España amaga con denunciar a Reino Unido por Gibraltar

España alza la voz por el control del territorio en Gibraltar. El Ministerio de Exteriores ha enviado una carta a las autoridades británicas en la que amenaza con emprender acciones legales por lo que considera una violación del principio de soberanía por un proyecto urbanístico acometido en Gibraltar. El Gobierno protesta por el enésimo episodio de expansión de la colonia británica a través de maniobras que implican “ganar terreno al mar de forma ilegal por tratarse de aguas de soberanía española”, explican fuentes de Exteriores.

La queja, emitida el pasado 19 de febrero, supone elevar un peldaño el malestar diplomático expresado ya en 2017. Entonces, las autoridades del Peñón idearon un proyecto que contempla 665 viviendas de protección oficial repartidas en seis torres de hasta 33 pisos. Exteriores alude ahora a “nuevas informaciones” que inducen a pensar que el proyecto sigue en pie. En esas circunstancias, el Gobierno “insta a que se detengan estas operaciones”. Si la exigencia no prospera, “se reserva su derecho a emprender las acciones legales que estime más apropiadas para defender su posición”, explican a EL PAÍS fuentes de ese departamento. Las objeciones han sido expresadas a través de lo que se denomina una nota verbal, la comunicación diplomática de un Estado a otro para trasladar una queja.

El Ejecutivo esgrime el argumento que emplea en todas las disputas suscitadas respecto a la colonia británica: que el Tratado de Utrecht de 1713, por el que España cedió ese territorio al reino británico, solo contemplaba la ciudad, el castillo, el puerto y las fortalezas. Ni el istmo, sobre el que se ha construido el aeropuerto, ni las aguas adyacentes estaban incluidos, por lo que España niega soberanía a Reino Unido sobre esos territorios. Más allá de esa constante en todas las protestas, el ministerio alude a que esos terrenos forman parte de la zona de especial protección Estrecho Oriental, protegida según la normativa europea de lugares de interés comunitario.

Esa referencia a las normas de la UE induce a pensar que la eventual denuncia podría presentarse ante la Comisión Europea y, en última instancia, ante el Tribunal de Justicia de la UE. El Brexit, sin embargo, siembra incertidumbre sobre la viabilidad de ese procedimiento. Porque si Reino Unido abandona el club comunitario —en principio el próximo 30 de marzo, aunque la hipótesis de una prórroga cobra cada vez más fuerza—, ya no se le podrán pedir cuentas ante la justicia europea, al menos no de manera automática.

Si se cierra la vía europea, España podría presentar sus quejas ante un tribunal internacional (como el de La Haya), aunque resulta improbable una escalada de ese tipo.

La magnitud del plan programado por las autoridades gibraltareñas ha impulsado a España a amagar con acciones legales en su protesta. Exteriores ya envió una primera nota verbal a Londres cuando trascendió el plan, a finales de 2017. La nota estaba fechada el 19 de octubre de ese año. Ante la falta de reacción, el Gobierno endurece el tono en la segunda comunicación.

Este nuevo choque se produce en un momento clave en la relación de España con la colonia británica. El Brexit ha forzado a Londres a aceptar por primera vez unas mínimas condiciones que equilibren la conflictiva relación entre España y la colonia. Con el divorcio británico, el Peñón también sale de la Unión Europea, lo que da a España una posición más ventajosa para exigir mejoras a cambio de mantener el vínculo con los socios europeos.

El contexto del Brexit

España ha logrado que el tratado de retirada de Reino Unido incluya un protocolo específico sobre Gibraltar y se ha garantizado el derecho de veto sobre la aplicación al Peñón de cualquier acuerdo futuro entre Bruselas y Londres. En el ámbito bilateral, ha firmado cuatro memorandos de entendimiento sobre las cuestiones más espinosas. Una de ellas es precisamente la medioambiental y el texto compromete a las dos partes a discutir sobre asuntos de alcance, “incluida la recuperación de tierras”, según precisa ese documento. Además de lo ya firmado, Madrid y Londres tienen muy encarrilado un tratado fiscal destinado a evitar las prácticas de competencia desleal por parte del Peñón a cambio de que este territorio salga de la lista española de paraísos fiscales. Pese a todo, ninguno de estos logros está garantizado en caso de Brexit abrupto.

La estrategia gibraltareña de ganar artificialmente terreno al mar enfrenta a ambas administraciones desde hace años. Los grupos ecologistas han denunciado en numerosas ocasiones esa práctica, denominada relleno, por la que España también ha presentado denuncias ante la Comisión Europea por presunta comisión de delitos medioambientales.