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Quince abogados piden anular los ‘pinchazos’ telefónicos a los cabecillas de Brugal

La Fiscalía se opone y atribuye tres años de escuchas a la “voraz actividad delictiva” de los investigados

El empresario Ángel Fenoll (izquierda) conversa con José Vicente Gregory cerca de la Audiencia de la Alicante este viernes.
El empresario Ángel Fenoll (izquierda) conversa con José Vicente Gregory cerca de la Audiencia de la Alicante este viernes. EFE

La sección segunda de la Audiencia de Alicante tiene en sus manos el futuro del caso Brugal, la operación policial que permitió destapar, entre 2007 y 2010, varias tramas de corrupción política y empresarial vinculadas, en su mayoría, a cargos públicos del Partido Popular. Este tribunal juzga desde este viernes una de las 18 piezas en que se desgajó ese sumario: la del supuesto alzamiento de bienes perpetrado en el grupo empresarial Autisa. Hasta 15 abogados han reclamado hoy la nulidad de las escuchas de que fueron objeto durante más de tres años tanto Rafael Gregory como Ángel Fenoll, dos de los presuntos cabecillas del entramado. La Fiscalía se ha opuesto a esa petición tras justificar la “inusual” duración de la investigación por la “voraz actividad delictiva” de los investigados.

La decisión judicial sobre este caso está pendiente y puede marcar el devenir de los demás procesos derivados de la causa matriz. Los más importantes están relacionados con la recogida y el tratamiento de residuos en Orihuela y la comarca de La Vega Baja, así como con el diseño urbanístico de la ciudad de Alicante. Esas ramas afectan, entre varias decenas de procesados, a los exalcaldes oriolanos Mónica Lorente y José Manuel Medina, los de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo y el que fuera presidente de la Diputación de esta provincia José Joaquín Ripoll, todos ellos del PP.

La resolución que adopte la sección segunda de la Audiencia alicantina no vincula a los tribunales encargados de esos procesos, pero puede sentar un precedente crucial. En esta pieza separada, la Fiscalía pide provisionalmente para los dueños del Grupo Autisa, Rafael y José Vicente Gregory, penas de 12 años de cárcel por delitos continuados de estafa, falsedad documental, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

El Ministerio Público también acusa al empresario Ángel Fenoll y otros doce sospechosos de colaborar presuntamente con ambos hermanos en la ejecución de un plan para dejar sin patrimonio las sociedades del Grupo Autisa, dedicado al alquiler y venta de camiones, y eludir así el pago de sus deudas.

El abogado de Rafael Gregory, José Celestino Maneiro, ha reclamado hoy la nulidad de todos los ‘pinchazos’ telefónicos realizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a su cliente entre julio de 2007 y marzo de 2010, en el marco de la Operación Brugal. “No hay precedente alguno en la historia judicial española ni la del mundo occidental de un caso semejante, ni si quiera por delitos de terrorismo”, ha señalado.

A su juicio, esas escuchas telefónicas vulneran tanto el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones como los principios de “proporcionalidad y excepcionalidad” y adolecen de “una absoluta falta de control judicial”. El defensor ha reclamado igualmente la nulidad de todas las diligencias de prueba derivadas de estas conversaciones telefónicas, como los informes policiales y los registros domiciliarios.

En términos similares se ha expresado el abogado del empresario oriolano Ángel Fenoll, Miguel Bajo, para quien el secreto sumarial y las escuchas, que en el caso de su cliente se prolongó durante 48 meses, “no pueden ser interminables”. Este letrado asegura, además, que las grabaciones audiovisuales aportadas por su cliente a la Fiscalía Anticorrupción en el año 2006, punto de inicio del caso Brugal, “fueron manipuladas por la Policía”.

En cambio, el fiscal Enrique Manchón ha defendido la legalidad de los ‘pinchazos’ y de las prórrogas del secreto sumarial y ha atribuido su duración “inusual” a la “complejidad” de la propia investigación, derivada a su vez de la “voraz actividad delictiva de los investigados”. “Esas medidas se prolongaron todo el tiempo que fue necesario y se adoptaron bajo un exhaustivo control judicial”, ha dicho.

Defensas y Fiscalía han esgrimido en apoyo de sus pretensiones dos resoluciones previas contrapuestas. Así, el abogado de Gregory ha invocado el auto de 2011 por el que el entonces juez de Orihuela Carlos San Martín, responsable del caso Brugal, anuló los autos que amparaban varias de esas intervenciones telefónicas. Esa nulidad fue revocada meses después, por extemporánea, por la propia Audiencia Provincial. Por su parte, el fiscal ha recordado que otro tribunal de la Audiencia alicantina, su sección décima, ya validó en 2015 esas escuchas en otra pieza separada.