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Dos testigos se contradicen sobre quién encargó los carteles del 1-O

Un intermediario contactado para imprimir los folletos afirma que le aseguraron que pagaría la Generalitat

Rosa María Sans, responsable de recursos humanos de la imprenta Artyplan, durante su declaración en el Supremo. EFE

La sesión de este martes del juicio del procés fue una muestra más —no la primera, pero quizá la más evidente hasta ahora— de las dificultades que están encontrando las acusaciones para probar el delito de malversación. El tribunal escuchó el testimonio de tres testigos relacionados con la confección de los carteles que animaban a votar en la consulta independentista del 1-O y de sus versiones salieron pocas certezas y algunas contradicciones.

Entre las certezas, quedó claro que la impresión de los carteles los encargó Òmnium Cultural, la asociación que preside el acusado Jordi Cuixart. Así lo afirmaron Rosa María Sans, directora de recursos humanos, y Enric Mari, comercial de la empresa Artyplan, una de las tres que imprimieron los carteles. Explicaron que trabajan desde hace 15 años con esta asociación, por lo que no les extrañó el encargo.

Aunque esta vez la negociación no la llevó Òmnium, sino un intermediario: Enric Vidal, un diseñador gráfico autónomo miembro de la asociación de Cuixart y cargo de ERC en Badalona. Su versión contradijo a la de Mari, que declaró después. Mientras que el diseñador aseguró que recibió de un "tal Toni" el encargo de imprimir los carteles y que no sabía si detrás de este pedido estaba la Generalitat, el empleado de Artyplan contó que Vidal le dijo que era un trabajo que había que facturar a la Generalitat y que lo dividían entre tres imprentas para disminuir los riesgos en caso de intervención de la Guardia Civil.

La Fiscalía sospecha que "el tal Toni" —que encargó, por teléfono, trabajos relacionados con el referéndum a al menos dos personas— es Antoni Molons, que era responsable de Difusión de la Generalitat. Está citado como testigo este jueves, aunque está investigado en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona y puede acogerse a su derecho a no declarar.

Artyplan presupuestó el trabajo en 17.250 euros e imprimió los carteles, pero la Guardia Civil los intervino y la empresa no llegó a facturar ni a cobrar. El diseñador gráfico asegura que tampoco cobró. "Después de ver el panorama que había uno no se esfuerza para lo que podría cobrar", dijo.

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