La Audiencia Nacional pide la extradición del asesino de Atocha

La Audiencia Nacional ha propuesto este martes al Gobierno que solicite a las autoridades brasileñas la extradición de Carlos García Juliá, uno de los ultraderechistas condenados por su participación en el asesinato de cinco personas en el despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid, uno de los episodios más duros de la Transición, ocurrido el 24 de enero de 1977. García Juliá, detenido en Sao Paulo el pasado 6 de diciembre, día de la Constitución, llevaba prófugo de la justicia española desde mayo de 1996, tras romper las condiciones del permiso que le fue concedido para trabajar en Asunción (Paraguay). En noviembre de 2000, el juzgado decretó la prisión de García Juliá para cumplir entre rejas los 3.855 días de condena —diez años y medio— que le quedaban por completar.

García Juliá fue condenado en febrero de 1980 a 30 años de prisión como autor de un delito de asesinato consumado, a cuatro penas de 25 años por otros cuatro asesinatos consumados, otras cuatro penas de 15 años por cuatro asesinatos frustrados y 3 años por delitos de tenencia ilícita de armas. La sentencia la puso la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la que ahora ha pedido al Gobierno que ponga en marcha los trámites para la entrega del ultraderechista.

El auto, del que ha sido ponente el magistrado progresista Ramón Sáez Valcárcel, cita los términos de la sentencia de 1980 por la que fueron condenados los pistoleros. "García Juliá, en unión de Francisco Albaladejo, Jorge Fernández y Leocadio Jiménez, antiguos militantes de Falange Española y Fuerza Nueva, constituyeron un grupo radical y totalitario, disconforme con el cambio constitucional que ese estaba operando en España y, de acuerdo con esos ideales y por enemistad con un sindicalista del transporte afiliado a CC OO, Joaquín Navarro Fernández, que intervenía en la huelga del transporte y que se asesoraba en el despacho de abogados laboralistas con sede en la calle Atocha 55, decidieron tomar venganza y agredir física y violentamente al señor Navarro y a los abogados del referido despacho", relataba aquella sentencia.

Aquella resolución añade: "El 24 de enero de 1977, provistos de pistolas del calibre nueve milímetros parabellum, sobre las 10 y media de la noche, llamaron a la puerta del despacho y cuando les abrieron, encañonaron a las personas que allí había, les condujeron a un salón, destruyeron los archivos, arrancaron los cables de teléfono y cuando tuvieron a todas sus víctimas inermes y con los brazos en alto, dispararon de forma fría e inopinada, causando la muerte de los abogados Francisco Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdevira, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Elías Rodríguez leal. Además, causaron heridas a varias personas".

García Juliá tenía 24 años cuando perpetró los cinco asesinatos por los que fue condenado en 1980 a 193 años de prisión. En diciembre de 2016, casi cuarenta años después de la matanza, la Audiencia Nacional actualizó ante el Ministerio de Justicia la petición de extradición.

En 1991, recibió un permiso para desplazarse a Asunción (Paraguay), donde había obtenido un trabajo, y con la condición de no abandonar ese país sudamericano y presentarse una vez al mes en la Embajada de España. Sin embargo, en agosto de 1996 fue detenido en una operación antidroga en Bolivia, lo que llevó al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León a revocar la libertad condicional otorgada cinco años antes por motivos laborales. En noviembre de 2000, el juzgado decretó la prisión de García Juliá para cumplir entre rejas los 3.855 días de condena —diez años y medio— que le quedaban por completar.