La Junta asumirá los 700.000 euros del operativo de rescate de Julen

Grúas, camiones, excavadoras, perforadoras, personal técnico y de emergencias... Durante los 13 días que duró el operativo de rescate de Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo en Totalán (Málaga) el pasado 13 de enero, se utilizaron numerosos recursos para llegar hasta el lugar donde se encontraba el menor. Un esfuerzo que se ha valorado ahora en 687.000 euros. Es la primera cifra oficial que se conoce y ha sido facilitada esta mañana por Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del gobierno andaluz. Será precisamente la Junta de Andalucía la que asuma el gasto de manera íntegra, después de que las empresas hayan pasado facturas “con un coste menor del real e incluso omitiendo algunos gastos”, según fuentes de la Junta.

Bendodo ha apuntado también que el Gobierno de España “ha manifestado que no puede pagarlo o que no tiene competencia” para ello. Sin embargo, fue la propia administración autonómica, como máxima responsable de las emergencias en Andalucía –cuya competencia corresponde a la comunidad-, la que regularizó los trabajos de rescate del pequeño apenas unos días después de que comenzaran. El documento, firmado por la entonces consejera de Justicia, Rosa Aguilar, servía para establecer el marco legal al operativo y, también, “determinar administrativamente el coste económico de la obra y a quién hay que pagar cada parte”, según explicaron entonces desde la Junta de Andalucía, quienes también subrayaron que algunas de las empresas y personas implicadas en la búsqueda del menor lo hicieron de manera altruista. Para suavizar sus palabras, Bendodo ha aclarado después que no pretende “hacer una problemática” del pago de los trabajos.

En el desglose de gastos se valora en algo más de 32.000 euros las operaciones iniciales de inspección y succión de los materiales que taponaban el pozo, en 11.000 euros los trabajos previos para la perforación horizontal que finalmente se descartó y en casi 179.000 euros las labores para la realización de la prospección vertical, entre las que se incluyen operadores, herramientas, máquinas, combustible o la unidad de transporte especial. A todo ello se deben sumar los 260.000 euros en los que se valoran los movimientos de tierra y las operaciones accesorias (desde los grupos electrónicos a la grúa móvil, tuberías, bulldozer y otra maquinaria) y, finalmente, 10.000 euros de asistencia técnica complementaria y 95.000 más correspondientes al capítulo "otros", además del IVA correspondiente.

"La mejor maquinaria del mercado"

Fue Ángel García Vidal, el ingeniero que asumió el liderazgo de la parte técnica del rescate, quien llegó a denominarlo como “una gran obra de ingeniería civil”. Y la persona que explicó que en, en condiciones normales, unos trabajos del calibre del que se llevaron a cabo en Totalán hubieran tardado “meses” en ser realizados. “Hasta dos años si contamos los plazos administrativos”, aseguraba. El equipo de especialistas pudo contar con “la mejor maquinaria del mercado”, según sus palabras, alguna llegada desde municipios cercanos de Málaga y otra incluso desde Madrid, donde una perforadora dejó su trabajo en la M-40 para dirigirse de manera urgente hasta el Cerro de la Corona.

Fue precisamente la máquina que se encargó de excavar el pozo paralelo por el que los miembros de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias descendieron hasta llegar al lugar donde se encontraba Julen. Operarios, tubos para el encamisado de las dos perforaciones, materiales de seguridad y otros muchos aspectos han sido también valorados en el informe de la Junta de Andalucía.

Queda también por ver si durante el proceso judicial abierto para esclarecer las circunstancias de la muerte de menor la jueza pedirá algún tipo de responsabilidad a los implicados sobre estos gastos. Para adelantarse a esa decisión, el equipo de abogados que asesoran al dueño de la finca donde está el pozo por el que cayó Julen, David Serrano, anunciaron hace unas semanas la elaboración de un informe para analizar “tanto técnicamente como desde el punto de vista económico” la operativa de salvamento, según explicó entonces el arquitecto Jesús Flores. Él es el encargado de un trabajo que la firma de letrados realiza en previsión de que durante la causa se pueda pedir a Serrano que cubra los gastos de dichos trabajos y cuyo objetivo es conocer si todas las decisiones tomadas durante el rescate fueron las más adecuadas.

En total, fueron más de 300 personas las que participaron las tareas de rescate. Además, de los mineros, participó un amplio dispositivo de bomberos del Consorcio Provincial, agentes de la Guardia Civil, personal de los colegios de ingenieros de Caminos y de Minas, geólogos, maquinistas o topógrafos. Así como técnicos de los Servicios de Carreteras y Obras tanto de la Diputación de Málaga como de la Junta de Andalucía, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y el 112, el servicio de Emergencias Sanitarias 061, psicólogos y técnicos de Protección Civil.