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Juicio a la ‘zona cero’ del caso Brugal

El inicio del juicio a una la supuesta trama de corrupción en torno a las basuras de Orihuela está previsto para mañana

Exterior de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, donde se celebrará la vista del caso Brugal.
Exterior de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, donde se celebrará la vista del caso Brugal. Europa Press

Un último cambio en la defensa de principal encausado, el empresario Ángel Fenoll, ha motivado que se retrase un día más el juicio por una supuesta trama de corrupción en torno a la contrata de basuras de Orihuela (Alicante). Pero tan solo supondrá sumar otra hoja al calendario de una investigación que comenzó hace trece años y que sacó a flote una montaña de corrupción en el PP de la provincia, derivada en una veintena de piezas separadas y con decenas de acusados, entre ellos el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, varios exalcaldes de Orihuela y Alicante y dos empresarios que funcionan como aglutinadores y elementos de cohesión, Fenoll y Enrique Ortiz.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial, ubicada en Elche, acogerá previsiblemente la vista oral a partir de mañana, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), si todo sigue el curso previsto. A lo largo de 94 días, repartidos en diez meses, se juzgará el posible amaño de la contrata de recogida y tratamiento de basuras de Orihuela, con 34 encausados, entre ellos dos que pasaron por la Alcaldía de la capital de la comarca alicantina de la Vega Baja. El primero es José Manuel Medina, para quien la Fiscalía pide doce años de prisión por prevaricación, fraude y cohecho. La segunda, Mónica Lorente, que se enfrenta a la petición de ocho años de cárcel por fraude. También se sentarán en el banquillo siete exconcejales de la corporación municipal.

Y junto a ellos, Fenoll, quien personifica la zona cero de toda la investigación. Este empresario, capaz de crear un imperio en torno a la gestión de residuos en toda la Vega Baja, grabó en 2006 a un edil oriolano en una conversación que desvelaba el pago de sobornos por parte de las empresas que optaban a la contrata de basuras. Posteriormente, entregó la cinta a la Fiscalía y, finalmente, conservó la contrata. Así comenzaba una investigación que, trece años después, ha afectado a casi toda la provincia y en la que, ahora, la misma Fiscalía solicita para Fenoll un total de 37 años y 8 meses por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral.

Según la calificación del fiscal, todos los procesados son autores, cooperadores o cómplices de hasta diez delitos. A su juicio, Fenoll tejió una presunta trama mafiosa que cimentaba su negocio con la amenaza de revelar grabaciones comprometidas para “doblegar su voluntad”. También sostiene que el empresario untaba a los políticos para consolidarse al frente de la contrata o para financiar “fuera de los cauces legales” al PP y al Partido Socialdemócrata.

Pero ese no fue más que el principio, el capítulo piloto de una serie de mafia y corrupción agrupado bajo el nombre genérico de caso Brugal. La Policía pinchó el teléfono de Fenoll y la bola de nieve empezó a rodar. Sucesivamente, las supuestas irregularidades de su negocio se repitieron en Calp, un municipio situado a más de 120 kilómetros de Orihuela. Y, después, su nombre se vio envuelto en la presunta adjudicación fraudulenta del plan zonal de residuos para la Vega Baja, un pelotazo de 380 millones en el que se vio salpicado el entonces presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.

En aquel momento de la investigación, por el camino de Fenoll y de los agentes policiales se cruzó otro empresario, Enrique Ortiz. Otra actuación judicial permitió a la Policía pinchar también su teléfono y de ahí surgió el caso más relevante de todos en los que se desgaja Brugal, el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital provincial, por el que están implicados tanto Ortiz como los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Todo un muestrario de supuestos delitos de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias salpimentado con regalos, recalificaciones de terrenos y, en general, “actividades poco éticas”, según el juez instructor del caso, Manrique Tejada. Y que nacieron entre las basuras de Orihuela, cuya supuesta contrata fraudulenta es la que se va a juzgar a partir de mañana.

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