el tribunal le pasa la primera, la segunda, la tercera, pero a las 10.55, el magistrado Luciano Varela toca el brazo de su compañero Andrés Martínez Arrieta, y este hace una señal a Manuel Marchena, que decide cortar el cuarto anuncio publicitario de la CUP con una frase que se convertirá en el estribillo de la jornada. Enciende el micrófono y, dirigiéndose a la abogada Marina Roig, le pide:

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–Hágale otra pregunta, por favor.

El público, que es independentista pero no de piedra, se ríe con el corte de Marchena como no lo había hecho con los chascarrillos de Boya, y la agente judicial amenaza con echarnos a todos. No hubiese estado mal, visto lo visto. Porque otros días –que etapas llanas ya ha habido y las seguirá habiendo– siempre surgía un detalle que llevarse a la crónica. Una salida de tono del abogado Andreu Van den Eynde, una refriega entre Manuel Marchena y el otrora levantisco y ahora modoso Jordi Pina –¿cuál habrá sido el motivo de la conversión?–, un patinazo sonado de la fiscal Consuelo Madrigal o el testimonio desproporcionado de un testigo, que los ha habido por ambas partes. Pero hoy, ni eso.

Dejando a un lado a Mireia Boya, que como todos los políticos que han venido –incluido Rajoy y a excepción de Urkullu– no declara nada sustancioso, los dos testigos principales tampoco aportan gran cosa. Se trata de dos altos cargos de la Generalitat –el responsable del gabinete jurídico y la jefa del departamento de contratación– que niegan en redondo que se gastase dinero público para la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre. Efectivamente, el plato variado en que se convierte la jornada también incluye la malversación. El interrogatorio de Pina a Francesc Esteve conduce directamente al sopor. El alto cargo responde a las preguntas como si se las hubiera aprendido de memoria, al modo de un opositor a notarías con los folios colgados por la habitación. Luego llega el turno de la fiscal Consuelo Madrigal, y la situación va a peor. La fiscal, que empezó el juicio enredándose con las preguntas, no progresa adecuadamente, sino más bien al contrario. Catorce semanas y 43 jornadas después, Madrigal, como algunos abogados de la defensa –notorio es el caso de Àlex Solà– ha desaprovechado el máster acelerado y gratuito que le podría haber supuesto el juicio. La que fuera fiscal general del Estado sigue sin hilvanar un buen interrogatorio y el responsable del departamento jurídico se le va vivo, como también se le escapa un rato después la jefa del departamento de contratación. También Madrigal tiene que escuchar el aviso repetido del juez Marchena:

–Señora fiscal, haga otra pregunta.