Libertad con cargos para el presidente de la Diputación de Valencia y los cinco detenidos por corrupción

El presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, el socialista Jorge Rodríguez, y los otros cinco detenidos el miércoles por su presunta implicación en la Operación Alquería contra la corrupción, fueron puestos ayer en libertad con cargos. Los seis detenidos quedan investigados en la causa abierta por prevaricación y malversación por irregularidades en la contratación de personal directivo en la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa.

Más información

Detenido el presidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, por corrupción

Dimite el gerente de la nueva Imelsa que cargó gastos de alcohol

Los altos cargos de la Diputación de Valencia detenidos el miércoles deberán comparecer en el Juzgado de Instrucción número 9 cuando lo requiera el magistrado que instruye la causa, Miguel Ángel Casañ. El presidente de la institución provincial, al igual que el resto de los investigados, se acogió ayer a su derecho a no declarar en la comparecencia ante el magistrado. Los seis detenidos, que pasaron la noche en los calabozos del cuartel de la Policía Nacional de Zapadores de Valencia, llegaron en dos furgones policiales a la Ciudad de la Justicia pasadas las cuatro de la tarde.

Rodríguez salió tranquilo y aliviado dos horas más tarde, al igual que el resto de sus compañeros, y señaló que se había enterado por los medios de comunicación de la decisión de su partido, el PSPV-PSOE, de suspenderlo de todos sus cargos. Rechazó hacer una valoración aunque manifestó que le había parecido una postura “bastante lógica” por la importancia de los hechos sucedidos. El alcalde de Ontinyent era portavoz de la Ejecutiva nacional del PSPV-PSOE hasta su destitución el pasado miércoles.

El presidente de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, decidió suspender a Rodríguez de todos sus cargos en el partido y propuso a la ejecutiva que Toni Gaspar, alcalde de Faura, lo sustituyera. El dirigente provincial sí expresó su desconcierto por la acusación del magistrado. “Una malversación de dos millones de euros es una barbaridad. Es una desproporción absoluta. No puedo decir más”, agregó Rodríguez rodeado por sus familiares.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realizó registros en la Diputación de Valencia, las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent y en la sede social de Divalterra.“Le he dicho al juez que no se podía declarar en un caso bajo secreto de sumario. Lo oportuno era esperar a conocer de qué se me acusa”, indicó ayer al tiempo que reconoció que habían sido horas muy “duras” y “complicadas”. El presidente de la Diputación de Valencia, de 39 años, fue detenido por prevaricación y malversación de caudales públicos junto a otras cinco personas vinculadas al PSPV-PSOE y a la coalición Compromís por un caso de corrupción.

El juez Casañ, que dirigió la operación, investiga la contratación de siete altos cargos de Divalterra, antes Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia, elegidos a dedo con sueldos de 50.000 euros al año entre militantes socialistas y de Compromís. Centrada en las contrataciones de alta dirección entre los años 2015 y 2018, aunque fuentes de la investigación no descartan que, después de analizar los documentos obtenidos tras los registros puedan observarse otras irregularidades, que se unirían a la causa. La Operación Alquería, por la que fue detenido Rodríguez, supuso también la de su jefe de gabinete, Ricard Gallego; de los gerentes de Divalterra, Agustina Brines, de Compromís, y Xavier Simón, del PSPV-PSOE; del secretario-letrado asesor de la empresa, Jorge Cuerda, y de Manuel Reguart, asesor de Jorge Rodríguez en la Diputación.

La empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia, Divalterra, arrastra desde hace años y bajo mandatos políticos diferentes una historia judicial vinculada a casos de corrupción de la que no se desprende. Fue el centro de la trama de corrupción vinculada al PP desarticulada con la Operación Taula.