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El fiscal jefe de Ourense rehúsa dejar la casa que la Xunta le pagó durante 12 años

En 2016 el Gobierno gallego rescindió el acuerdo y lo notificó a todas las partes

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ourense, Florentino Delgado Ayuso, está ocupando un piso de alquiler puesto a su disposición por la Xunta de Galicia en 2004 pero cuyo contrato cesó en 2016. Desde entonces nadie paga las mensualidades al propietario. Delgado se instaló en la vivienda al tomar posesión de la jefatura de la Fiscalía, después de que el Gobierno gallego firmara un contrato de arrendamiento con un particular. En 2016 la Xunta rescindió el acuerdo y lo notificó a todas las partes. El fiscal, sin embargo, sigue allí.

El fiscal Florentino Delgado, en 2014 durante el juicio al expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar.
El fiscal Florentino Delgado, en 2014 durante el juicio al expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar.

Pese a los requerimientos, el fiscal jefe no ha abandonado la vivienda cuyo alquiler nadie abona, lo que ha llevado al arrendador a presentar una demanda por impago contra el Gobierno gallego. Le reclama los atrasos y la devolución de la propiedad. La vista está fijada para el próximo día 22 aunque la Xunta ha pedido que no se celebre.

En el año 2004, cuando Florentino Delgado llegó a Ourense procedente de Ciudad Real para hacerse cargo de la fiscalía de la Audiencia Provincial, ya se habían suprimido las viviendas que presidentes y fiscales de audiencias provinciales ocuparon durante décadas en las dependencias de los antiguos palacios de justicia. Solo se mantuvo la del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en A Coruña, que alberga aún en la actualidad las viviendas del presidente y del fiscal superior.

Sin posibilidad de destinar piso a los cargos judiciales en el Palacio de Justicia de Ourense, la Xunta, presidida en 2004 por Manuel Fraga, puso a disposición del nuevo fiscal jefe un céntrico piso, de unos 200 metros cuadrados y 950 euros mensuales de alquiler, que la Administración autonómica se comprometió a financiar junto con el resto de gastos de la vivienda.

El Diario Oficial de Galicia del 10 de febrero de 2005 publica la resolución, de diciembre de 2004, en la que se justifica el alquiler del piso por “necesidades de servicio”. La política de subvencionar el alquiler a los cargos judiciales se fue abandonando, de forma que en 2008 el erario público gallego afrontaba solo los gastos de dos cargos judiciales: los de la entonces presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo y los del fiscal jefe de Ourense. Y la Xunta, gobernada en esa época por el bipartito de PSOE y BNG, decidió suprimir ambas partidas.

La Consellería de Presidencia, a cuyo frente estaba el socialista José Luis Méndez Romeu, explicó que la financiación de esas viviendas suponía una situación “de privilegio” heredada que el nuevo Ejecutivo autonómico consideraba “contraria al interés público”. La Xunta notificó entonces a Delgado y al arrendador la decisión de rescindir el contrato de alquiler y ofreció al fiscal jefe un plazo de tres meses para que negociase con el propietario las condiciones para quedarse buscase una nueva vivienda. “Transcurrieron bastantes meses sin que nadie se hiciese cargo del alquiler y sin que el fiscal abandonase el piso”, explica a este periódico el abogado del propietario, pero la Xunta acabó “poniéndose al día en el pago de las mensualidades”.

“Acataré la resolución”

En 2009, con la llegada de Feijóo a la presidencia de Gobierno gallego, se mantiene la financiación de la vivienda hasta que en junio de 2010 la Xunta anuncia de nuevo a Delgado que rescinde el contrato y deja de pagar las mensualidades. Tras una reclamación presentada por el arrendador en enero de 2011, la Consejería de Hacienda le reconoce su derecho al cobro de la renta así como de “los gastos del consumo de agua, recogida de basura y suministro de energía eléctrica y calefacción” y se pone de nuevo al día en los pagos.

La Xunta ha confirmado a este diario que en 2016 resolvió el contrato y dejó de abonar el alquiler y que desde ese momento “ya no es titular del contrato”. El Gobierno gallego rechaza, no obstante, explicar las razones por las que ha estado pagando más de una década los gastos generados por la vivienda, así como por qué ha dejado ahora de hacerlo. El arrendador considera “extraño” que durante estos tres años en los que la Xunta se declara ajena al contrato no se hayan suprimido los servicios de luz, calefacción y agua.

El fiscal jefe ha rechazado el ofrecimiento de este periódico para explicar la situación apelando a la demanda judicial en curso. “Es una cuestión que ahora mismo está sub iudice y, en cualquier caso, se acatará la resolución judicial que se dicte”, sostiene. Delgado afronta el último año de su tercera etapa en el cargo. Miembro de la Asociación de Fiscales, optó en 2015 al puesto de fiscal jefe de Galicia pero no lo logró.

 FE DE ERRORES. En una primera versión de esta información se afirmaba por error que Florentino Delgado es miembro de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), cuando en realidad pertenece a la Asociación de Fiscales.

Nueve años intentando el desalojo

C. H.

Entre la documentación aportada a la causa sobre la vivienda de Florentino Delgado figura un requerimiento de la Xunta remitido al fiscal jefe de Ourense en junio de 2016 para que desaloje el piso y entregue las llaves. En este documento se le recuerda a Delgado que ya fue requerido por escrito en febrero de 2010, cuando se le anunció la intención de resolver el contrato de alquiler del piso sin que “se haya producido el necesario desalojo”.

Explica la Xunta en ese escrito que puso la vivienda a disposición del fiscal jefe de Ourense “con ocasión de ciertas políticas de fomento en materia judicial basadas en la oportunidad e interés público del momento”. No obstante, puntualiza que había un plazo límite “superado con creces”.

Socorro Martín Hierro, secretaria general técnica de Patrimonio de la Consejería de Hacienda, firma ese documento anunciando al fiscal que si no atiende al requerimiento propondrá la “incoación de expedientes administrativos y acciones judiciales a que hubiera lugar”, incluyendo el “resarcimiento por los daños y pérdidas por el tiempo en indebida ocupación”.

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