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Reino Unido intenta sabotear el acuerdo sobre visados tras el Brexit por la calificación de colonia de Gibraltar

Los parlamentarios británicos protestan por la calificación del Peñón como "colonia de la corona británica" que tanto el Consejo como la Comisión secundan

Peatones cruzando el aeropuerto de Gibraltar, en noviembre de 2018. En vídeo, varios gibraltareños opinan sobre el estatus de Gibraltar.Vídeo: JON NAZCA (REUTERS) / REUTERS-QUALITY

El acuerdo tácito de la UE y Reino Unido para concederse mutuamente la exención de visados tras el Brexit (programado para el próximo 29 de marzo) está a punto de saltar por los aires. El reglamento comunitario que desarrolla esa exención para los ciudadanos británicos a partir de la fecha del divorcio entre Bruselas y Londres debe aprobarse por las tres instituciones comunitarias (Parlamento, Consejo y Comisión), pero ha encallado este jueves en la Eurocámara por el tratamiento de "colonia" que se concede al territorio de Gibraltar en el texto. 

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Los parlamentarios británicos, que están liderando del lado del Parlamento las conversaciones a tres bandas conocidas como triálogo, han maniobrado para frenar la tramitación de ese reglamento (que en teoría debe aprobarse en el pleno de marzo), despechados por la nota a pie de página del borrador que califica al Peñón como "colonia de la corona británica". El Consejo de la UE y la Comisión sí secundan esa definición, defendida por España, y en el Parlamento ya no hay consenso por el enfado de estos diputados británicos.

A falta de acuerdo con la Eurocámara, el reglamento no puede concluir su tramitación porque es necesario el consenso de las tres instituciones, lo que expone a millones de ciudadanos británicos y europeos a la posibilidad de tener que solicitar un visado cada vez que crucen el canal de la Mancha en una u otra dirección. El impacto para la industria turística española, que tiene en Reino Unido su fuente más importante de visitantes, podría resultar considerable. Aun así, el Gobierno español se mantiene firme en su exigencia de que Gibraltar, tras el Brexit, pase a ser considerado por la UE como un territorio en disputa que, según la ONU, estaría en proceso de descolonización.

Fuentes españolas culpan "al filibusterismo de algunos parlamentarios británicos" de obstaculizar la tramitación de un reglamento que podría haber concluido sin mayores problemas. Las mismas fuentes apuntan la paradoja de que el ponente parlamentario sea un eurodiputado británico, el laborista Claude Moraes, cuando se trata de un texto legal que entrará en vigor cuando Reino Unido ya no sea miembro de la UE.

Fuentes diplomáticas aseguran que el mantenimiento del statu quo actual de Gibraltar es imposible, porque ha dado al Peñón la posibilidad de explotar todas las ventajas del mercado interior europeo sin cumplir casi ninguna de las obligaciones. "Desde el ingreso de Reino Unido en la UE [en 1973], Gibraltar ha pasado de necesitar ayuda al desarrollo a convertirse en el tercer lugar del mundo con más renta per cápita", apuntan esas fuentes.

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Desenlace

Si el conflicto no se resuelve, los ciudadanos británicos necesitarían un visado para entrar en la UE y Londres, con toda probabilidad, impondría la misma exigencia a los europeos que deseasen visitar Reino Unido. Fuentes diplomáticas ven inconcebible que se produzca un desenlace tan pernicioso para ambas partes. Pero la disputa sigue viva y la experiencia muestra que en el caso del Brexit los desenlaces más incongruentes pueden llegar a producirse.

Fuentes europeas apuntan, sin embargo, a que el descarrilamiento del reglamento sobre visados no bloquearía la consumación del Brexit, prevista para el próximo 29 de marzo. Y si la salida se produce en base al acuerdo logrado el pasado 25 de noviembre entre Theresa May y Bruselas, como esperan ambas partes, la decisión de los visados no sería necesaria a corto plazo.

El acuerdo de salida, rechazado hasta ahora por el Parlamento británico, mantendría la libre circulación durante un período transitorio de 21 meses, hasta el 1 de enero de 2021. Y contempla un período transitorio de uno o dos años que podría retrasar hasta 2023 la necesidad de adoptar una decisión sobre los visados.

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