La juez del ‘caso Brugal’ procesa por corrupción al expresidente del PP de Alicante

El expresidente del PP provincial y de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll y los empresarios Enrique Ortiz —imputado también en el caso Gürtel— y Ángel Fenoll están más cerca del banquillo. La magistrada de Orihuela que instruye el denominado caso Brugal ha decidido procesar a Ripoll, Ortiz y Fenoll como supuestos autores de seis delitos relacionados con la corrupción por amañar el plan de basuras de la comarca de La Vega Baja.

Tras la investigación, que se ha prolongado durante ocho años, la juez ha decidido procesar también a la exalcaldesa de Orihuela del PP Mónica Lorente, al exportavoz socialista en la Diputación de Alicante Antonio Amorós y a otras 10 personas más entre empresarios, políticos y técnicos de la Administración. A todos ellos la juez los considera autores de los delitos de prevaricación, cohecho, fraude a la Administración, actividades prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias, revelación y recibimiento de secretos o información privilegiada de la Administración.

La instructora da un plazo de 20 días al fiscal y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral con sus respectivas calificaciones o el sobreseimiento de la causa.

Para la magistrada, las investigaciones han permitido acreditar los indicios de "una trama organizada en torno a los empresarios Ángel Fenoll, su hijo Antonio Fenoll, Enrique Ortiz, Manuel Garriga y Rafael Gregory" para obtener información de responsables de la Diputación de Alicante, que presidía José Joaquín Ripoll, y de los ayuntamientos de Orihuela y Pilar de la Horadada a cambio de dádivas.

Según el auto de la juez, Ripoll se prestó a servir los intereses de los empresarios "a cambio de contraprestaciones". El primer objetivo de la trama, que implica a exdirigentes del PP, fue lograr la adjudicación del plan de residuos de la comarca de La Vega Baja. La investigación apunta que una vez que Fenoll y su hijo supieron, antes de hacerse pública, que la adjudicación sería para la oferta presentada por los empresarios Enrique Ortiz y Manuel Garriga, intentaron venderles a los ganadores los terrenos que habían comprado en 2007 para presentarse a la adjudicación del plan de basuras por un precio muy superior al abonado en su día.

Todo ello "con el beneplácito y teniendo en todo momento conocimiento de las gestiones realizadas" el entonces presidente del PP provincial José Joaquín Ripoll y la entonces alcaldesa de Orihuela Mónica Lorente.