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El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha dimitido de su cargo cinco días después de haber sido detenido y luego puesto en libertad con cargos por su presunta implicación en la Operación Alquería contra la corrupción junto a otras cinco personas. "Convencido de mi inocencia presento mi dimisión desde la lealtad a las instituciones y a la ciudadanía", ha dicho Rodríguez en una comparecencia pública donde no ha admitido preguntas y en la que ha recibido aplausos y gritos de ánimo.

El ya expresidente está investigado en una causa declarada secreta sobre posibles delitos de malversación y prevaricación en la contratación de altos cargos en Divalterra, empresa dependiente de la Diputación, antes llamada Imelsa, y en torno a la cual pesan otros escándalos de corrupción durante la etapa de gobierno del PP.

El juez Miguel Ángel Casañ, titular del Juzgado de Instrucción número 9 que dirige la causa, investiga la contratación de siete altos cargos de Divalterra, elegidos a dedo con sueldos de 50.000 euros al año entre militantes socialistas y de Compromís. Centrada en las contrataciones de alta dirección entre los años 2015 y 2018, aunque fuentes de la investigación no descartan que, después de analizar los documentos obtenidos tras los registros puedan observarse otras irregularidades, que se unirían a la causa.

"Podemos haber metido la pata, cometido errores pero ninguno de nosotros ha metido la mano [en la caja]. Es posible que hayamos sido torpes o demasiado confiados pero no ladrones", ha declarado rotundo Rodríguez, quien ha estado acompañado en la comparecencia de su posible sucesor al frente de la institución, el vicepresidente de la Diputación, el socialista Toni Gaspar.

El político ha explicado que tras su llegada a la Diputación, hace ahora tres años, se planteó seriamente la disolución de la antigua Imelsa "pero estaban en juego el futuro de unas 700 familias", ha manifestado en alusión a los trabajadores de la actual Divalterra. "Quisimos crear un cordón sanitario con siete personas, dos cogerentes y un letrado-asesor", ha justificado el expresidente los nombramientos bajo sospecha. 

Según Rodríguez, los siete contratados en Divalterra "han desempeñado su trabajo hasta que hace unos meses, cuando surgieron las dudas [sobre su contratación], decidimos despedirlos", ha reconocido en la comparecencia.

El político valenciano ha formalizado la renuncia al cargo este mediodía tras declararse inocente de las acusaciones; sin embargo, ha asegurado que será mejor defenderse desde fuera que desde dentro de la corporación provincial. El político, que quiere conservar la alcaldía de Ontinyent, que desempeña desde hace siete años, ha delegado sus funciones  en su primera teniente de alcalde, Rebeca Torró, que también asume el escaño provincial que deja vacante Rodríguez

El expresidente de la corporación provincial cesó de todos sus cargos orgánicos en la cúpula de la federación socialista valenciana tras una reunión de urgencia de la Ejecutiva del partido el pasado miércoles por la noche, que le retiró su confianza. Rodríguez era portavoz y secretario de Comunicación del PSPV-PSOE. También está suspendido cautelarmente de militancia.

Puig: La decisión "correcta"

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha señalado tras una entrevista con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que Rodríguez es una persona "honrada y honesta" y ha tomado la decisión "correcta" con su renuncia, asumiendo la responsabilidad política. "Yo le agradezco el trabajo que ha hecho estos últimos tres años al frente de la institución", ha dicho Puig.

Tras la renuncia de Rodríguez, la presidencia en funciones de la Diputación de Valencia ha recaído en la vicepresidenta primera, Maria Josep Amigó, de Compromís, que debe convocar en 10 días un pleno para aceptar la renuncia de Rodríguez y otro para elegir a su sucesor.

El comité de empresa de Divalterra, por su parte, ha expresado su "total hartazgo e indignación" por las descalificaciones vertidas por los políticos hacia la antigua Imelsa y por las amenazas de cierre "sistemáticas" y han asegurado que el problema "no está en la empresa" sino en "quienes la utilizan de manera bastarda para sus fines partidistas".