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El expresidente de la Diputación de Valencia, acusado de colocar a cargos del PSOE y Compromís

La Fiscalía considera autor de los delitos de prevaricación y malversación continuada a Jorge Rodríguez, que anoche anunció su marcha del partido socialista "para no hacerle daño"

El expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez.
El expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez.

La Fiscalía Anticorrupción acusa al expresidente de la Diputación de Valencia y candidato socialista a la alcaldía de Ontinyent, Jorge Rodríguez, de enchufar a nueve miembros del PSPV-PSOE y Compromís como altos cargos en la empresa pública Divalterra. El fiscal lo considera autor de los delitos de prevaricación y malversación continuada por contratar a los directivos al margen del sistema reglado y con la "única motivación" de su adscripción política.

Rodríguez fue detenido en junio junto a otras cinco personas en una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) coordinada por el magistrado Miguel Ángel Casañ, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. Tras pasar una noche en el calabozo, Rodríguez fue presionado por su partido para que renunciara a la presidencia de la Diputación, cosa que hizo. Pero se mantuvo como alcalde de Ontinyent (35.000 habitantes) y su pretensión era volver a ser candidato del PSPV-PSOE en las elecciones municipales del 26 de mayo.

El instructor había mantenido la causa bajo secreto hasta este martes, cuando decidió levantarlo. La publicación del sumario en plena campaña electoral empujó a Rodríguez a anunciar, ya entrada la noche, que abandonaba el partido y renunciaba a la candidatura para "quitar presión" al PSOE. Una decisión que adoptó tras reunirse con el secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz. No está claro si el exdirigente socialista presentará ahora su propia lista en Ontinyent mediante la figura de la agrupación de electores.

Rodríguez y el resto de imputados, entre ellos la exgerente de Divalterra Agustina Brines, de Compromís, se han declarado inocentes y se han defendido señalando que hicieron las contrataciones, que tenían un coste de 70.000 euros al año cada una para la empresa pública, con el apoyo de informes jurídicos que las declaraban legales. "Todos los altos cargos tenían unas funciones determinadas, desempeñaron sus tareas y cumplieron con sus obligaciones, como queda de manifiesto en los archivos de la Diputación y Divalterra", señaló Rodríguez en un comunicado.

El fiscal cree, sin embargo, que él y el resto de imputados, todos los cuales eran cargos de la Diputación o de Divalterra, infringieron la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 103 de la Constitución que establece que el acceso a los puestos públicos debe realizarse de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Según Anticorrupción, Rodríguez desoyó las advertencias del secretario del consejo de administración de Divalterra, del auditor interno, y los de varios dictámenes jurídicos.

Las contrataciones, prosigue el fiscal, se hicieron "sin "expediente de contratación" ni "informe de necesidad". Y su única motivación fue "la adscripción o vinculación de los contratados a los dos partidos políticos que gobiernan la Diputación, Compromís y el PSOE". Los correos unidos a la causa revelan, según el fiscal, "los artificios buscados para tratar de amparar unas contrataciones que responden a un puro voluntarismo político". Y el supuesto intento de crear, con los altos cargos enchufados, una estructura de dirección "paralela" en Divalterra sin los consejeros de partidos de la oposición que sí había en el consejo de administración.

Un municipio clave

El martes por la mañana, antes de que Rodríguez optara por apartarse voluntariamente, el PSPV-PSOE había pedido a la comisión federal de listas del partido tiempo antes de tomar una decisión sobre el expresidente de la Diputación de Valencia. Los partidos tienen hasta el lunes 22 de abril para modificar la relación de candidatos a las elecciones locales de mayo. El PSOE intentó en verano que la dirección valenciana excluyera a Rodríguez, de 39 años, de la candidatura de Ontinyent, pero el PSPV-PSOE finalmente no lo hizo.

Al margen de que muchos socialistas, empezando por los investigados, consideran que la forma en que se contrató a los altos cargos de Divalterra puede ser una infracción administrativa, pero no penal, en la cuestión influye la importancia de Ontinyent, capital de la comarca de La Vall d'Albaida, a la hora de decidir qué partido gobernará a partir de junio la Diputación de Valencia.

Rodríguez logró en 2015 el 62% de los votos en Ontinyent, y cuando el PSOE planteó frenar su candidatura él sugirió que promovería la suya propia y que otras agrupaciones locales lo seguirían. Ahora tiene que decidir si da el paso.

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