Interior blinda el anonimato de los presos que delaten a otros reclusos

Instituciones Penitenciarias distribuyó este miércoles a todas las cárceles una orden interna con instrucciones para preservar el anonimato de aquellos presos que colaboraron con los funcionarios de prisiones en la investigación de los delitos que se cometen dentro de las cárceles. En la orden, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se indica que, a partir de ahora, los informes que se elaboren con información que puede acabar en un juzgado no deben incluir bajo ningún concepto el nombre, apellidos o alias de los internos que realizan funciones de confidentes, sino únicamente su Número de Identificación Sistemático (NIS, compuesto de diez cifras y que se asigna a cada recluso al entrar por primera vez en la cárcel).

La decisión se produce tras la desarticulación en los últimos meses de dos redes de radicalización yihadista dentro de las prisiones gracias a la información conseguida por funcionarios de prisiones entre los internos y tras conocerse que el gobierno ha planteado en su nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado la necesidad de regular la figura del confidente en las investigaciones policiales.

La orden justifica la medida a que "en ocasiones los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado llevan a cabo diferentes investigaciones basadas o complementadas con información recogida en informes elaborados por los establecimientos penitenciarios" y que estos últimos pueden acabar "incorporados a algún procedimiento judicial y, por tanto, ser accesibles a los abogados defensores de los encausados". El documento señala que esta circunstancia puede "comprometer gravemente la seguridad e integridad física de aquellos internos que pudieran haber colaborado o facilitado información sensible a los profesionales penitenciarios" si su nombre aparece recogido en estos documentos, por lo que "considera necesario preservar la identidad de estos colaboradores" blindando su anonimato.

Por todo ello, el texto -que firma el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Javier Nistal- ordena que partir del pasado miércoles "se impartan instrucciones oportunas para que en aquellos informes o partes en los que se haga referencia a cualquier información facilitada por algún interno se identifique a este exclusivamente por el NIS" y se omita cualquier "otro tipo de dato identificativo, como nombres o alias". Fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguran que hasta ahora los funcionarios que elaboraban estos informes ya preservaban el anonimato de los reclusos que colaboraban utilizando la expresión "fuentes confidenciales", aunque admiten que "en algún caso puntual" se pudo haber incluido datos identificativos.

Estas mismas fuentes añaden que con la orden lo que se pretende es fijar definitivamente cómo se debe recoger el origen de la información sin poner el riesgo al confidente que la ha facilitado. El uso del NIS del interno es un sistema similar al que se utiliza, por ejemplo, para identificar a los funcionarios de prisiones, policías o inspectores de Hacienda que elaboran documentos para un juzgado y que firman con sus números profesionales.

La instrucción se ha hecho llegar a las cárceles semanas después de que el Gobierno hiciera pública la nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado en la que, entre otros objetivos, se fija el de regular legalmente por primera vez la labor de los confidentes, una figura considerada “esencial” por los investigadores pero que hasta ahora se mantenía en un limbo jurídico que dificultaba su protección y la de los agentes que trataban con ella.

También coincide con dos operaciones policiales realizadas recientemente por Policía y Guardia Civil gracias a la información aportada por funcionarios de prisiones que han permitido desarticular sendas redes dentro de las cárceles que se dedicaban a radicalizar presos comunes musulmanes. En octubre de 2018, la Operación Escribano permitía desmantelar una formada por 26 presos islamistas —entre ellos Jamal Zougam y Hassan El Haski, dos de los condenados por el 11-M— repartidos en 17 cárceles y que se comunicaban a través de cartas. En febrero, caía otro grupo, este asentado en la prisión de la localidad madrileña de Valdemoro, cuyo presunto cabecilla, Suleimán E. M., ofrecía hasta un millón de euros a los reclusos que se comprometieran a cometer atentados suicidas cuando salieran de prisión.