Maraña de corrupción policial en Ourense

Un barullo de autos, providencias y recursos enreda la investigación judicial abierta en 2016 por la muerte violenta del agente Celso Blanco, responsable de prensa en la Policía Nacional de Ourense. Su cuerpo apareció la noche de un sábado desplomado sobre la mesa de su despacho de la comisaría con un tiro en la sien y un reguero de mensajes autoinculpatorios de mayor carga deflagrante que la bala que lo había atravesado.

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La muerte del agente Blanco habría dado carpetazo al nunca esclarecido robo de seis armas del búnker de la comisaría si la juez Eva Armesto, que estaba de guardia, no hubiera sospechado, como la familia del fallecido, de que no encajaba con un suicidio y no hubiera ordenado detener a los policías gemelos Bernardo y Roi De Prado, ahora en libertad bajo fianza. Tras dos años de investigaciones, a los que se suma una prórroga de la instrucción por otros 36 meses, la maraña judicial que envuelve esta causa se enreda con otras tramas surgidas de un mismo tronco: el de la corrupción en la comisaría.

Los juzgados ourensanos investigan desde finales de 2014 un entramado delictivo basado, según todos los indicios, en las inquinas, celos y vendettas entre grupos de policías. De momento, van cuatro causas abiertas, a las que se podrán ir sumando otras nuevas. La muerte en la comisaría —sea finalmente homicidio o suicidio— ha acabado evidenciando el grueso calibre de una guerra interna que libraban entre sí los defensores de la ley en el interior del edificio más blindado de la ciudad. La aparente normalidad de cuerpo policial en la apacible capital ourensana —una de las de España con menor índice de delitos— se hizo añicos en 2014, cuando varios medios de comunicación locales comenzaron a recibir anónimos injuriosos (investigados en una de estas causas) en los que se alertaba del supuesto trato de favor a traficantes de droga por parte de la brigada de estupefacientes.

La difusión de los anónimos derivó en la apertura de la Operación zamburiña (otra de las causas) saldada con el descabezamiento de la brigada de estupefacientes y el posterior procesamiento del entonces jefe y otros tres agentes antidroga. La fiscalía pide ahora 102 años de cárcel para los cuatro policías (el exjefe se enfrenta a siete y medio) y los nueve traficantes a quienes presuntamente protegían.

Los anónimos informaban también del robo de seis armas del búnker de la comisaria (objeto de otras diligencias) del que nadie jamás había informado, ni siquiera internamente. La muerte del agente Blanco, presentada como un suicidio con confesión incluida de la culpabilidad del robo de las armas —la bala que lo mató salió de una de ellas y otras dos aparecieron en el escenario del supuesto suicidio— abrió la última causa. Hasta el momento.

Transcurridos más de dos años de aquella muerte violenta, Eva Armesto, titular del juzgado de instrucción número 3 de Ourense, mantiene en calidad de investigados a Bernardo y Roi De Prado, dos policías gemelos de potente personalidad, bregados como instructores de tiro en el cuerpo, amigos del difunto y uno de ellos, su exjefe. La juez Armesto los ha dejado en libertad bajo fianza que ha ampliado a 100.000 euros cada uno, sin pasaporte y con obligación de comparecer diariamente. Los considera autores de la muerte de su compañero, entre una larga lista de delitos.

La instructora vinculó prácticamente desde el principio de la investigación el supuesto homicidio de Celso Blanco con el robo de las armas del búnker de la misma comisaría, por lo que pidió a su compañero del juzgado número 1, Leonardo Álvarez, que instruía en ese momento la Operación zamburiña que se inhibiera en la causa de las armas.

La magistrada planteaba la conexión entre el robo y el homicidio con el argumento de que este pudo haber sido causado por los gemelos “con la única intención de evitar que los mismos fueran descubiertos como los autores de la sustracción de las armas”. Junto a ello se declaraba competente para instruir el robo aludiendo al hallazgo de ADN en la pistola con la que se produjo el disparo mortal compatible con familiares en tercer o cuarto grado de los gemelos.

No obstante, Leonardo Álvarez no se inhibió. El juez acabó archivando el pasado mayo la causa alegando que no encontraba indicios que apuntasen a autor alguno del robo tras investigar a varios policías y a algún mando, pero no a los hermanos De Prado a los que Armesto considera autores. Entre otros indicios, la instructora se apoya en un informe de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) de la comisaría de Ourense que señala a los gemelos y al policía fallecido como autores del robo en el armero y apunta que el supuesto crimen se habría cometido al surgir discrepancias entre los tres a la hora de asumir responsabilidades.

El informe sostiene que los gemelos fueron también los autores de los anónimos que alertaban de la desaparición de las armas y de la existencia de la supuesta trama corrupta en la brigada de estupefacientes. La UDEV califica a los hermanos y al difunto de “grupo criminal” y les atribuye la comisión de un rosario de delitos (robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, denuncia falsa, falso testimonio, revelación de secretos e injurias y calumnias), realizados con “una importante planificación”.

Creen estos investigadores que con el robo de las armas iniciaron una trama de corrupción para sembrar sospechas sobre otros compañeros: los imputados en la Operación zamburiña, con los que mantenían enemistad. El intento de la magistrada de vincular esta causa con el supuesto homicidio del agente, basándose en que la muerte pudo haber sido provocada por los gemelos “con la única intención de evitar ser descubiertos como los autores de la sustracción de las armas” (en los mensajes que dejó inculpándose el agente Blanco exoneraba expresamente de cualquier delito a los hermanos) ha resultado hasta el momento infructuoso.

La fiscalía, que, junto la defensa de los gemelos insiste en la inocencia de estos hermanos, recurrió a la Audiencia Provincial de Ourense a que instara a la juez a derivar la causa del robo de nuevo a Leonardo Álvarez. Ahora, a la vista del atestado de la UDEV, el magistrado podría acabar citando como imputados a los gemelos.

Así lo esperan en el entorno policial ourensano representado por el SUP que, según ha trascendido en medios locales, ha visto con recelo las actuaciones del titular del juzgado de instrucción número 1 y de la fiscalía en el caso de la Operación zamburiña y cree que tanto el exjefe de estupefacientes como los otros policías procesados solo incurrieron en mala praxis en su trato con los confidentes. Se aferran estos compañeros al informe de la UDEV que concluye que el exjefe de estupefacientes fue damnificado por los anónimos y la supuesta apropiación de sus claves informáticas por parte de los gemelos. Basándose en este atestado, el exjefe antidrogas ha presentado una querella contra los hermanos De Prado: los acusa de los delitos de acceso ilegal a sistemas informáticos, denuncia falsa, simulación y falso testimonio, así como de pertenencia a grupo criminal junto al fallecido Celso Blanco.

Junto a ello, el exresponsable de estupefacientes ha recusado al juez Álvarez -que lo ha procesado tras ser acusado por la Fiscalía de un delito contra la salud pública, revelación de secretos y omisión de perseguir delitos- para apartarlo de la instrucción de la querella contra los gemelos. Alega falta de imparcialidad del magistrado por mantener una “amistad íntima” con los hermanos De Prado con quienes sostiene que compartía un grupo de WhatsApp y que lo invitaban a la galería de tiro de comisaría.

El juez, que sostiene que fue en tres ocasiones a esa galería aunque precisa que lo hizo en el contexto de una relación institucional, no ve base para la recusación. La Fiscalía lo secunda. Mientras se sucede el fuego cruzado de acusaciones, la causa del supuesto homicidio encalla en un laberinto burocrático y en enigmáticas peticiones de archivo, como el informe de Asuntos Internos que apareció incorporado a los autos, si firmar y sin haber sido solicitado, reclamando el archivo de esta causa y que se considerase suicidio la muerte del agente; una tesis que comparte la Fiscalía.

Considerando las anomalías del documento, la juez pidió que no se tuviese en cuenta. No obstante, al levantarse el secreto del sumario el abogado de los gemelos, Neil González, se aferró a él y el fiscal se adhirió en el recurso presentado ante la Audiencia que ordenó a la juez que no lo mantuviese en los autos. La instructora lo ha dejado, aunque insistiendo en su irrelevancia por las características mencionadas.

No es el único documento extraño que enturbia el caso. Evidenciando la vigencia del entramado, retornaron los anónimos. El último, enviado a la familia del difunto, señala a los gemelos como responsables de su muerte y denuncia, además, supuesta corrupción de miembros de la judicatura ourensana. El defensor de los hermanos De Prado tilda de “esperpento” el escrito que el abogado de la familia del fallecido, Arturo Mosquera, entregó, no obstante, a la juez para que lo valorase al mismo tiempo que instaba públicamente al autor a que diese la cara y prestase declaración si quería que se diese veracidad a su denuncia. No hubo respuesta.

“Es una auténtica barbaridad”, sostiene Neil González, destacando que “no solo no está firmado sino que no aporta ni un solo indicio de prueba de las acusaciones que vierte sobre el estamento judicial y policial de Ourense”. “No tiene recorrido. Lo archivarán de plano”, afirma. De la misma forma que la Fiscalía, el defensor de los gemelos no descarta que el anónimo hubiese salido de las dependencias de la propia comisaría, como se sospecha que salieron —de otro bando— los que hace tres años originaron la apertura de la Operación zamburiña, la primera de las causas de corrupción policial que siguen entrelazándose en una espiral infinita.