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La hoguera valenciana de las corrupciones del PP

Salpicadas todas las instituciones tras ser imputados dos exjefes del Consell y las Cortes y el vicealcalde de Valencia

Alberto Fabra y Francisco Camps en 2011.
Alberto Fabra y Francisco Camps en 2011.

“No hay caso de corrupción que no salpique a la Comunidad Valenciana”. La afirmación no se ajusta exactamente a la realidad, pero la idea ha calado. No sólo porque en las últimas tramas descubiertas, como las operaciones Púnica y Madeja y el caso Pujol, hayan aparecido conexiones valencianas, sino porque los diez últimos días han sido de espanto para el PP autonómico.

El partido que preside Alberto Fabra ha asistido atónito a la imputación del expresidente de la Generalitat José Luis Olivas por un presunto fraude fiscal durante su etapa de presidente de Bancaja; a la del expresidente de las Cortes Juan Cotino, por su implicación en la visita del Papa a Valencia que permitió a la trama Gürtel hacerse con unas comisiones de casi tres millones de euros; y a la del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, por concertar con el Instituto Nóos la contratación de las jornadas Valencia Summit, que engrosaron las cuentas de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres. Unos casos que alimentan la hoguera de corrupción encendida con Gürtel y avivada con Brugal, Cooperación, Emarsa, Carlos Fabra y otros escándalos.

La preocupación en el PP valenciano, que dirige Fabra, es de tal calibre que ha decidido convocar a sus alcaldes para insuflarles moral y darles argumentos con los que intentar rebatir los efectos de los casos de corrupción.

De todos los escándalos que azotan a los populares el que mayor conmoción ha provocado esta semana ha sido el de la imputación de Grau. Por dos razones: porque ha sido inesperada y porque salpica a la institución que preside Rita Barberá, “la alcaldesa de España” como la llaman en el PP, que hasta ahora presumía de dirigir un Ayuntamiento limpio de corrupción. “Nadie se lo esperaba”, admite una persona de su entorno, “ha sido un mazazo”. Un mazazo que en la opinión pública se ha convertido en indignación después de que Grau compareciese en tono altanero para decir que convocaba a los medios porque le daba “la gana” y que no pensaba dimitir ni aplicarse las líneas rojas contra la corrupción que ha marcado el presidente Fabra.

Tanta fue la altanería que el propio presidente tuvo que recriminar la actitud del vicealcalde, mientras la alcaldesa de Valencia guardaba silencio y solo salía a defenderse del auto dictado por la Audiencia de Palma de Mallorca sobre el caso Nóos, que echa en falta en la causa al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a la propia Barberá, exonerados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana cuando el juez José Castro pidió su imputación.

Sin embargo, la imputación del vicealcalde Grau ha colocado el Ayuntamiento de Valencia en el mapa de la corrupción junto a las diputaciones de Alicante, Valencia y Castellón, el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat y las Cortes Valencianas.

Hay que buscar las razones en “la pura concentración de poder”

Desde julio de 2011, el tsunami de la corrupción ha provocado la renuncia de Francisco Camps como presidente de la Generalitat; la condena por el caso de los trajes del exvicepresidente Víctor Campos; la imputación de su homólogo Vicente Rambla; el procesamiento de la expresidenta de las Cortes Milagrosa Martínez y la imputación de su sucesor Juan Cotino; la condena del exconsejero y exportavoz parlamentario Rafael Blasco, y la imputación de cinco exconsejeros y de la cúpula regional del PP con Ricardo Costa a la cabeza; la condena del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, por delito fiscal; el procesamiento del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la imputación de la actual alcaldesa, Sonia Castedo. También están encausados el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll; exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo y las cúpulas de Bancaja, el Banco de Valencia, la CAM y el Puerto de Valencia.

Un escenario que, pese a los esfuerzos de Fabra, sigue generando situaciones de pesadilla para el PP, que hace un par de semanas intentó sin éxito que la alcaldesa de Alicante, imputada en dos sumarios, no se fotografiase junto al Rey en un acto con empresarios en Alicante.

Con todo, la Comunidad Valenciana no es la que suma más casos de corrupción política. Según datos de 2013 del Consejo General del Poder Judicial, Andalucía tenía el doble (656) que Valencia (250). Las últimas operaciones policiales hacen que otras autonomías como Madrid, Cataluña, Galicia y Baleares igualen e incluso superen el número de políticos valencianos imputados.

Para el catedrático de Derecho Penal y experto en delitos económicos José Luis González Cussac, el elevado número de altos cargos valencianos implicados se explica porque en la Comunidad Valenciana los procesos judiciales arrancaron antes. ¿Pero por qué la corrupción ha salpicado a las cúpulas de todas instituciones gobernadas por el PP? Para González Cussac, las razones hay que buscarlas en “la pura concentración de poder” que se ha producido. “Las vinculaciones están formadas por un cuadrilátero en el que suelen aparecer los mismos actores, dirigentes políticos, poder institucional, empresas contratistas y empresas de comunicación”.

Para un miembro de la dirección regional del PP, “la burbuja inmobiliaria facilitó el fenómeno de la corrupción y la lentitud de la justicia provocó un sentimiento de impunidad”. Otro cargo popular admite que la enorme concentración de poder y las casi dos décadas de gobierno con mayorías absolutas extendieron, casi por capilaridad, los casos de corrupción. Para uno de los exdirigentes del PSPV que impulsó la presentación de querellas por corrupción contra el PP, el fenómeno hubiese sido imposible sin la complicidad de una ciudadanía que votó reiteradamente a cargos implicados en escándalos.