Tensión en la Junta Electoral por el acuerdo de prohibir la candidatura de Puigdemont
La decisión final la tendrán el Tribunal Supremo o el Constitucional, que es la instancia hasta la que los que los afectados piensan recurrir
En medio de una fuerte discusión, los miembros de la Junta Electoral Central vivieron el domingo la sesión más difícil de cuantas han mantenido hasta ahora, según fuentes del organismo. Por siete votos a favor y cuatro en contra ganó la tesis de no permitir que Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, exmiembros del Gobierno catalán fugados de la justicia desde hace año y medio, puedan presentarse a las elecciones europeas. La última palabra la tendrán el Tribunal Supremo o el Constitucional, a los que los afectados piensan recurrir.
La discusión fue tensa e intensa, reconocen fuentes de la Junta Electoral Central. Los siete defensores del veto a la candidatura argumentaron que Puigdemont, Comín y Ponsatí no están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), un requisito exigido por la ley electoral para quienes no viven en España. Y desestimaron la alegación de que el expresidente y los exconsejeros catalanes habían presentado un registro censal de sus domicilios en España, al ser una evidencia que no viven en territorio español desde noviembre de 2017, cuando se fugaron.
Por su parte, los cuatro miembros de la Junta Electoral discrepantes defendieron la protección del derecho al sufragio pasivo como bien superior que hay que respetar a toda costa. La singularidad del resultado viene dada porque estos cuatro miembros —que emitieron votos particulares— son el presidente de la Junta Electoral, Segundo Menéndez, el vicepresidente y dos vocales.
Ahora tendrá que pronunciarse la Sala III del Tribunal Supremo, tras el recurso que ya preparan los afectados. Si el alto tribunal avalara el criterio mayoritario de la Junta Electoral, Puigdemont y sus compañeros acudirán al Constitucional. Ambos tribunales se pronunciarán previsiblemente en un breve plazo de tiempo, dado que las elecciones son el próximo 26 de mayo.
“Fraude”
Con este episodio se ha abierto una brecha dentro de la Junta Electoral Central, reconocen fuentes del organismo. En la reunión no participaron los magistrados Ana Ferrer y Luciano Varela, al ser miembros de la Sala del Tribunal Supremo que está juzgando a los acusados de rebelión, desobediencia y malversación de fondos por el proceso secesionista.
La decisión de la Junta Electoral Central ha sido muy criticada este martes por el Ejecutivo catalán, aunque este descarta por ahora tomar acciones legales. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern y a preguntas de los periodistas, la portavoz Meritxell Budó calificó de “fraude” y “ataque a la democracia” el veto a la candidatura de Puigdemont.
“Están hasta incómodos los mismos miembros de la Junta Electoral Central”, ha asegurado Budó en referencia al voto particular del presidente y vocales de la autoridad electoral. La portavoz opina que de la Junta y otros organismos del Estado se espera “otro tipo de comportamiento y ética”, y pide vuelvan “a la razón del derecho y salgan de la razón de Estado”.
La CUP, que no se presenta a las elecciones europeas, ha hecho un llamamiento a boicotear esa cita electoral en Cataluña. “Estas elecciones se producen en un contexto de vulneración de derechos continua, con una Junta Electoral que actúa de parte y que conforma otro aparato represivo más”, dijo la diputada Maria Sirvent.
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