Enrique Ortiz habría ganado más de 42 millones de euros con el amaño del Plan General de Alicante

Un total de 42.100.911 euros. Es el beneficio que, según el ayuntamiento de Alicante, se habría embolsado el promotor inmobiliario Enrique Ortiz con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que los exalcaldes alicantinos del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo diseñaron supuestamente a su medida. El constructor, procesado junto a ambos políticos y otras siete personas en esta rama judicial del caso Brugal, no logró esas plusvalías millonarias porque el nuevo alcalde, el también popular Miguel Valor, desistió de la tramitación del plan ante la Generalitat en febrero de 2015, tres meses después de que su antecesora dimitiera al verse acorralada por este caso de presunta corrupción.

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En su informe, presentado ante el juzgado de Instrucción 5 de Alicante, la jefa del servicio municipal de Gestión Urbanística analiza el valor de mercado de 31 parcelas catastrales propiedad de Ortiz en cinco sectores urbanísticos: Lomas del Garbinet, Fondo de Piqueres, Saladar, Fontcalent y La Condomina. Un suelo que pasó de no urbanizable, según el PGOU vigente, de 1987, a generar aprovechamientos urbanísticos después de su recalificación o su adscripción a unidades destinadas a parques naturales.

Esas 31 parcelas tenían un valor en el mercado de 8.407.677 euros, según el precio medio del metro cuadrado de cultivo en el mercado. A principios de 2011, su nueva catalogación derivada de la revisión del plan general aprobada por el consistorio, disparó el valor total del suelo a 50.508.589 euros, una vez descontados los costes del propietario para convertir los terrenos en solares edificables.

El informe técnico ha sido elaborado a petición del concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, y remitido el pasado mes al juzgado por el ayuntamiento, que ejerce la acusación particular en esta causa. Sus conclusiones desmienten la versión exculpatoria que siempre ha esgrimido la exalcaldesa y ex edil de Urbanismo, Sonia Castedo, según la cual Ortiz no se había visto beneficiado de ninguna manera con el nuevo PGOU. El juez Tejada atribuye a Castedo, Díaz Alperi, Ortiz y los otros siete sospechosos la comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada. El magistrado sostiene que los políticos y el empresario conformaban una "trama organizada" al servicio de este último para favorecer sus intereses en el nuevo diseño urbanístico de la ciudad.

El auto de procesamiento dictado a principios de año por el instructor está pendiente aún de ratificación en la Audiencia Provincial de Alicante, por lo que el juicio no se celebrará, al menos, hasta el año próximo. Según el magistrado, los exalcaldes percibieron supuestamente varias dádivas de Ortiz a cambio de sus favores. Hay indicios que apuntan a que el constructor, que ha confesado su contribución a la financiación ilegal del PP a través de la Gürtel, entregó sobornos en metálico a Díaz Alperi, pagó las hipotecas de sus hijos y le financió un viaje en jet privado a la isla de Creta. Por su parte, Castedo habría disfrutado presuntamente de unas vacaciones en Andorra e Ibiza y un coche.

A cambio, los políticos le facilitaron información secreta sobre el futuro planeamiento para que maniobrara y comprara terrenos que iban a ser recalificados o ejercieron su influencia sobre el arquitecto encargado del plan, el también investigado Jesús Quesada, para adecuar el documento a los intereses del empresario, según la investigación judicial.