Fenoll enterró un millón de toneladas de basura sin tratar en Orihuela

Sobre un millón de toneladas de basura fueron enterradas ilegalmente en varias parcelas de suelo rústico de Orihuela (Alicante). Es el cálculo que se desprende del auto de procedimiento de la juez que instruye el caso Brugal, Rosa María Villegas, quien ya está lista para abrir juicio contra siete personas, entre ellas el industrial Ángel Fenoll, y cinco empresas por presuntos delitos medioambientales y los recursos naturales. Distintos estudios apuntan a un “alto riesgo” de contaminación en los acuíferos y aguas subterráneas de la zona.

Esta es una de las múltiples piezas en las que se dividió el caso Brugal, que reveló una trama político-empresarial en varios municipios alicantinos entorno a la basura y el urbanismo.

La causa nació con un informe policial fechado en junio de 2008 tras ser intervenidas varias conversaciones telefónicas en las que Fenoll coordinaba con su hijo Antonio Ángel, también imputado, los vertidos de residuos sin tratar, y “sin ningún tipo de selección previa”, en terreno rústico. “Y así se vino haciendo durante un periodo de tiempo indeterminado que se extendió hasta el año 2009”, cree la juez en su auto.

El modo de operar de la presunta trama habría consistido en el desvío de basuras que deberían haber sido tratadas (por lo que cobraba) en la planta de la empresa de Proambiente que la familia Fenoll tiene ubicada en suelo de Abanilla (Murcia) y La Murada (una pedanía de Orihuela), poblaciones que apenas suman los 9.000 habitantes.

Al igual que Fenoll, ya condenado a 35 años por fraude fiscal, tres familiares suyos están imputados. Su planta de tratamiento está actualmente señalada por la Unión Europea como uno de los vertederos que España debe cerrar para cumplir con la normativa comunitaria.

Las basuras habrían sido desviadas a fincas de las empresas Agrícola de Orihuela y Virgen del Camino. Su titular, Francisco Poveda Poveda, incluso llegó a plantar cítricos en una de ellas para disimular los enterramientos, una acción que recuerda a casos denunciados en la novela Gomorra (Roberto Saviano) y que escenificaban los enterramientos cometidos por la mafia en el sur de Italia.

José Vera López, administrador de Transformaciones Vera, habría sido quien provino a la trama de la maquinaria necesaria para excavar los hoyos de vertido. Vera y Poveda están también imputados, al igual que el exconcejal del Partido Popular en Albatera (Alicante), Francisco Javier Bru.

Villegas considera que puede existir un “evidente” riesgo de las aguas subterráneas de la zona. Dos informes periciales del Instituto de Medicina Legal de Valencia y del Instituto de Toxicología de Barcelona constatan que la concentración de metales pesados en el terreno excede en 20 veces las mediciones estándares. Las catas se realizaron en dos fincas de unas 16 hectáreas en las que se encontraron dos enterramientos, uno con 283.500 toneladas y otro con 104.400.

En otra parcela, cercana al vertedero de Proambiente y en la que apareció un río de lixiviados (aguas negras provenientes de la descomposición de los residuos sólidos), la empresa Apllus Norcontrol constató que el líquido no provenía de la planta de Proambiente, sino de seis parcelas situadas en las cercanías. Se calcula que la basura en estas fosas asciende a más de 520.000 metros cúbicos, unas 572.093 toneladas.

La juez se ha basado en las investigaciones policiales, así como las distintas intervenciones del Seprona y la policía local. Los agentes, en alguna ocasión, incluso interceptaron a varios de los imputados conduciendo los camiones a las fincas.

Las medidas del enterramiento son gigantescas. La comarca de La Vega Baja, de la que Orihuela es capital y en la que habitan medio millón de personas, produce unas 250.000 toneladas de basura al año.