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Expedientados dos fiscales de Galicia por dilatar el caso de un exalcalde del PP

Uno de los implicados llegó a abrir diligencias penales contra uno de los letrados denunciantes

El fiscal jefe de Galicia, a la izquierda, con el consejero de Sanidad de la Xunta durante la firma de un convenio.
El fiscal jefe de Galicia, a la izquierda, con el consejero de Sanidad de la Xunta durante la firma de un convenio.

La Fiscalía General del Estado ha abierto expediente disciplinario por faltas "muy graves" al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, y al fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, por la actuación de ambos en un expediente relacionado con una denuncia presentada por una concejala socialista contra el exalcalde ourensano del PP Manuel Cabezas. Delgado ha sido apartado cautelarmente del caso abierto en este momento en el Juzgado de Instrucción 1 de Ourense.

El expediente, al que ha tenido acceso EL PAÍS, parte de las diligencias abiertas el pasado mes de enero por la Fiscalía General a raíz de la queja registrada por los abogados de la edil que demandó al exalcalde. Denunciaban los continuos aplazamientos de la causa, lo que demoraba el juicio del exregidor, promovidos por el fiscal jefe ourensano. Finalmente, una juez apreció indicios de delito de malversación de fondos y de prevaricación en la actuación de Manuel Cabezas durante sus años de regidor de Ourense por no exigir a los constructores el 10% del porcentaje de aprovechamiento urbanístico en hasta 15 intervenciones.

Ante las quejas registradas por los letrados de la demandante en la Fiscalía Superior de Galicia, denunciando la actuación del representante del Ministerio Público en esta causa, Suanzes decidió abrir expediente. No obstante, puso al frente del mismo al fiscal afectado. En la investigación de la queja por su propia actuación, Delgado llamó a declarar hasta cinco veces a uno de los abogados de Soto. En la última ocasión, con el apercibimiento de que sería detenido si no comparecía. Acabó abriéndole diligencias penales.

Los letrados recurrieron a la Fiscalía del Estado que ordenó archivar esas diligencias y que ahora imputa al Fiscal Superior de Galicia "una falta muy grave de desatención muy grave o alternativamente una falta disciplinaria grave de infracción de deberes" y destaca el "quebranto sufrido por la dignidad de la función fiscal" al dejar de atender las quejas por abuso de autoridad que registraron los abogados de Áurea Soto.

Al representante del Ministerio Público de Ourense le atribuye cuatro faltas muy graves: de "abuso de la condición de fiscal para obtener trato favorable e injustificado de profesional" en el expediente abierto para investigar las quejas de los letrados de la concejal demandante; de "inobservancia del deber de abstención" pese a "tener interés personal en el expediente"; de "inobservancia de la abstención" por "enemistad manifiesta con la parte acusadora" y de "ignorancia inexcusable en el cumplimiento de su deber". A estas le añade dos faltas graves: de "retraso injustificado" en el despacho de sus asuntos de fiscal y de "desconsideración respecto de abogado".

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que las faltas graves o muy graves pueden ser sancionadas con una multa de 300 a 3.000 euros y, en algunos casos, suponer la suspensión de hasta tres años del servicio. La Fiscalía del Estado ha nombrado instructor del expediente disciplinario al fiscal jefe de la sala del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos.

El fiscal jefe de Ourense se ha visto envuelto recientemente en otra polémica al rehusar abandonar el piso que ocupa desde su traslado a Ourense, en 2004 puesto a su disposición por la Xunta de Galicia cuyos gastos de alquiler y consumos de agua y luz ha pagado hasta 2016. En ese año, el Gobierno gallego informó al fiscal y al arrendador de que cesaba en el contrato y dejó de pagar el alquiler que ya nadie abona. No obstante, Delgado permanece en la vivienda por lo que el dueño ha presentado una demanda por impago contra el arrendatario: el gobierno gallego. Le reclama los atrasos y la devolución de la propiedad.

Florentino Delgado afronta el último año de su tercera etapa como fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ourense, cargo para el que el Consejo Fiscal le renovó la confianza en 2015. Miembro de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Delgado optó ese mismo 2015 a la plaza de la Fiscalía Superior de Galicia con la que se hizo Fernando Suanzes. 

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