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Las defensas del ‘caso Brugal’ piden la anulación de las escuchas telefónicas en el primer juicio

Arranca la vista sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela, germen de una investigación provincial sobre corrupción

El empresario Ángel Fenoll, este martes, en la llegada a la Audiencia Provincial de Alicante.rn elche.5.2019.
El empresario Ángel Fenoll, este martes, en la llegada a la Audiencia Provincial de Alicante. elche.5.2019.

Tal como se preveía, los abogados de la mayor parte de los encausados en el primer juicio del caso Brugal, el del presunto amaño de la contrata de basuras de Orihuela (Alicante), han solicitado la nulidad de las escuchas telefónicas realizadas por la Policía con la autorización judicial. La vista, a la que han asistido los 34 acusados y los 25 abogados que les representan, ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Elche con el trámite de las cuestiones previas. Está previsto que esta fase del procedimiento se prolongue hasta el próximo jueves 7 de marzo, dado el elevado número de enjuiciados. 

La anulación de estos pinchazos telefónicos, realizados durante una investigación que arrancó hace 13 años y que dio lugar a una veintena de piezas separadas sobre una extensa trama de corrupción política y empresarial que se extiende por toda la provincia de Alicante, es la principal baza de los abogados. Los procesados que se enfrentan a un rosario de acusaciones como autores, cooperadores o cómplices de delitos de prevaricación, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios o tráfico de influencias, entre otros delitos, como revelación de secretos y de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, extorsión o intento de coacciones. El tiempo que ha transcurrido desde la presunta comisión de estos delitos podría llevar a que alguno de ellos haya prescrito.

Los principales encausados son el empresario Ángel Fenoll, y los exalcaldes de Orihuela José Manuel Medina y Mónica Lorente, ambos del Partido Popular. Para Fenoll, que fue quien destapó el caso en 2006 al grabar y entregar a la justicia una conversación que desvelaba la adjudicación ilícita de la gestión de residuos a un empresario rival, la Fiscalía pide un total de 37 años y 8 meses por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral

En opinión del fiscal, Fenoll activó el caso tras sospechar que iba a perder la contrata de basuras. En ese momento, habría urdido junto a su entorno una presunta trama de extorsión a cargos públicos, a los que amenazaba con la revelación de grabaciones para “doblegar su voluntad”. Finalmente, siempre según la consideración de la Fiscalía, el magnate oriolano habría untado con sobornos a políticos para amarrar la gestión de residuos del municipio alicantino e, incluso, financiado al PP o al Partido Socialdemócrata “fuera de los cauces legales”.

Por su parte, Medina, que fue quien presuntamente revocó la inicial concesión de la contrata a otro empresario para que recayera en Fenoll, se enfrenta a 12 años de prisión por prevaricación, fraude y cohecho, mientras que su sucesora en la Alcaldía oriolana, Lorente, encara ocho años por fraude. Junto a ellos, también se sentarán en el banquillo siete exconcejales de la corporación municipal.

La anulación de estas escuchas, en el caso de que se produjera, no afectaría, en principio, al resto de piezas separadas de la Operación Brugal, como las presuntas irregularidades en la adjudicación del plan zonal de la comarca de la Vega Baja o el amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante. En estas causas, están implicados también el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, dos exalcaldes alicantinos, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz.

Según han explicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tras las cuestiones previas de las defensas llegará la contestación del fiscal, prevista para el 13 y 14 de marzo. A continuación será el turno de la acusación particular, el Ayuntamiento de Orihuela, que intervendrá los días 20 y 21 de este mes. Por último, las declaraciones de los acusados comenzarán el día 7 de mayo, según las mismas fuentes.

El juicio que ha comenzado hoy fue aplazado el pasado 19 de febrero, después de que los abogados renunciaran a los escritos de las dos acusaciones y las defensas. También en esa fecha, se incorporó el nuevo abogado de Fenoll, Mariano Bo, con el beneplácito de la Audiencia, tras la renuncia del anterior letrado por una grave enfermedad.

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