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El autor de la matanza de Atocha detenido en Brasil rechaza ser extraditado a España

Carlos García Juliá se opone a su extradición en la primera vista judicial en São Paulo

La entrega a España de Carlos García Juliá, el ultraderechista detenido el pasado mes de diciembre en São Paulo (Brasil) por su participación en la matanza de Atocha en Madrid en 1977, se atrasa y entra en una fase judicial. El pasado día 5 se celebró en un juzgado de la ciudad brasileña la primera vista oral de extradición contra el terrorista reclamado por la justicia española y durante la misma García Juliá expresó su negativa a ser extraditado a España, según confirmaron a EL PAÍS dos fuentes judiciales y policiales.

Carlos García Julia
Marcha tras la matanza de los abogados de Atocha. García Juliá, en miniatura.

El rechazo de García Juliá a su extradición y juicio en España atrasará y puede complicar su entrega a las autoridades españolas, según afirman fuentes judiciales. Cuando la persona objeto de la extradición acepta su entrega el proceso se denomina simplificado y es más rápido, pero al negarse, se convierte en contencioso y obliga a una larga instrucción con posibilidad de recursos. 

España mantiene un tratado de extradición con Brasil y las relaciones en ese campo están normalizadas lo que ayudará a que se acepten las pruebas presentadas para la extradición, según fuentes judiciales. El detenido residía en Brasil oculto bajo una identidad falsa, pero carece de la nacionalidad brasileña lo que facilitará previsiblemente su entrega. No obstante, el Gobierno brasileño, bajo la presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro, se reserva la última palabra en el caso de las extradiciones por lo que la decisión judicial no es definitiva.

Pocos días después de su arresto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió a la Sala de lo Penal de ese organismo que tramitará ante el Gobierno español la petición de extradición de García Juliá a Brasil. El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo argumentó en su escrito que el plazo máximo de 30 años de cumplimiento de prisión para considerar prescrita la condena contra el terrorista quedó interrumpido al haberse emitido en 1996 y 2000 dos autos revocando su situación de libertad condicional. El criterio del fiscal defiende que la pena se computará desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de condena, si esta hubiese comenzado a cumplirse, lo que ocurrió en este caso.

El pistolero huido ingresó en prisión preventiva en 1977 y en febrero de 1980 fue condenado a 193 años de prisión por asesinato y tenencia de armas. En septiembre de 1991, cuando llevaba cumplidos 14 años un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria le concedió la libertad condicional. En diciembre de ese mismo año se le autorizó a viajar a Asunción (Paraguay) para trabajar allí con la condición de presentarse una vez al mes ante la embajada de España. En el mismo país y bajo la dictadura de Stroessner se habían refugiado otros criminales como Emilio Hellín, el asesino de la estudiante Yolanda González, que aprovechando su primer permiso penitenciario burló a la justicia cuando cumplía una pena de 43 años de cárcel.

Dos años después de su fuga García Juliá fue detenido en Bolivia por tráfico de drogas y financiación de grupos paramilitares. Penó en una cárcel de La Paz y al quedar en libertad inició un largo periplo por Chile, Venezuela, Argentina y Brasil bajo identidades falsas. El pasado diciembre fue detenido en São Paulo donde trabajaba como conductor de un coche de Uber.

Brasil fue uno de los destinos predilectos de algunos miembros de la ultraderecha que protagonizaron asesinatos durante la Transición. En 2016, EL PAÍS localizó en la localidad turística de Guarujá, a una hora y media en coche de São Paulo, a José de las Heras Hurtado, cabecilla del Frente de la Juventud, un grupo que en los años setenta protagonizó varios atentados y asesinatos, entre ellos el de Andrés Fraguas, conserje de este periódico muerto por la explosión de una bomba enviada a la redacción en 1978.

En la matanza de Atocha protagonizada por cinco ultraderechistas en un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras murieron los letrados Luis Javier Benavides Orgaz, Enrique Valdelvira Ibáñez y Francisco Javier Sauquillo, el administrativo, Ángel Rodriguez Leal y el estudiante de Derecho Serafín Holgado. La detención de García Juliá cierra una etapa, pero todavía sigue huido Fernando Lerdo de Tejada cuyo paradero es un misterio. La última orden de búsqueda y captura dictada contra él por el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional cesó en 2015.

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