Policías bajo sospecha

Ourense es un lugar apacible. Funcionarios y comerciantes marcan el paso de un municipio envejecido que lanza a sus jóvenes a poblar el resto del mundo mediante un perfecto sistema de propulsión a chorro. La delincuencia es escasa. La ciudad sestea en los gráficos que miden la criminalidad: es una de las de España en las que hay menos delitos. “Un chollo para los mandos policiales porque, a parte de algún trapicheo o de unos robos, no tienen gran cosa que hacer”, sentencia un investigador con años de oficio. La placidez saltó por los aires a finales de 2015 cuando un anónimo alertó a Asuntos Internos y a varios medios de comunicación de que la comisaría era un nido de corrupción: denunciaba la desaparición, ocultada, de seis armas de su búnker y la relacionaba con una supuesta mafia del grupo de estupefacientes. Aireado el caso se activó la Operación Zamburiña y Asuntos Internos acabó descabezando a la brigada de drogas. Meses después, el agente Celso Blanco aparecía muerto en su despacho de un tiro en la sien. Dejaba enviados varios mensajes de correo y WhatsApp inculpándose prácticamente de todo. De no haber sido una chapuza, su supuesto suicidio habría cerrado la espita por la que supuraba el tranquilo cuerpo policial.

El sábado 9 de abril de 2016 Celso Blanco, de 48 años, responsable de prensa y participación ciudadana en la comisaría de Ourense, instructor de tiro y entrenador policial de defensa personal, salió de la casa en la que vivía con su madre en las afueras de Ourense. “Voy a comprar algo de marisco y me paso un rato por la comisaría”, le dijo. Las cámaras recogieron su imagen accediendo en moto, poco antes de las cuatro de la tarde, al edificio policial del que ya no saldría vivo.

Esa misma noche se encontró su cuerpo en su despacho. Había muerto de un tiro en la cabeza realizado con una de las seis armas robadas del búnker. Otra estaba sobre la mesa y una tercera, en un cajón de su escritorio. La puerta del despacho, cerrada. El ordenador y su móvil mostraban la supuesta confesión. Se informó del suicidio.

Durante el funeral, sus compañeros, consternados, destacaron el carácter afable de Blanco, su cordialidad y buen talante. Bernardo de Prado, exjefe del difunto y prejubilado por problemas psicológicos, se acercó a dar el pésame a la familia. Desde el pasado día 19 está imputado, junto con su hermano gemelo Roi (ahora instructor de tiro en la academia de policía de Ávila) por el supuesto homicidio de Blanco. La juez Eva Armesto que instruye la causa por la muerte del agente cree casi al 100% que fue un homicidio e investiga a los hermanos De Prado.

La magistrada comenzó tirando del primer hilo: los mensajes del fallecido beneficiaban a Bernardo, a quien Blanco exculpaba explícitamente del robo de las armas. Además, al analizar el revolver desde el que se descerrajó el tiro mortal, se hallaron huellas que no coincidían con las del difunto. La hipótesis del suicidio se hacía también improbable a la vista del ángulo trazado por la bala, por más que el agente fuese zurdo y la trayectoria del proyectil fuese de izquierda a derecha. “Esta claro que quien lo haya hecho es peligroso y ha evitado por todos los medios que lo pillen, señala el letrado de Blanco, Arturo Mosquera.

Los De Prado son dos tipos singulares, a la vista de las descripciones de vecinos y conocidos recogidas por este diario que definen a los gemelos (idénticos) como dos hombres poco sociables, especialmente vinculados entre sí y a su familia y que pese a su edad, en la cincuentena, visten exactamente igual. Apenas salían del domicilio familiar de Toén (municipio próximo a la ciudad). Y apenas se relacionaban.

El día de su detención comparecieron ante la juez con la misma ropa, pese a que Roi había sido detenido en Ávila. Era imposible distinguirlos. Su lenguaje corporal fue, no obstante, distinto. “Uno de ellos mantuvo el rostro impasible cuando la magistrada les imputó los ocho delitos, entre ellos la sustracción de las armas y el homicidio de su compañero, mientras que el otro negaba con su cabeza, mostrando emoción”, sostiene Mosquera.

La juez los dejó en libertad bajo fianza de 60.000 euros a cada uno (pusieron sus viviendas como fianza) valorando su arraigo familiar y la imposibilidad de destrucción de pruebas y ordenó el registro de sus propiedades. Encontró sangre en el coche de Bernardo. Los gemelos, cuyo abogado ha impedido de momento la toma de muestras de ADN, atribuyeron los restos sanguíneos que ahora se están analizando al transporte de carne de una matanza de cerdo. Se declaran inocentes.

Mosquera asegura que la madre del fallecido jamás dio credibilidad al suicidio. “Vivían los dos juntos, él era su apoyo y ella insiste en que no la habría abandonado sin despedirse y, además, Celso no estaba deprimido , no tenía ninguna enfermedad , no tenía problemas económicos y había hecho planes”, señala. El abogado reconoce que pese al dolor, y a expensas de lo que destape la investigación respecto a la autoría de la muerte, la familia “siente un cierto alivio al confirmarse que no se suicidó”.

La plácida ciudad de Ourense tiene ahora abiertas dos causas judiciales en relación con la comisaría: el supuesto homicidio del agente responsable de prensa y el robo de las armas que destapó, con la Zamburiña, un dato revelador: se decomisaron 4,7 kilos de cocaína, 1,5 de hachís y 1,7 de heroína. Tres de las armas sustraídas del búnker siguen sin aparecer.