La Diputación de Valencia reducirá la nueva Imelsa al mínimo

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La Diputación de Valencia reducirá al mínimo el tamaño de Divalterra, el nombre con el que rebautizó hace unos meses la empresa pública antes conocida como Imelsa (Impulso Económico Local Sociedad Anónima). La empresa tuvo un papel central en el caso Taula y la Corporación no ha logrado apartarla de la sombra del escándalo.

La medida, que la Diputación quiere adoptar en un plazo de semanas o meses, implicará una reducción aproximada de 600 de los cerca de 700 empleados que tiene la empresa, confirman fuentes de la Corporación provincial. Los trabajadores no se irán a la calle, sino que serán recolocados en otros organismos públicos.

La jibarización implicará una fuerte poda de altos cargos, algunos de los cuales continúan en sus puestos desde la época en que Imelsa estaba dirigida por Marcos Benavent, el recaudador confeso de la trama del 3% del caso Taula que ahora colabora con la Fiscalía.

Imelsa fue creada en su día para estimular la economía de los municipios de la provincia de Valencia. Con el tiempo, sin embargo, fue ampliando sus competencias e introduciéndose en ámbitos como la extinción de incendios y la política de promoción turística.

Los brigadistas forestales serán traspasados al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, un organismo en el que también participa la Generalitat. La fusión del personal de extinción facilitará la coordinación en la lucha contra el fuego, considera la Diputación. El personal de Imelsa que ahora trabaja en turismo pasará a formar parte del Patronato de Turismo, que formalmente solo tiene un trabajador.

La antigua Imelsa pasará a tener como único cometido el apoyo a la dinamización empresarial y comercial de los municipios, el desarrollo rural y la redacción de programas urbanísticos.

El nuevo rumbo de la empresa pública se ha decidido después de que la Diputación, presidida por el socialista Jorge Rodríguez, haya constatado su fracaso en el saneamiento de Imelsa, que según las pesquisas dirigidas por el juez Víctor Gómez fue durante años un foco de corrupción.

Aunque de una envergadura muy inferior a la práctica sistematizada de cobro de comisiones que investiga el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia en el caso Taula, los nuevos responsables de la empresa pública no se han visto libres de escándalos. Entre ellos, la contratación de servicios jurídicos para dirigir la personación de Imelsa en el Taula por 525.000 euros más IVA, un precio tan elevado que llevó a su anulación. Así como reparos del auditor en otro tipo de contraraciones.

En el contexto del enfrentamiento de personas vinculadas al PSPV-PSOE, así como de una difícil codirección de la empresa mediante una gerencia doble nombrada por los socialistas y Compromís, también han salido a la luz gastos impropios. Como el pago de gin tonics por parte del gerente nombrado por los socialistas, Víctor Sahuquillo, que se ha disculpado por ello y ha anunciado que devolverá el dinero que costaron.

La marcha de la vieja Imelsa ha creado malestar en el seno del gobierno a cuatro bandas —socialistas, Compromís, València en Comú y Esquerra Unida— de la Diputación, en el que algunas voces han defendido el cierre de la empresa pública.