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El Supremo deberá decidir si Puigdemont se presenta a las elecciones europeas

La justicia ordinaria se inhibe en favor del alto tribunal ante la prohibición de la Junta Electoral de que los fugados estén en las listas para los comicios del 26-M

Desde la izquierda, Carles Puigdemont, Xavier Trías, Antoni Comín y Gonzalo Boye, este sábado en Bruselas. En vídeo, declaraciones de Puigdemont.

La justicia ordinaria ha decidido elevar a la Sala Tercera del Tribunal Supremo la decisión de si Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Antoni Comín, exmiembros del Gobierno catalán fugados de la justicia desde hace año y medio, podrán presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo tras la exclusión por parte de la Junta Electoral Central el pasado 28 de abril. El Supremo también deberá decidir si se aplica la suspensión de funciones a los líderes soberanistas, aplicada por el máximo órgano electoral. El alto tribunal se reunirá este domingo al mediodía para tratar el asunto. 

Según la resolución de tres juzgados de lo contencioso, donde han recaído los recursos de los líderes catalanes, los jueces entienden que el Tribunal Supremo debe pronunciarse, ya que la materia plantea cuestiones que afectan tanto a la inelegibilidad de los candidatos como a la proclamación de las candidaturas, asuntos que se encuentran tan íntimamente relacionados que debe ser el alto tribunal quien establezca el criterio jurídico que lo resuelva.

En una tensa sesión, la Junta Electoral Central excluyó a los candidatos que concurrían como números 1, 2 y 3 en la lista de la coalición independentista Lliures per Europa. Consideró que la condición de candidato —el sufragio pasivo— está vinculada a la de elector —el sufragio activo—, y esta, a su vez, tiene como requisito la inscripción en el censo electoral, para lo que es imprescindible residir en España. La Junta Electoral aplicó también —de manera extensiva— a los tres políticos el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precepto obliga a suspender en sus funciones a los cargos públicos que sean procesados y estén en prisión provisional por delitos de terrorismo o que se encuentren, como Puigdemont y sus exconsejeros, en situación de rebeldía. Este artículo no dice nada sobre la participación electoral de los candidatos huidos de la justicia.

Junts per Catalunya recurrió la resolución en la justicia ordinaria, el Tribunal Supremo y la propia Junta Electoral. La Fiscalía dio la razón este viernes a Puigdemont y a dos de sus exconsejeros fugados con él en 2017 y consideró que la decisión de excluirles de la lista al no residir en España “vulnera el derecho fundamental de sufragio pasivo” de los tres políticos. La decisión final queda en manos de un juez.

El abogado defensor de Puigdemont, Gonzalo Boye, cree que la justicia española se está pasando la pelota sobre el caso, y ha exigido que se pronuncien con celeridad, informa Álvaro Sánchez. "Me imagino que el Tribunal Supremo no va a querer cargarse ese plazo de dos días para resolver que expira esta noche". Boye, que lidera provisionalmente la lista a las elecciones europeas de Junts per Catalunya, ha comparecido en rueda de prensa junto a Xavier Trias, número 2, Beatriz Talegón, tercera, y con los tres políticos fugados a los que la Junta Electoral Central (JEC) impidió concurrir: Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.

El expresidente catalán cree que la JEC actuó con intencionalidad política con el objetivo de apartarlos de la carrera electoral. "Una de las cosas que explica esta vulneración de la ley es precisamente que alguno se ha dado cuenta de que toda esa retórica de que no tendríamos acta era falsa". Pese a que los servicios jurídicos del Parlamento Europeo señalaron que Puigdemont tendría que acudir obligatoriamente a Madrid para recoger su acta en caso de ser elegido, y no gozaría de inmunidad, el líder independentista se ha mostrado dispuesto a sentarse en su escaño o recurrir al Tribunal de Justicia de la UE si hay trabas. "Me comprometo a ejercer de eurodiputado si me eligen, y espero respeto a las decisiones ciudadanas y el estado de Derecho".

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