Cárcel para el funcionario que introducía material yihadista en prisión

Miguel S. M., el funcionario de prisiones que supuestamente introducía a cambio de dinero teléfonos móviles y dispositivos de memoria con propaganda del Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés) en la cárcel de Valdemoro para reclusos musulmanes que se habían radicalizado, pasó este miércoles al otro lado de las rejas. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ordenó este miércoles su ingreso en prisión incondicional acusado de los delitos de colaboración con organización terrorista y cohecho tras tomarle declaración junto a las otras siete personas detenidas el pasado lunes en la llamada Operación Kafig de la Policía Nacional. El trabajador penitenciario ha sido enviado a la cárcel de Estremera, donde existe un módulo para reclusos que formaban parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Además del funcionario de prisiones, el magistrado decretó prisión incondicional por terrorismo para otras cuatro personas, todas ellas de nacionalidad marroquí. Tres ya estaban cumpliendo penas de cárcel por delitos de tráfico de drogas. Los otros tres detenidos han quedado en libertad con medidas cautelares por esta causa, aunque dos de ellos seguirán en prisión, donde estaban ingresados por delitos de delincuencia común anteriores, según detallan fuentes jurídicas.

Los tres que han quedado en libertad con medidas cautelares por esta causa son Mohamed E. K., recluido en la cárcel de Mansilla de las Mulas (León) y al que la célula yihadista utilizaba para dar palizas a los que no aceptaban las propuestas para cometer atentados; un recluso de Valdemoro y Fátima L., una mujer de Alcorcón. Estos dos últimos ejercían de enlace entre la cabecilla del grupo, identificado como Suleimán E. M., preso en Valdemoro, y el funcionario de prisiones.

Según fuentes policiales, a Suleimán se le intervinieron el pasado lunes durante el registro de su celda más de 20 vídeos yihadistas que supuestamente le había entregado el funcionario a través de dispositivos de memoria. Iban camuflados entre vídeos pornográficos, también prohibidos dentro de prisión. El cabecilla de la célula supuestamente obligaba a presos musulmanes a cumplir con los preceptos del islam más rigorista y a visionar los vídeos radicales. Posteriormente, elegía a presos concretos y les proponía cometer atentados en cuanto salieran de prisión.

Para convencerlos, les ofrecían entre medio millón y un millón de euros para sus familias, la misma cifra que el ISIS entrega a los allegados de sus terroristas. Los fondos provenían del narcotráfico internacional, según estas mismas fuentes. Si alguno de los que aceptaba se echaba después atrás, le sometían a palizas y le amenazaban de muerte. La investigación -realizada de manera conjunta por la Brigada Provincial de Información de la Policía y los Grupos de Control de de Instituciones Penitenciarias bajo la dirección del juez De la Mata- sigue abierta para identificar a otros reclusos que hubieran podido aceptar el ofrecimiento de atentar.